| Asunto: | [BoletinAndaluciaLibre] nē 139 - Andalucía - Brasil - Venezuela | | Fecha: | Domingo, 13 de Octubre, 2002 02:23:04 (+0200) | | Autor: | Andalucia Libre <andalucialibre @.......es>
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nē
139
En este
correo:
*Andalucia, Presupuestos andaluces para 2003
superarán 20.000 millones de
euros
*La
Junta estudia si existe
margen en Ley de Estabilidad para
no aplicar déficit
cero
*La Junta se
compromete a invertir 180
millones más en economía
social - Enlaces
*El debate
de reprobación del
Consejero Ortega
(PA)
*Opinión, Quien a hierro mata...
Andalucía
Libre
*Gobierno español
da marcha atrás y
modifica los puntos más
polémicos del
'decretazo'
*Opinión,
Gobierno español rectifica 7/8 del
Decretazo, Favor
de Euskadi, Andalucía
Libre
*Ducha de
agua fría para el campo
andaluz
*UGT-CCOO
convocarán manifestación en
Sevilla y una huelga general
en el mundo rural
andaluz
*Protestas:
Jornaleros del SOC invaden el
aeropuerto de Sevilla - Video de la ocupación
*Patronal terrateniente
acusa al Gobierno de
situarles 'al borde de la desobediencia civil'
*Opinión,
Andalucía y el subsidio
agrario, Andalucía Libre
- Enlaces
* La Transición
española en un
chiste
*Gobierno
Aznar homenajea bandera española - Andalucía Libre responde al Gobierno
español
*Brasil,
Resultados primera vuelta - Enlace a
Resultados Completos
*La izquierda de
Lula ganó en 24 de los 27 Estados de
Brasil
*Despues de la
victoria del 6 de octubre, Joao Machado
Borges
*Lula recibe
apoyos de izquierda y
derecha para segunda
vuelta de presidenciales de
Brasil
*Inversiones españolas en
Brasil
*Venezuela -
Sugerencias bolivarianas - Guia en la red
*Nota
anticensura: La ilegalización virtual de
Batasuna y cómo sortearla
*Directorio, Música,
Encuesta Abierta,
Suscripciones-Apoyo
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 AndaluciaLos presupuestos andaluces para 2003 superarán los 20.000 millones
de euros
Los presupuestos
de la comunidad autónoma andaluza para 2003 superarán los 20.000 millones de
euros, según informó tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de
Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Alvarez, que indicó que el
crecimiento estará por encima del 7%.
Alvarez aseguró
que el presupuesto para el próximo ejercicio, cuyos objetivos y prioridades
empezaron a analizarse en el Consejo de Gobierno, será "expansivo y anticíclico"
y favorecerá el desarrollo económico para avanzar en términos económicos y
sociales mientras se tiene en cuenta la actual coyuntura mundial.
Explicó en rueda
de prensa que los gastos corrientes contemplados en el presupuesto andaluz para
2003, que el Consejo de Gobierno tendrá que aprobar a final de mes para
remitirlo al Parlamento, crecerán en torno al 6%, por debajo de los gastos de
capital o inversiones y de la media del presupuesto y se incluirán todos los
compromisos del Gobierno andaluz, como el decreto sobre la sociedad del
conocimiento, el Plan Siglo XXI, la concertación social, el acuerdo con las
universidades o el plan de apoyo a la familia.
Señaló que, en
general, todo el gasto corriente va a crecer al 2% si bien se llega al entorno
del 6% por adiciones como el crecimiento en un 1,8% más en las retribuciones de
los funcionarios de la administración general o por la traslación a gasto
corriente de los acuerdos de sanidad, educación, servicios sociales, justicia y
personal laboral.
En cuanto a las
operaciones de capital o inversiones, con un crecimiento de en torno al 8,5%,
estarán por encima de los 3.500 millones de euros lo que supone, según la
consejera, un "nuevo máximo histórico" y se cumple el compromiso de investidura
del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de estar por encima del 3% del PIB.
Según apuntó, las inversiones crecen unos 3 puntos más que las operaciones
corrientes y 2 puntos más que los PGE. Para la consejera, estos primeros datos
sobre el presupuesto, cuyo objetivo "instrumental y primordial es la segunda
modernización de Andalucía", garantizan el proceso de convergencia real iniciado
hace 20 años en los ámbitos económico y social, al tiempo que se da prioridad a
los retos de la sociedad del conocimiento, a la necesidad de completar el
sistema de infraestructuras y equipamientos de la comunidad, a seguir avanzando
en el estado de bienestar, y a reforzar el apoyo a los ayuntamientos desde una
perspectiva financiera y de inversión.
Durante su
exposición, la consejera se centró en el estado de ingresos del presupuesto,
resaltando el crecimiento en un 36% de los ingresos provenientes de los tributos
que tradicionalmente ha gestionado la comunidad frente a la "precariedad" de los
ingresos procedentes del Estado, tanto por la financiación autonómica como por
transferencias de capital (Fondo de Compensación Interterritorial). Resaltó
el crecimiento "espectacular" en los ingresos por tributos gestionados por la
comunidad debido el "esfuerzo" interno que se ha llevado a cabo, frente al
aumento en un 12,6% de los procedentes de Europa y del 3,5 ó 4% de los del
Estado.
FINANCIACION AUTONOMICA Y
DEFICIT CERO
Entrando en el
apartado de los ingresos por la financiación autonómica que deben reflejar los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2003, la consejera denunció que
apenas se recoge información y que la poca que aparece es "confusa" y
"contradictoria". En relación con el fondo de suficiencia financiera, expuso que
el crecimiento es de tan sólo el 3,5%, cuando debería haber sido de en torno al
7%, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos tributarios del Estado
(IRPF, IVA e impuestos especiales) que ha estado por encima del 5,8% que ha
crecido el PIB reflejado en las cuentas estatales. En cuanto al otro gran bloque
de la financiación autonómica, la cesta de impuestos (33% IRPF, 35% de IVA, 40%
de impuestos especiales, cien por cien del impuesto de electricidad y otro cien
por cien de impuesto sobre matriculación y determinados medios de transportes),
denunció que en los PGE no hay "ningún dato autonómico" sobre la partida para
cada comunidad, lo que, a su entender, introduce "confusión, incertidumbre y
deslealtad institucional", porque el Gobierno está "obligado a lucir las cuentas
que corresponden a las cc.aa en los presupuestos" y a reflejar el acuerdo sobre
la financiación autonómica.
Manifestó, no
obstante, que ante esta "indefinición" del Gobierno central en los PGE, la Junta
sí sabe lo que le corresponde por financiación autonómica y que, por tanto, lo
va a presupuestar, confiando en que el Gobierno mande las cantidades en las
entregas a cuenta. Para Alvarez, el hecho de que el Gobierno ponga menos
cantidad por financiación autonómica puede ser el "maquillaje" que se da a los
PGE de 2003 para cumplir con el déficit cero, porque los ingresos de las
comunidades son gastos para el Estado.
A este respecto,
la consejera volvió a insistir en la necesidad de que se reúna el Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) de manera urgente para revisar el objetivo
de déficit cero que el Gobierno central ha "impuesto" con su Ley de Estabilidad
y para concretar las partidas por financiación autonómica. Alvarez criticó que
el Ejecutivo de Aznar se quiera convertir en "adalid" de ese déficit cero cuando
en Bruselas se ha establecido el 3%, con un margen temporal del 2006, un
escenario que apoya la Junta de Andalucía.
Indicó que la
Junta ha dejado en sus presupuestos abierta la posibilidad de no aplicar ese
objetivo del déficit cero, en espera de lo que se decide en el CPFF, que es el
que debe aprobar si se aplica o no, tras proponerlo la administración central.
De otro lado, la
consejera se refirió a los ingresos procedentes del Estado por el Fondo de
Compensación Interterritorial, señalando que la partida para Andalucía crece en
un 4% respecto al presente ejercicio. Apuntó que mientras el montante de la
inversión nueva que refleja el FCI ha crecido, el montante global del fondo ha
bajado en los últimos años, pasando del 50,18% de 1997 al 35% en la actualidad,
lo que supone, a su juicio, que la solidaridad interterritorial ha decrecido en
15 puntos.
La
Junta estudia si existe margen en la Ley de Estabilidad para no aplicar el
déficit cero
07/10/2002
Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía
estudian si existe margen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no
aplicar el déficit cero en los Presupuestos de la Comunidad para 2003 ante la
negativa del Gobierno de la Nación a convocar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) para "abrir un debate leal" con el conjunto de comunidades
autónomas sobre este asunto.
Así lo anunció la vicesecretaria general del PSOE-A,
María del Mar Moreno, en rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno de
la Comisión Ejecutiva Regional, en la que se mostró convencida de el Ejecutivo
de Aznar se niega a convocar el CPFF porque "entre las comunidades gobernadas
por el propio PP hay muchas voces que piden que se flexibilice el déficit
cero".
En este sentido,
Moreno explicó que el PSOE-A es partidario de "flexibilizar" el objetivo del
déficit cero en los Presupuestos de la Junta para 2003 "dentro del margen que
permita la Ley de Estabilidad", de forma que el Ejecutivo andaluz pueda
"endeudarse de manera controlada, equilibrada y bien medida" ante la
"evidencia" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo
año "no ayudan" a Andalucía.
"MARGENES LEGALES" Mientras la Junta estudia "todos
los márgenes legales" existentes dentro de la Ley de Estabilidad para evitar
la aplicación del déficit cero en sus presupuestos del próximo año, el PSOE-A
respalda la solicitud de convocatoria del CPFF para que el Gobierno abra un
"debate leal" con todas las comunidades autónomas, entre las que, en su
opinión, existe un "clamor" para poder participar en la decisión definitiva
sobre la aplicación del déficit cero.
Según Moreno, el
Gobierno realiza una "defensa integrista" del déficit cero como "coartada
perfecta" para desarrollar una "política antisocial basada en la privatización
de servicios públicos, el recorte de derechos y la subida de impuestos a los
más desfavorecidos" que se ve agravada al producirse en un "momento de
recesión económica". "Si el
déficit cero es el debate estrella en toda la UE y hasta los países ricos
deciden endeudarse, por qué es tan inapropiado que el Gobierno debata sobre
esto con las comunidades autónomas", se preguntó la dirigente socialista, que
defendió la "legitimidad" de la Junta de Andalucía para plantear la no
aplicación del déficit cero.
CRITICAS
A MONTORO. Por este motivo, María del Mar
Moreno criticó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtiera a la
Junta de que los Presupuestos de la Comunidad para 2003 serán "ilegales" si no
respetan el déficit cero, ya que indicó que estas advertencias no son
"respetuosas con una comunidad autónoma que ha venido cumpliendo durante los
últimos años" el objetivo de equilibrio presupuestario. "Andalucía ha venido contribuyendo en los últimos años decisivamente al
objetivo del déficit cero, siendo la comunidad autónoma más disciplinada",
recordó la número dos del PSOE-A, que subrayó que "por la responsabilidad
demostrada en el pasado, el Gobierno debería contar con la Junta para fijar
los objetivos presupuestarios en el futuro".
Andalucia
La Junta se
compromete a invertir 180 millones hasta 2004 en economía
social
Miércoles, 9 de octubre de 2002
La
firma de un pacto por la economía social sirvió ayer a la Junta
de Andalucía para hacer un 'reconocimiento
público' de la importancia de cooperativas y sociedades laborales en la
estructura económica andaluza. Y también para hacer visible la apuesta
financiera del Ejecutivo andaluz por el sector, con unos 180 millones de euros
presupuestados hasta 2004 para incentivar la creación de empresas y subvencionar
acciones formativas para sus empleados.
El
pacto, que firmaron el presidente de la Junta, Manuel Chaves y los
representantes de la Confederación de Entidades
Para la Economía
Social (CEPES) y de los sindicatos UGT y CCOO,
incluye incentivos concretos a la creación de empresas. Así, la Consejería de
Empleo subvencionará hasta el 50% de la inversión necesaria para poner en marcha
cooperativas y sociedades laborales. Un apoyo que aumentará hasta el 65% en el
caso de empresas formadas fundamentalmente por colectivos desfavorecidos
(mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y parados de larga duración). También
se prevén subvenciones algo menores para la modernización y ampliación de
equipos productivos en las empresas ya existentes, cuando esa inversión permita
mantener o crear empleo.
'Este pacto demuestra nuestra apuesta por un
modelo de desarrollo económico cada vez más importante en nuestra
comunidad', explicó ante los periodistas el consejero de Empleo, José
Antonio Viera. Y recurrió a las cifras para apuntalar su afirmación: la economía
social consta ya de casi 9.000 empresas, que mantienen 70.000 puestos de trabajo
directo y que incluyen entre sus socios a unos 400.000 autónomos, 'un sector
que es la cenicienta de nuestro sistema productivo'. Unos números que se
traducen en que cooperativas y sociedades laborales generan el
14% del PIB andaluz.
Viera, quien reconoció la importancia del sector en
la creación de 'empleo de calidad', indicó que el acuerdo presta
especial atención al fomento de las nuevas tecnologías, que cristalizará en la
creación de un foro en Internet y la puesta en marcha de una red y un servidor
que conecte al sector entre sí y con el portal de la innovación que impulsa la
Consejería de Empleo.
La
aplicación del pacto también supondrá la introducción de asignaturas
relacionadas con la economía social en la enseñanza secundaria y la formación
profesional. Según un comunicado de CEPES, se potenciará la Red
de Agencias de la Economía
Social y el programa de Escuela de
Empresas. Entre los proyectos que se pondrán en marcha, se
incluye la creación de un observatorio andaluz, la actualización de un censo de
cooperativas y sociedades laborales, así como la redacción de un libro blanco
del sector.
Andalucia
El debate de la reprobación de Ortega da pie a un juicio
político sobre el 'clientelismo' del PA
LOURDES LUCIO / ISABEL PEDROTE |EL
PAIS Sevilla
Ortega (PA) en un momento
del debate de su reprobación.
El debate sobre la reprobación del consejero de
Turismo, el andalucista Antonio Ortega, dio pie ayer en el Parlamento a un
juicio sobre la política clientelar que, en opinión de la oposición, practica
el Partido
Andalucista. El pleno rechazó por los pelos (54 votos contra 52) la
censura a Ortega, aunque tanto él como su partido se vieron sometidos a un
correctivo público que fue seguido por los diputados con cierto embarazo. A
diferencia de intervenciones anteriores, el consejero retiró y rectificó con
claridad estas declaraciones: 'Casi sería preferible un par de casos de
corrupción al año que una administración muerta y lenta'.
Ortega y el partido del que es secretario general y
candidato a la Junta recibieron ayer algo más que un rapapolvo. El andalucista
fue el protagonista absoluto de la sesión parlamentaria al acaparar dos
iniciativas (de IU y PP) y una pregunta al presidente de la Junta, Manuel
Chaves. Que la mayoría que apoya al Gobierno (PSOE y PA) frenara la
reprobación del consejero no impidió que se escucharan de los oradores
comentarios que en algún momento hicieron del debate una ceremonia de escarnio
colectivo. El portavoz del PA, José Calvo Poyato, llegó a decir en su turno
que lo único que le quedaba ya a Ortega era 'desnudarse, flagelarse y
ponerse de rodillas'.
Los ataques más duros vinieron de IU y del grupo
mixto. Antonio Romero -quien ha llevado la voz cantante para forzar el mea
culpa del andalucista- recordó que Ortega ha argumentado que el salto de la
cartera de Relaciones Institucionales a la de Turismo no había tenido otra
justificación que la de 'promocionarse'. Calificó de 'lamentable'
tanto sus declaraciones como la resistencia a desdecirse, que 'le han
llevado a mentir y asegurar que Chaves se había reído mucho con usted'
por la polémica. El portavoz de IU le comparó con Jesús Gil, ex alcalde de
Marbella, de quien dijo 'siempre se hacía la víctima', y afirmó:
'Si pide las competencias de urbanismo para su consejería y luego dice lo
que dice sobre la corrupción, ¿para qué quiere las
competencias?'
Romero reiteró que la reflexión de Ortega acerca de la
corrupción es inadmisible en un miembro del Gobierno, por lo que solicitó su
sustitución por otro militante andalucista, aunque, aclaró: 'No nos
gustaría que fuera Alejandro Rojas-Marcos , conocido por el sobrenombre del
anfibio urbanístico'. La refriega entre Romero y Calvo rozó el insulto
personal y mientras el nacionalista llamó al primero 'estalinista',
Romero sacó a relucir la pertenencia de Calvo al Movimiento Nacional de Cabra
(Córdoba) en los años setenta.
La discusión de Calvo con el diputado del grupo mixto
y ex del PA Ricardo Chamorro alcanzó mayor crispación, al entrar en juego las
rencillas de la reciente ruptura. 'Nos queda la duda de si fue un desliz o
al consejero le ha fallado el subconsciente porque no es la primera vez que se
liga al PA con el mercantilismo y la larga sombra especuladora', dijo
Chamorro. También afirmo, entre otras cosas: 'El andalucismo que practican
carece de ideología, le tienen tan poco respeto a Blas Infante que incluso van
a negociar con la finca del padre de la patria andaluza'.
El consejero, que intervino dos veces, encabezó su
discurso con palabras de rectificación y disculpas. Cuando comenzó a hablar no
había nadie del Gobierno en el salón de pleno. Después se turnaron los
consejeros de Presidencia, Gobernación, Medio Ambiente y Obras Públicas.
Contrariamente a lo que hizo en su comparecencia por este motivo en comisión,
Ortega repitió machaconamente el rechazo a la 'desafortunada'
expresión, que calificó de 'error'. Sólo se permitió una licencia
para matizar que no dijo a la revista Andalucía
Inmobiliaria 'prefiero dos casos de corrupción al año que
una administración muerta y lenta', sino 'casi sería
preferible'.
Sus únicos reproches fueron para Romero, al que le
acusó de practicar la política del 'todo vale' y esconder intereses
electoralistas por su insistencia en la polémica. 'Contra un patinazo como
éste entiendo que te den con ello en la cabeza. Sí me preocupa que se dude de
la honorabilidad del PA, del Gobierno y de mi persona'.
El portavoz popular, Joaquín Ramírez, replicó que
quien ha puesto en cuestión la honorabilidad de estas tres instancias ha sido
el mismo consejero y estimó que la rectificación ha llegado un poco tarde.
Pese a que Ramírez se alejó en el tono y la forma de las arremetidas de los
otros dos grupos, el PP votó a favor de la reprobación de Ortega que formuló
IU y desvió la flecha hacia Chaves: 'Hay una importante responsabilidad
del presidente y si no adopta medidas asume lo ocurrido como
propio'.
Chaves
asegura que habría destituido al consejero si no hubiese
rectificado
L. L / I. P. |
Sevilla
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró ayer
que habría destituido al consejero de Turismo, Antonio Ortega, si éste no le
hubiese aclarado 'adecuadamente' sus polémicas declaraciones. El
socialista tuvo que dar cuenta en el Parlamento, por primera vez en mucho
tiempo, del desliz cometido por un miembro de su Gobierno y lo hizo en una
intervención que más parecía para ser leída que oída en la que no hubo lugar a
los añadidos improvisados.
Chaves dijo que cuando conoció las declaraciones
solicitó 'inmediatamente' las 'explicaciones
correspondientes' a Ortega. 'Y me fueron dadas', afirmó. El
presidente aseguró que su consejero 'ha dado la cara de manera
adecuada' y que de no haberlo hecho hubiera 'procedido a actuar en
consecuencia' aplicando el Estatuto y la ley de Gobierno, es decir,
hubiera firmado su cese. A preguntas de Romero, Chaves negó, como había
afirmado Ortega, que en la conversación que mantuvieron se hubieran reído de
la situación. 'Le puedo asegurar que no hubo ocasión para ningún tipo de
bromas', dijo solemne.
Opinó que Ortega ya rectificó sus declaraciones en
comisión parlamentaria, por lo que la iniciativa de IU perseguía 'la pela
política' y el 'enfrentamiento con el PA' por una cuestión de
identidades y espacios políticos. Chaves enfatizó que 'bajo ningún
concepto' permitiría que la estabilidad del Gobierno se basase 'en
uno, dos o tres casos de corrupción'.
Opinión - La reprobación de
Ortega
Quien a hierro
mata...
Ortega ha terminado su
ultima semana de Pasión y se ha salvado de la reprobación por la mínima
(dos votos). Sería interesente conocer qué tres diputados se abstuvieron de
votar, para dejar al líder del PA sentado justo encima de la navaja y al borde
del precipicio.
Ortega se ha ganado a pulso la
imagen de político -en el peor sentido de la palabra- maniobrero y sin
principios. Lleva a cuestas una ristra de pronunciamientos públicos en los que
el pragmatismo y las ansias de poltrona y presupuestos que
gestionar han ido apareciendo descarnados y desprovistos de cualesquiera
justificación pretendidamente política, ideológica o programática. Ahí es
nada echar a un compañero de partido de una consejería diciendo, así de claro,
que como es el jefe y el próximo candidato, tiene que salir en la tele.
Ejerciendo de mamporrero del PSOE en la Junta y del PP en otros ayuntamientos,
Ortega ha hecho del cinismo una bandera y una seña de identidad. No ha tenido
escrúpulos en avalar políticas neo-liberales y en competir en españolismo con
los españolistas. Ante nada se ha detenido para plasmar su concepción que hace
de la política institucional un remedo del registro
mercantil.
Por si hiciera falta, este ultimo
episodio chusco ha evidenciado los limites del personaje. Alardeando de la
desideologización se ha mostrado, además, como un mal
profesional. Primero, calentándose la boca diciendo lo que piensa en
una entrevista periodística sin calcular sus consecuencias. Segundo, siendo
incapaz de controlar o paralizar su difusión. Tercero, asistiendo impotente a
su abandono por parte de su socio mayor en el Gobierno sin conseguir
presionarle para que le respaldase. Cuarto, gestionando torpemente el asunto
de manera que se ha dilatado durante semanas. Quinto -y como propina- no
aguantándose las ganas de meterse la cara entre las manos en plena Sesión
parlamentaria, regalando la foto que ilustra esta noticia y este comentario,
para solaz y regocijo de la canalla entre la que, en este caso,
también se encuentra este modesto Boletin. En resumen, un político
profesional y además torpe.
Ahora Ortega y sus fieles en el
PA, podrán ejercer el victimismo interno acostumbrado y quejarse de lo divino
y de lo humano. Podrán decir que hay que ver lo injusta que es la vida y
la prensa que trata a unos de una manera y a otros de otra. ¡Acabáramos!.
¿No lo sabían de antes?. ¿No lo han usado ellos mismos para sumarse al carro
del pensamiento único dominante, excomulgando a quienes se atrevieran a
cuestionar la dominación de Andalucía?. ¿Qué se creían?. Los lamentos sobre
qué para corruptos el PSOE* o el PP ; la indignación por ver a otro
profesional de su estilo como Romero (PCE-IU) actuando como remedo
chabacano del Incorruptible o el especialísimo enfado
por el profundo regodeo de los escindidos del PSA (que, con Pacheco, ya
van bien despachados), no sirven para nada. El papelón de Ortega ha sido de
tal dimensión que hasta ha permitido a la parlamentaria de Los Verdes -una
electa parásita en las listas del PSOE- salir de la penumbra y montar su
miniculebrón particular sobre el sentido de su voto; con prefabricada
tragicomedia incluida de elevada factura filosófica sobre el conflicto
entre ética y responsabilidad (aunque, al final, como era previsible, ganaran
los garbanzos y votara lo que Chaves quería).
Luego se extrañaran en el PA de
que se les tome a chacota (en el mejor de los casos). O de que no sean capaces
de pillar a ningún nacionalista decente y tengan que expandirse a base de
integrar a las zurrapas del PSOE, PP y PCE. O que entre los escasos
intelectuales andaluces dignos, su valoración ande pareja a la del resto de
este patético arco parlamentario que representa a esta nación de nuestros
dolores. Si por esa casa quedara una mijita de sentido nacional y otra de
instinto de conservación política, estarían ahora mismo poniendo a Ortega en
la puerta y haciendo catarsis a toda prisa y a toda potencia y preguntándose
-de una vez- para qué sirve un pretendido partido nacionalista que hace de
todo menos nacionalismo y sirve para todo menos para mejorar la suerte de su
pueblo. Pero, ¡quia!. Eso lo dejaran, como siempre, para después del
próximo batacazo electoral.
*El mismo día, por cierto, en que se
sometía Ortega al bisturí parlamentario, el expresidente español Felipe
González se permitía nuevamente pontificar en Sevilla ante
los presidentes del Gobierno y del Parlamento andaluz, reivindicando
impunemente al condenado
Galindo
Andalucía
El Gobierno español da
marcha atrás y modifica los puntos más polémicos del
'decretazo'
El
ministro de Trabajo retoca siete de los ocho puntos discutidos por los
sindicatos
EFE | Madrid
De acuerdo con los
cambios explicados por Zaplana, el empresario contará con 48 horas para
consignar la indemnización por despido y una vez superado este plazo la
situación legal queda como estaba antes de la reforma, con un solo matiz: será
el empresario el que abone íntegramente los salarios de tramitación.
Hasta ahora, el empresario pagaba sólo los dos
primeros meses y el Ministerio de Justicia se hacía cargo del resto, hasta que
había una sentencia judicial que declarara improcedente el despido.
En el caso de la
cobertura de los trabajadores fijos discontinuos, el Ejecutivo reformula
el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social y establece que los
trabajadores tanto los de temporada cierta como el resto recuperarán la
cobertura al desempleo que les corresponda en periodos de inactividad, según
palabras de Fidalgo.
Además se restituye así un derecho
a los que lo habían perdido, pero esta medida también se extenderá a las nuevas
incorporaciones.
Respecto a la
oferta adecuada de empleo, se modifican tanto "la definición como el
perfil", según el secretario general de CC OO, de modo que el INEM tendrá en
cuenta el último tipo de contrato y el del nuevo, el transporte y "el carácter
del último empleo".
Otros de los
puntos que serán modificados será el de los periodos de vacaciones no
disfrutados, de manera que se repondrá su cómputo como tiempo de cotización
a la Seguridad Social.
Los cambios
referidos a los minusválidos implican que el empresario que sustituya a
un trabajador con baja por otro disminuido tendrá un coste cero en la
cotizaciones a la Seguridad Social. Además, los contratos formativos que se
hagan a discapacitados podrán hacerse en centros especializados y no en la
empresa.
Otro de los
cambios se refiere a la economía social, donde será posible capitalizar
las prestaciones del desempleo y en el trabajo de los autónomos, quienes podrán
capitalizar "una parte importante", según Fidalgo, del desempleo para montar una
empresa o un nuevo negocio.
Los autónomos
también recibirán bonificaciones cuando contraten como indefinidos a
personas que buscan su primer empleo y tendrán ventajas en la primera actividad
que emprendan como autónomos.
Las discrepancias
se centran sólo en el subsidio agrario, las enmiendas que se incluirán se
refieren a políticas activas y rentas de inserción, pero estos cambios no
satisfacen a los sindicatos, que han recordado que éste sigue siendo "un punto
de controversia muy fuerte" que debe ser "reconsiderado”, según los
sindicatos.
Opinión
El Gobierno
español rectifica 7/8 del Decretazo
Favor
de Euskadi
A la presunta
izquierda españolista (del estilo de Frutos, Llamazares, la
nomenclatura sindical o algunos social-liberales a los que aún les gusta
ejercer de socialdemócratas) les encanta justificar su españolismo
presentando a la opresión nacional como un elemento distorsionante que desvía
y nubla el conflicto social. Echándole cinismo al asunto, suelen llamar
"internacionalismo" a la exaltación de la españolidad (o a la
valoración neutra y positiva de la identidad española), recubrir su
españolismo bajo la etiqueta federal y sobre todo quejarse de
lo que pretendidamente divide la cuestión nacional, olvidando convenientemente
que lo que más divide de lejos es precisamente su
alineamiento estratégico con el Estado español (con todo lo que ello
conlleva). Suelen exculpar sus culpas e impotencias, derivando
responsabilidades hacia la izquierda nacionalista y sólo cuando tratan con
fuerzas nacionalistas molestas (es decir, no españolas) redescubren las
caracterizaciones clasistas. Y así todo por el estilo. Son esta gente
usualmente propensa a reproducir un cuadro de autojustificaciones que
recuerda -en una versión cualitativamente peor- a aquellos
economicistas rusos de principios del siglo XX,
a los que -con el zarismo en lo alto- todo lo que no fuera una huelga
salarial les parecía como mínimo ajeno, cuando no contradictorio. Ya entonces
hubo gente que se empeñó -finalmente con éxito- en mostrar que la lucha de
clases es algo más complejo que meros horarios y tablas saláriales y que no
puede aislarse o reducirse a los muros de una fabrica.
El Gobierno
español del PP, envalentonado con su mayoría absoluta y con el servil
colaboracionismo de las burocracias sindicales de CCOO-UGT que se la habían
facilitado, aprobó hace unos meses una nueva vuelta de tuerca contra los
derechos laborales. Las agresiones eran de importante entidad, aunque no
implicaran un cambio cualitativo inmediato en la situación -como
hubiera ocurrido de tocarse la negociación colectiva o el derecho de huelga-
siendo un paso más en la paulatina perdida de derechos que viene arrastrándose
desde hace décadas con los sucesivos gobiernos. Los aparatos sindicales
leyeron claramente, sin embargo, que esta iniciativa implicaba un claro riesgo
de cuestionar su representatividad, su capacidad negociadora y por ende su
subsistencia. La Huelga General del 20 de Junio fue su resultado.
Gracias a la
Huelga el soso e insustancial nuevo líder del PSOE, Zapatero, pudo
encontrar algún asidero con el que delimitarse en algo del Gobierno del PP y
consolidarse en el puesto. Pero, aparte de ello, la Huelga no trajo en sí más
consecuencias directas. Con un día de paro no había masa critica
suficiente para hacer retroceder al Gobierno español. Las burocracias
sindicales se veían abocadas a una tesitura igualmente incomoda: o capitular
ante Aznar o impulsar una nueva línea de actuación sindical más combativa en
ramas y territorios que terminara por hacerles nuevamente necesarias, a riesgo
de abrir dinámicas peligrosas.
Y entonces
apareció Euskadi. El Gobierno español cayó en la cuenta que no podía afrontar
un enfrentamiento prolongado en su retaguardia mientras se jugaban asuntos
mayores como el aplastamiento de la izquierda abertzale o la preservación de
la unidad del Estado. CCOO-UGT eran necesarias para su ofensiva españolista.
No sólo en Euskadi, como factor de división obrera, sino sobre todo fuera,
como avales políticos al servicio del españolismo. Y a fin de cuentas, sólo se
trataba de volver a la situación de partida.
Quedaba
escenificar el nuevo status-quo: darle satisfacción a los Méndez y Fidalgo
para que contentaran a su parroquia (y en particular a los extras,
especialmente andaluces, convocados a silbato a concentrarse en Madrid)
ofreciéndoles un sucedáneo de victoria. Y para no perder tiempo y en
correspondencia, Zapatero -en comandita con Aznar- usaba a Fidalgo y
Méndez como correveidiles para engrasar la incorporación vergonzante del
PCE-IU al Pacto españolista.
Así de
poliédrica y paradójica es la lucha de clases real: si los trabajadores del Estado español han recuperado
algunos de sus derechos últimamente perdidos (sin por ello dejar de verse
atenazados por la precaridad) se lo deben mucho más a Otegi, Arzalluz e
Ibarretxe que a Méndez-Fidalgo o Zapatero-Llamazares. Y es que, como es
sabido, nadie regala nada por nada y levantarse de la sima en la que
tantos años de colaboración de clases han hundido a la clase obrera no
puede conseguirse sin emanciparse de la tutela de CCOO-UGT y sin una pelea
cualitativamente más dura que un aislado, pacifico y conciliador día de paro.
Así de simple; así de claro.
Andalucía
Ducha de agua fría
para el campo andaluz
Los jornaleros andaluces, alma de las movilizaciones
sindicales, ven rechazada su reivindicación: la retirada de la reforma del
subsidio agrario
ALEJANDRO BOLAÑOS |
Sevilla EL PAÍS
Los sindicatos se encuentran
desde ayer ante un dilema de difícil solución. UGT y CCOO saludaron la
confirmación de que el Ministerio de Trabajo reculaba y aceptaba casi todas las
modificaciones exigidas a la reforma del sistema de protección por desempleo
como un triunfo.
Pero, en lo que parecía el
final de una intensa carrera, no pudieron alzar los brazos sobre la meta en
señal de victoria. El Ejecutivo rechaza sólo una de las ocho condiciones
sindicales: el mantenimiento del subsidio agrario. Una medida que afecta a un
colectivo muy específico (230.000 jornaleros andaluces y extremeños), pero que
ha tenido un papel protagonista en los cinco meses de movilización social que
han forzado la marcha atrás del Gobierno.
El anuncio, en abril, de la
reforma del sistema de protección por desempleo disparó las alarmas sindicales,
pero en Andalucía y Extremadura se ordenó zafarrancho de combate. El Ministerio
de Trabajo quería impedir la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema de
subsidio agrario del que disfrutan desde 1984 los jornaleros agrarios de estas
dos comunidades. Y a los que ya lo cobraban se les exigía, para continuar
cobrándolo, que lo hubiesen recibido en alguno de los últimos tres años y que
ninguna sanción les hubiese anulado ese derecho. En la práctica, se trataba de
extinguir el subsidio agrario a medio plazo.
Para los jornaleros andaluces y
extremeños que quedaran fuera del subsidio agrario y para los jornaleros del
resto del país (unos 200.000), hasta ahora sin ningún tipo de protección, el
Ministerio establece un sistema contributivo (360 días cotizados para conseguir
el mínimo de tres meses de prestación por desempleo), que los sindicatos
calificaron de 'irreal' y 'discriminatorio'.
UGT y CCOO recalcaron que la media anual de
jornadas en el campo andaluz y extremeño (aún con tasas de desempleo al 40%)
apenas llegaba a las 60, por lo sería muy dificil acumular las cotizaciones
suficientes para cobrar el paro. Y enfatizaron que, los trabajadores de
cualquier otro sector tienen derecho a cuatro meses de prestación con 360 días
cotizados.
El subsidio agrario, muy
similar al que ideó el Gobierno del PSOE en 1984, garantiza el pago de 330 euros
al mes (el 75% del salario mínimo) durante medio año a los jornaleros andaluces
y extremeños que demuestren haber echado 35 peonadas.
Una condición mucho más fácil
de cumplir que la establecida ahora por el Ejecutivo central y que generó a las
arcas del Inem un gasto de casi 1.000 millones de euros el año pasado. Además
del habitual argumento del fraude (firmar peonadas falsas o ponerlas a nombre de
algún familiar, una vez superado el mínimo de 35 jornales), el Ministerio de
Trabajo se parapetó en otras paradojas del sistema: el gasto había seguido
creciendo en los últimos años, a pesar de que las cifras de paro en el campo se
habían reducido; y era mucho mayor en Huelva y Almería, las provincias andaluzas
en las que más trabajo se genera en el sector agrario.
Los argumentos del Ministerio
fueron rebatidos por los sindicatos: según UGT y CCOO, el fraude, que se ha
reducido en los últimos años -sólo un 0,3% de las bajas en 2001 se debieron a
sanciones-, debe afrontarse con más inspecciones y el crecimiento del gasto se
debe a la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo
agrario.
La contraoferta de los
sindicatos fue renegociar el sistema contributivo para ajustarlo a la realidad
del campo y que se permitiera a los jornaleros optar voluntariamente entre el
nuevo sistema y el subsidio agrario.
La posición sindical fue
respaldada desde el principio por los Ejecutivos autonómicos (ambos en manos
socialistas) y por las federaciones regionales del PSOE e IU, que hicieron
frente común. En Andalucía y Extremadura, el subsidio agrario, a pesar de sus
disfunciones, se identifica con una conquista social que refleja la necesidad de
elevar el nivel de vida de la población agraria, aún muy numerosa en ambas
comunidades e históricamente discriminada. De hecho, el PP andaluz reclamó
intensamente su eliminación mientras el PSOE gobernaba en Madrid al considerar
que estaba destinado a generar 'voto cautivo'. Un discurso
que cambió cuando llegó al poder: Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo,
no sólo mantuvo el subsidio sino que redujo en 1996 el mínimo de peonadas de 40
a 35.
Las primeras movilizaciones
dieron fe del rechazo con el que se recibieron en Andalucía y Extremadura los
planes del Ministerio. Unas 200.000 personas, una movilización inaudita en la
capital andaluza, se manifestaron a principios de junio en Sevilla contra el
decretazo; centenares de autobuses fletados en pueblos alimentaron
la marcha. Hasta el Sindicato de Obreros del
Campo (SOC), aletargado desde las luchas
jornaleras por la reforma agraria de la década de los ochenta, renació y
multiplicó sus ocupaciónes de fincas y los cortes de carreteras. Los líderes estatales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo,
no tuvieron duda: vivieron el paro general del 20 de junio en Sevilla; hasta el
Gobierno reconoció que la huelga había sido seguida por casi el 50% de los
trabajadores andaluces (el 90%, según los sindicatos). El presidente andaluz,
Manuel Chaves, dijo que 'haría todo lo posible' por evitar la aplicación del
decretazo.
Ante la movilización, el PP
andaluz elaboró un documento para suavizar las medidas del Gobierno sobre el
subsidio agrario, que ya fueron aceptadas por el Grupo Popular en el Congreso el
pasado mes. Pero el corazón de la reforma, que ya entró en vigor con el
decretazo, seguía intacto. La decisión del Ministerio de Trabajo de
mantenerla contra viento y marea fuerza a los sindicatos a mantener las espadas
en alto, al menos en Andalucía y Extremadura, pese a haber conseguido una
'restitución de derechos' casi absoluta, como ayer reconocían sus
líderes.
UGT y CCOO convocarán
una manifestación en Sevilla y una huelga general en el mundo rural
andaluz
09/10/2002
Los sindicatos UGT-A y CC.OO-A convocarán una
manifestación en Sevilla y una huelga general en el mundo rural andaluz para
mediados del próximo mes de noviembre, en respuesta a la decisión del Gobierno
de no restituir el subsidio agrario al mismo nivel que antes de la reforma de
las prestaciones por desempleo.
En rueda de prensa, el secretario general de CC.OO-A,
Julio Ruiz, indicó que a pesar de que ambas centrales valoran de forma
positiva los resultados de la reunión entre el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Eduardo Zaplana, y los secretarios sindicales confederales, no
pueden compartir la "discriminación" con Andalucía y Extremadura al no
contemplar la restitución del subsidio agrario. Por este motivo, van a
iniciar la tercera etapa de movilizaciones con una "gran manifestación" en
Sevilla y una huelga general en los municipios rurales de la comunidad, que
podrían complementarse con otras acciones en Extremadura tras la reunión que
los sindicatos de ambas comunidades se reúnan.
Asimismo, el secretario general de UGT-A, Manuel
Pastrana, quiso dejar claro que el resultado de la reunión supone un éxito sin
precedentes para los sindicatos, por lo que "nos encontramos satisfechos,
también por la inmensa mayoría de los trabajadores andaluces, que van a tener
restituidos sus derechos". Sin embargo, aunque en su opinión el
denominado "decretazo" sea "papel mojado", "no hay justificación alguna para
que el Gobierno pretenda mantener el recorte de derechos a los trabajadores
del mundo rural". Pastrana culpó de esta situación directamente al PP-A,
formación de la que dijo que no sólo son "consentidores" sino además "alientan
este tipo de decisiones, al igual que algunos ministros procedentes de
Andalucía". Por ello, el conjunto de movilizaciones planeado por ambas
centrales sindicales pretende, entre otras cosas, señalar "nítidamente"
quienes son los responsables de esta situación. "Llevaremos a cabo campañas
informativas y nos movilizaremos en las instituciones gobernadas por el PP",
explicó el sindicalista de UGT-A. Por su parte, el secretario general de
la Federación Agroalimentaria de CC.OO-A, Manuel Merino, destacó que el
Gobierno no sólo "nos castiga" con la retirada del subsidio, sino que también
lo está haciendo en las políticas activas. Asimismo, su homólogo en UGT-A,
Francisco Fernández, dijo desconocer el motivo por el que el PP "nos rechaza",
pero considera que "viene de largo".
Tras despistar a la policia española
Jornaleros del SOC invaden el aeropuerto de
Sevilla
La ocupación afectó a la salida programada de un
vuelo con destino a
Londres
EFE |
Sevilla 12 de Octubre de 2002 16:34
h.
Jornaleros del SOC ocupan
aeropuerto de Sevilla,
12/10/2002
Jornaleros del Sindicato Obrero del
Campo (SOC), hasta 2.000 según los
organizadores, encabezados por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez
Gordillo y el secretario general del SOC, Diego Cañamero, han consumado la
protesta, que ya había sido anunciada ayer por el sindicato con carácter de
"sorpresa", ocupando la terminal de carga del aeropuerto de Sevilla
en protesta contra la supresión del PER (subsidio agrario).
La
ocupación de una de las pistas por parte de los representantes del SOC para
exigir al Gobierno que renuncie a su intención de suprimir el subsidio agrario
se prolongó por espacio de dos horas y afectó a la salida de un vuelo de la
compañía Iberia con destino a Londres que tenía programada para las 14.30
horas, abandonado las instalaciones aeroportuarias sobre las 14.40 horas. Los
jornaleros andaluces estuvieron durante las cuatro horas en que se mantuvieron
en las instalaciones aereoportuarias vigilados en todo momento por una
dotación antidisturbios de la Guardia Civil.
En
declaraciones a los periodistas previas a la salida del complejo de San Pablo,
Cañamero ha anunciado que representantes del SOC se entrevistarán el próximo
lunes con el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, al que
trasladarán la necesidad de que "se reponga tanto el subsidio agrario como
el PER hasta que en Andalucía no exista otra alternativa de reforma agraria y
desarrollo económico". El secretario general del SOC, que espera que
el Gobierno también les confirme el lunes la fecha definitiva para la próxima
reunión con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha querido dejar claro
que "después de seis reuniones con el Ministerio de Trabajo lo que nos
importa ahora es si el Gobierno tiene intención de dar marcha atrás en su
reforma agraria, y no con quien tenemos que hablar".
Apenas unos minutos después de
que los jornaleros ocupasen la terminal de carga del aeropuerto de San Pablo y
tras acceder por una de las puertas de servicio, los responsables de seguridad
avisaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales
bloquearon la puerta de acceso a la misma.
Despiste y
"Acción sorpresa"
La Guardia Civil corre a vigilar a los
jornaleros
La
movilización de hoy arrancó después de una concentración inicial a las puertas
de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), pensada para despistar a las fuerzas
policiales y en la que apenas participaron unas 300 personas encabezadas
por el líder del SOC, Diego Cañamero, para posteriormente trasladarse hacia el
aeropuerto de San Pablo y ocupar tanto la terminal de carga como una de las
pistas principales. Según AENA, los manifestantes accedieron a esta zona tras
cortar la cadena de una de las puertas de servicio y romper una
valla.
Con
esta nueva "acción sorpresa", los jornaleros del SOC cumplieron su
advertencia de "realizar un acto contundente" que en principio
anunciaron de "forma indefinida" y en la que también participaron
"mujeres y niños", hasta que el Gobierno central dé una respuesta a
su solicitud para que rectifique su intención de eliminar el subsidio agrario
en el marco de la reforma del sistema de prestaciones por
desempleo.
Según Cañamero, desde que entró
en vigor el Real Decreto Ley para la reforma del sistema de prestaciones por
desempleo "el campo andaluz ha dejado de percibir unos 14,4 millones de
euros sólo en lo que a las ayudas del subsidio agrario se
refiere".
Patronal terrateniente acusa al Gobierno de situarles
'al borde de la desobediencia civil'
La Patronal
terrateniente Asaja-A denunció que el Gobierno
español, con el Real Decreto de Altas y Bajas, aprobado el 25 de mayo junto al
Decreto de Reforma del Desempleo, sitúa a los agricultores al borde de la
desobediencia civil, puesto que "ambos decretos están elaborados por
técnicos que desconocen la realidad del campo y del sector agrario".
Según la patronal agraria, el Decreto de Altas y Bajas
es de imposible aplicación en el sector agrario, "ya que en el campo no
podemos dar de alta al trabajador con antelación al inicio de la actividad,
pues no podemos saber si el trabajador estará o no en el tajo, si lloverá o no
al día siguiente, etcétera". "Por su propia naturaleza, en la actividad agraria
se producen una serie de factores que hacen inviable esta norma; y así se lo
hemos hecho saber a todos los responsables del Ministerio de Trabajo desde el
pasado mes de mayo", aseguró Asaja-A, que afirmó que si el Gobierno no
rectifica "situará a los agricultores al margen de la legalidad, ya que es
totalmente imposible que el sector agrario pueda cumplir con la absurda
normativa de altas y bajas, fruto de la genialidad de un iluminado que en su
vida ha pisado el campo".
Desde Asaja-A se han lanzado varias propuestas al
respecto, aunque "se nos ha hecho caso omiso". "Es más, en las
últimas semanas los empresarios agrarios están recibiendo cartas de la
Tesorería General de la Seguridad Social en las que se les obliga ya a iniciar
la notificación previa de las altas, cuando la norma ni siquiera ha entrado
aún en vigor", apuntó la organización.
La disconformidad de los empresarios agrarios y de
Asaja-A se acrecienta con la "actitud" que en las últimas semanas
mantiene el Ministerio de Trabajo, "ya que pese a que Asaja es una de las
organizaciones firmantes del Acuerdo del Empleo e Inversiones para el sector
Agrario del año 1996 ninguna de nuestras propuestas y enmiendas ha sido
escuchada, atendida, ni mucho menos admitida". Asimismo, Asaja-A indicó que pese a que la reforma aborda asuntos que
afectan muy directamente al sector agrario, como son los ya consignados
(reforma del Desempleo, altas y bajas en el REASS, etcétera) "el
Ministerio de Trabajo nos ha dejado fuera de las negociaciones y al margen de
la nueva legalidad".
REFORMA
DEL DESEMPLEO
En lo que respecta a la reforma del desempleo, desde
Asaja-A mostró su preocupación y descontento, "pues se trata de una
reforma totalmente ineficaz y por supuesto mucho más cara para la empresa
agraria."
De hecho, desde la organización se ha propuesto
reiteradamente la necesidad de que se reforme el sistema de subsidio hasta
ahora vigente y se cree un sistema de desempleo contributivo a nivel nacional
que incentive a los "verdaderos" trabajadores eventuales agrarios,
pese al nuevo esfuerzo contributivo que este sistema supone. "Sin embargo,
la propuesta emanada de las mentes brillantes del Ministerio de Trabajo exige
cotizar 360 peonadas para percibir 90 de desempleo, algo totalmente inviable
hoy en día en el campo, donde las épocas de mayor empleo coinciden con las
tareas de recolección y son necesariamente temporales", explicó
Asaja-A. La patronal agraria considera que con este
sistema nadie abandonará el derecho actual al subsidio agrario y difícilmente
las nuevas generaciones tendrán interés en el trabajo eventual agrario, por lo
que optarán por abandonar las zonas rurales y emigrar a las grandes urbes.
Asaja-A propone que se mantenga el sistema actual para
los trabajadores ocasionales "que desconocen las labores agrarias y que no
tienen vocación ni voluntad para trabajar en el campo, y ven además vedado su
acceso a otras oportunidades de empleo", mientras que para los
"reales" trabajadores agrarios "debe establecerse un sistema de
desempleo contributivo en el que por cada peonada efectivamente trabajada se
le reconozca el derecho a una jornada de desempleo". En la patronal se entiende que con esta propuesta el interés del
"buen agricultor" por dar de alta al trabajador coincide con el del
"buen trabajador" en figurar de alta desde el primer día hasta el
último. "Este sistema fomentaría la cotización oficial del trabajo,
evitaría el despilfarro producido por otorgar derechos a otros y aportaría
eficacia y ahorro en el sistema de control y gestión", concluyó Asaja-A.
Opinión
Andalucía y el
subsidio
agrario
en la Huelga General del 20-J
Comencemos recordando lo evidente. El Subsidio Agrario-Plan de Empleo Rural
(SA-PER) vigente hasta este año es, en su coste global,
cuantitativamente escaso (equivalente al de unos
cuantos cazabombarderos). Comparativamente ridículo; pues es notorio que
otras naciones del Estado español han recibido muchísimos más recursos
expresos para financiar sus reconversiones y/o mantener sus industrias
clave (sin contar las transferencias invisibles o los robos, de
diferente tipo, que España viene inflingiendo a Andalucía desde tiempo
inmemorial: deuda histórica, deuda autonómica, financiación corriente, FCI,
fondos europeos, expolio bancario, etc). Individualmente (y descontado el pago
de la Seguridad Social) lo que se obtiene limpio del Subsidio-PER es una
miseria: 130 euros. Políticamente, con esos contados fondos, el
Estado español compró la tranquilidad política y social de una nación de siete
millones y medio de personas, hurtó la Reforma Agraria popular, preparó la
incorporación subordinada a la Unión Europea y financió la agricultura
intensiva. Gracias al subsidio agrario-PER no sólo se mantuvieron salarios
míseros en el campo -permitiendo la acumulación antes y después de la entrada
en la UE- sino que también -por contagio y mimesis- se consolidó la
sobreexplotación, la precariedad, la economía sumergida y el trabajo negro en
el conjunto de Andalucía. Ciertamente, con sus fondos mejoraron las
infraestructuras tercermundistas de nuestro medio rural y los trabajadores del
campo -por primera vez en su historia- obtuvieron unos ingresos casi regulares
que les permitieron la subsistencia, una mejora sensible de sus condiciones de
vida y les evitaron el trago de la emigración estable, pero a costa
de posibilitar socialmente una política sometida que renunció a tomar
caminos propios de desarrollo industrial (que implicaban forzosamente un
marco cualitativamente distinto en la relación política, económica, fiscal,
financiera y social con España). La degradación de la conciencia social tuvo
como correlato político la institucionalización del predominio del PSOE,
convertido en expresión y beneficiario de esa situación.
La
decisión del Gobierno español del PP de mantener la reforma del SA-PER como
único punto vigente del Decretazo -nuevamente revalidada, de
momento, por el vicepresidente Rajoy- no es sólo un reconocimiento
partidario de la imposibilidad a corto plazo de victoria del PP en Andalucía o
una forma de castigar a sus competidores del PSOE. También implica -y hay que
reconocerlo- que desde Madrid no se le tiene ningún temor a lo que pueda
ocurrir en Andalucía, aunque haya sido precisamente aquí donde con una
intensidad cualitativamente superior se haya manifestado la oposición al
Decretazo y donde se haya corrido con el mayor gasto de la
protesta. Al Gobierno español le basta mirar las bancas del Parlamento
andaluz para saber que, al menos por ahora, no hay peligro político
en Andalucía. Aquí, a modo de muestra, puede venir papá Borbón a recibir
medallas concedidas con votos unánimes -incluidos llamados
andalucistas y pretendidos comunistas-; puede pasearse el
Borboncito recibiendo pleitesías -incluso de ONGs presuntamente
superalternativas-; puede casarse la infanta; jugar la selección
española... que siempre habrá un numero suficiente de andaluces dispuestos a
hacer el imbecil. Aquí, los intelectuales andaluces decentes -los que no son
vendidos o cosmopolitas- son tan excepcionales que casi pueden nominarse.
Aquí, medios de prensa españoles, en condición casi de monopolio, pueden hacer
campañas de enfrentamiento localista intraandaluz, y ejercer encima de
castizos. Aquí, las organizaciones de pequeños campesinos siguen mirando
para protestar a Marruecos, en lugar de a Madrid o a Bruselas (que es donde se
deciden las cosas). Etc. Aquí, en resumen, gobierna el PSOE
ininterrumpidamente desde hace veinte años y venden Segundas
Modernizaciones, mientras seguimos en la cola de Europa, con precios
europeos y salarios andaluces, con un tercio en paro, 90% de contrataciones
precarias y encima queriéndonos hacer creer que nos hemos vuelto
prosperos. Aquí, tienen la desfachatez de ofrecer seriamente como alternativa
nacional el autoempleo y la conversión masiva en emprendedores y
de propina cuentan con varios satélites (PCE, PA, PSA) para escoger
pareja, de hacerles falta. Con todo esto -y lo que nos hemos saltado-
¿cómo extrañarse de la decisión del Gobierno español?.
A esta
falta de respeto dolorosamente merecida -véase que los independentistas
socialistas no somos precisamente tibios a la hora de criticar a nuestro
país- se suman otras intenciones. De igual modo que el Gobierno español
fomenta la inmigración irregular a la vez que la persigue, ahora quiere evitar
que los inmigrantes legalizados puedan acceder en el futuro en numero
significativo a las prestaciones del SA-PER dejando de ser así útiles como
fuerza de trabajo semiesclava y factor de control de los costes
saláriales y para ello, modifica la regulación de manera que coloca a los
autóctonos al mismo nivel de desprotección y sobreexplotación que a los
inmigrantes. Con la reforma busca dividir y que mientras una parte de los
antaño beneficiados se ponga a buscar debajo de las piedras formas para
mantenerse acogido, otra se lance a la aventura de encontrar subsistencia
donde pueda. Siendo una medida general -valida por tanto para todas las
comarcas, sea cuales fuere su realidad agraria y productiva- no es de extrañar
que ya la misma patronal terrateniente comience a mostrar su inquietud ante el
riesgo de que el pretendido ahorro diseñado en Madrid tenga como consecuencia
a medio plazo un incremento significativo de la presión obrera por salarios
decentes en el campo (lo que se daría de bruces con los márgenes fijados en
Bruselas). Es posible que, a no mucho tiempo, algunas reflexiones similares
comiencen a producirse entre aquellos empresarios de la construcción, textil,
hosteleria, alimentación, madera... que han vivido tan a gusto hasta ahora
contratando en negro a trabajadores subsidiados (por no hablar de las empresas
o contratas fantasmas, legalmente inexistentes).
De
momento, entre este personal, lo que priva es la satisfacción, porque se
ha puesto en su sitio a esa gente. Y es que persiste aún una memoria
histórica inconfesable en la burguesía andaluza más cutre, que todavía cree en
las ventajas económicas de la contratación a dedo en la esquina los
paraos.
Si el
subsidio agrario ha servido para lo que ha servido, es porque ha cristalizado
en una fuente superpuesta de incremento de la renta familiar. La suma de
varios de los diversos miembros de la familia; más los salarios en el campo;
más los obtenidos en las campañas (aceituna, vendimia, fresa, etc); más el
trabajo no declarado en la construcción o la hosteleria; más las pensiones de
jubilación de los viejos o incluso la caza o la recolección etc han permitido,
sumados en conjunto, alcanzar un modestísimo bienestar (valorable sobre todo
en términos comparativos con el pasado, no con otras realidades). La reforma
ciega este camino y bloquea esta practica. Es su objetivo, aunque de paso se
lleve por delante también a quienes, desde la pequeña burguesía, se han
ido incorporando al subsidio aprovechándose de sus relaciones para
beneficiarse de sus prestaciones. Con todo, es obligado reconocer que los casi
veinte años de SA-PER han creado una cesura significativa entre medio urbano y
medio rural y que los trabajadores andaluces del primero han venido en
considerar privilegiados a los del segundo. Ya no es, como al principio, un
simple molesto comentario estival de los vecinos transplantados a Cataluña
vueltos por vacaciones. Por encima de la heterogeneidad real de las diversas
comarcas, lo que ha venido en consolidarse es una visión social urbana que
sobre todo destaca lo que el subsidio implica de reserva y resguardo y que se
detiene especialmente en los casos de fraude y beneficio ventajoso e
injustificado. La precariedad y la degradación de la condición
social urbana -no por oculta y no reconocida, porque se ha
convertido en infamante muestra de fracaso a esconder y no denunciar, menos
real- deriva -aunque sea injustamente- en inquina o como mínimo, neutralidad
hacia el medio rural. Del respeto adquirido hace veinticinco años por las
luchas jornaleras poco queda en las ciudades andaluzas; más o menos lo mismo
que queda en esos mismos pueblos de la demanda de Reforma Agraria.
Consecuencia de esto es que -y el Gobierno español lo sabe- plantear una
Huelga General nacional contra la reforma del subsidio -es decir,
incluyendo a las ciudades andaluzas- sea hoy un objetivo casi impracticable y
los mismos sindicatos se autolimiten al medio rural; aunque cuando busquen
repercusión realicen espectaculares acciones de comando en el medio urbano,
como las que el SOC tiene tanta practica y habilidad en ejecutar.
Llegados
aquí conviene entrar a valorar las realidades y dinámicas en conflicto y
hacerlo -para no extendernos en demasía- a modo de puntos esquemáticos, con el
objetivo de evitar que nuevamente el PSOE parasite el enfrentamiento -cuando
aún no hace mucho también susurraba la
necesidad de reconvertir el SA-PER.
*La
pelea es ahora con el Gobierno español. Cierto. Pero al Gobierno andaluz no
puede permitírsele quedarse al margen, limitándose a aplaudir el
trabajo que le hacen los sindicatos -incluido el SOC- para desgastar al
PP. Antes de que nuevamente vuelva la Junta a tomar la iniciativa hay
que difundir la consigna: "Si lo quita Aznar; que lo pague
Chaves" . ¡Tiene veinte mil millones de presupuesto!. Y tiene
mayoría absoluta aquí. Que cargue con impuestos las transferencias o
beneficios financieros; que recargue impuestos estatales; que reivindique un
concierto económico propio... ¿Para que sirve un Gobierno en Andalucía que
ni siquiera puede mantener el Subsidio-PER hasta generar una alternativa?. Y
si no tiene competencias, que se las tome...
*Mientras quede en la retina la imagen de que
sólo se está peleando por una paga, mal andamos. Es verdad que un sindicato
se mueve, entre otros objetivos, por este tipo de cosas. Pero las pagas sólo
interesan a los que las cobran o pueden cobrarlas. Tampoco valen discursos
genéricos sobre los pobrecitos jornaleros. Eso pasó. Ahora se sabe
que se puede vivir peor -y de hecho se vive- en el Cerezo, La Viña, la
Chanca o Almanjayar que en El Coronil, Martín de la Jara o
Marinaleda. Así pues, o se consigue vincular el mantenimiento de los
subsidios a otra política de inversiones y de cambio económico en Andalucía
o no se conseguirá nada, más allá de una simpatía tibia en el mejor de los
casos. El trabajo público no puede ser o seguir siendo en su mayoría, un
paripé complementario. Lo que hay que demandar es un plan de
industrialización y desarrollo rural de miles de millones (ahí entran los
técnicos para cuantificar y especificar) del que se desprendan algunos para
formación y empleo de la mano de obra a utilizar. No puede ser un sucedáneo
a lo grande del Empleo Comunitario (cambiando la limpieza de cunetas por la
repoblación forestal, por ejemplo) sino que ha de encaminarse a generar
tejido productivo e infraestructuras necesarias realmente alternativas (red
ferroviaria, por ejemplo), a crear empresas, publicas, sociales, privadas
controladas... Todo ello implica plantear medidas de discriminación positiva
estricta para las empresas andaluzas; controles diversos; otra política
fiscal hecha desde Andalucía... sabiendo todo lo que ello implica de
conflictos con Madrid y Bruselas. No se puede reproducir tampoco
el mecanismo de los planes o iniciativas de la UE. En otras palabras,
o queda claro y destacado que se está peleando por
Andalucía (y también por sus trabajadores urbanos) y no por
intereses sectoriales corporativos -que esta lucha puede ser una palanca
para cambiar auténticamente la situación de Andalucía- o no se
conseguirá la fuerza necesaria para alterar la situación.
*Recuperar la legitimidad social de la
Reforma Agraria. La Reforma agraria sigue siendo necesaria en Andalucía
porque continua siendo socialmente necesaria. Necesaria para dar
empleo; necesaria para generar riqueza económica en una dimensión y con una
topología que no puede ni podrá hacer nunca la gran finca privada, por muy
bien que este explotada. No se puede hacer la reforma agraria a base de que
uno u otro se compren cuatro olivos con los ahorros. No puede limitarse a
las fincas públicas o con estatus jurídico discutible; tampoco costearse
desviando a este fin fondos necesarios para otros objetivos o
prolongarse durante no se sabe cuantos años. La expropiación ha de afectar a
todas las fincas de terratenientes que superen una determinada extensión,
realizarse de forma simultanea o todo lo más secuenciada y
compensarse, en todo caso, con títulos de deuda publica a cobrar sin interés
a veinte o cincuenta años. No se trata de afectar a los pequeños y medianos
campesinos actualmente existentes, sino de colocar a su lado una red de
nuevas explotaciones cooperativas en las que puedan desarrollarse las
políticas agrarias necesarias. No se puede hacer una reforma agraria y
mantener a la vez el control de las multinaciones y las grandes superficies
sobre la distribución y |
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nē 139 - Andalucía
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