*El
Remate, Andalucía:
Encrucijada Sindical, Andalucía Libre
*Materiales y enlaces sobre Sindicalismo y
situacion del campo andaluz
Andalucía
Libre nº 267, IX Congreso Nacional del SOC, 4de Septiembre de 2005
DELPHI SE CERRÓ
Reflexiones a partir
de una derrota
Andalucía Libre
La lucha de los
trabajadores de
Delphi de Puerto Real para evitar su cierre ha concluido. Desde febrero
de 2007
–cuando la multinacional yanqui anunció su intención de desmantelarla-
hasta
julio –cuando los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO rubricaron su acuerdo
con la
empresa- se desarrollaron constantes acciones, incluyendo grandiosas
manifestaciones en Cádiz, movilizaciones sectoriales de mujeres y
estudiantes,
una exitosa y unánime Huelga General comarcal y una Marcha a Sevilla.
Durante
estos meses Delphi estuvo constantemente en los informativos; atrayendo
la
atención del movimiento obrero y de la opinión publica andaluza. Y pese
a que
durante todo este tiempo el grito de guerra siempre repetido -que
resumía el
sentido de la lucha- fue “Delphi no se cierra”,
la fábrica se
ha cerrado (y además con el aval político y sindical).
El impacto de
Delphi
El impacto político y
social del
caso Delphi en Andalucía es inexplicable si se le reduce a un simple
ejemplo
más de deslocalización. Lo que estaba en juego en Delphi era mucho más
que el
destino de 1.549 trabajadores fijos de plantilla, 167 auxiliares y 100
precarizados (más en torno a 2.000 dependientes). Se trataba de un caso
de
desindustrialización que afectaba a un país como Andalucía ya de por sí
desindustrializado. Nada que ver con otras realidades donde la
deslocalización
se produce como excepción o como amenaza aislada dentro de un tejido
industrial
consolidado. Esta singularidad nacional explica la entidad de la
identificación
y solidaridad social con el caso; especialmente profunda en su comarca
pero también
perceptible en el conjunto de la Nación. Porque en Andalucia trabajar
en una gran empresa industrial –al margen de cuales
fueran
sus condiciones concretas e incluso si estas se habían venido
degradando- era
visto –según se mire- como una ‘suerte’ o un ‘privilegio’
y ese era el contexto nacional de Delphi y no otro. En un país
como
Andalucía cuyos trabajadores están condenados mayoritariamente a
trabajar en la
hostelería, los servicios, la construcción o el turismo, segmentados y
precarios, la perdida de una empresa industrial como Delphi no podía
dejar de
percibirse espontáneamente como una enésima negación de esperanzas y
una nueva
condena.
Así la consigna “Delphi
no se cierra” se convirtió naturalmente en una síntesis y un
programa
que trascendía la especifica situación de una fabrica. Mantener abierta
Delphi
era no sólo respetar los derechos de su plantilla actual sino también
evitar
una nueva perdida de puestos de trabajo industriales para el futuro y
atenuar
la imagen de dependencia nacional. Era también una forma de rechazar
los precedentes en que las
crisis industriales en Andalucía se habían resuelto en lo que se ha
venido en
llamar “formas no traumáticas”, es
decir, consintiendo en la perdida de los puesto de trabajo a cambio de
indemnizaciones y/o extensiones de cobertura por desempleo o pensión
(las
famosas ‘prejubilaciones’). Esta vez se quería que esto no
volviera a
pasar. Y
se creía posible conseguirlo porque, aparentemente, se coincidía en esa
demanda
dentro y fuera de la fábrica.
El caso Delphi
Ayudaba a esa impresión
las
específicas condiciones de la empresa. Todo el mundo recordaba que la
instalación de Delphi (antigua General Motors/Opel) en la Bahía
de
Cádiz fue
una consecuencia de la implantación de su matriz en el Estado español.
Entonces, para compensar la apertura de una gran fábrica en Zaragoza
–ubicada
en el centro del eje triangular
Euskadi/Madrid/Cataluña- y acallar las críticas en Andalucía se pactó
entre el
Gobierno español y la multinacional abrir aquí una fábrica menor
dedicada a los
componentes del automóvil; que años después General Motors transferiría
a su
heredera Delphi (con la que aun hoy mantiene estrechos vínculos).
Durante años la
multinacional ingresó ayudas y subvenciones públicas –circula la cifra
de 62
millones de
euros- y se aprovechó de la benevolencia estatal. Alimentándose siempre
del
contexto
nacional donde se insertaba, la multinacional se beneficio en costes
salariales
y condiciones de trabajo y así anduvo hasta conseguir imponer en 2006
un Plan
Industrial hecho a su medida. Bajo ese paraguas precisamente preparaba
su
deslocalización; transfiriendo datos y maquinarias desarrolladas en
Andalucía a
otras factorías, como la que posee en Polonia y repartiendo
gratificaciones por
valor de 130 millones de euros entre sus directivos. No es de
extrañar
pues que
con esas prácticas y ese engrase –y tal y como es costumbre en
secciones de
multinacionales- Delphi prefabricará para Cádiz la cuenta de resultados
que
resultara más acorde a sus objetivos globales.
Delphi, a la altura de
2007, se
encontraba inmersa en un complejísimo proceso de reestructuración
internacional. No tiene sentido perderse en la maraña de pantallas y
vericuetos
legales que en varios continentes servían a este objeto. Lo cierto es
que ese
proceso –presentado como una quiebra mundial que llevaría a la
desaparición
general de la empresa- serviría de excusa de fondo para justificar
–¡que
casualidad!- la liquidación específica y singular sólo de su fábrica
andaluza.
Así, Delphy contrataba en
enero
al despacho Garrigues para la gestión del cierre e intentaba
desentenderse del
asunto.
La táctica seguida
por la
multinacional fue abrir el proceso apostando fuerte. A finales de
febrero
anunció su decisión de cerrar Delphy Cádiz a la brava, sin
atenerse a
la
legislación laboral española. De esta forma se situaba a la ofensiva en
el
conflicto y ganaba gratis de entrada, espacios que luego, si se daba el
caso, podría
desalojar. Porque –como era perfectamente previsible- este anunció
forzó tanto
a la Administración andaluza como a la española a rimbombantes
declaraciones de
principio en que le recordaban a Delphi que debía someterse a su
jurisdicción y
su legalidad.
Lo que entonces casi nadie
advirtió es que era muy extraño que Delphi se arriesgara a una batalla
política
y legal de tal dimensión y con ese planteamiento desafiante frente al
Estado
español (y muy posiblemente ante la Unión Europea) mientras en ningún
caso
cuestionaba el mantenimiento operativo de ninguna de sus otras
factorías en el
Estado español: San Cugat del Valles (1.138 trabajadores directos) y
San Vicenç
del Horts (500) en Cataluña;
Pamplona (150) en Euskadi y Tarazona
(700) en España. La aparentemente
ilógica actitud de la multinacional sólo
podía tener dos explicaciones: primera, era una añagaza de partida
preparada
para ceder luego y regalarle así una ficticia victoria a los Gobiernos
andaluz
y español con la que estos podrían justificar y vender su complicidad;
segunda,
implicaba una amenaza de que si los dos Gobiernos PSOE implicados –el
andaluz y
el español- no colaboraban con sus propósitos el asunto se extendería
también a
esas otras factorías, que por cierto, según sabia perfectamente la
empresa, no
estaban ubicadas en la sumisa Andalucía. Quizá haya que buscar
la
motivación de
la jugada en una combinación de ambas.
Visto lo visto, es obvio
que la
multinacional yanqui previó bien cual iba a ser la reacción de los
Gobiernos
andaluz y español. Y muy posiblemente no se equivocó tampoco demasiado
en sus
previsiones sobre cual iba a ser la línea de las federaciones
sindicales
españolas implicadas. En lo que puede que se equivocara fue en
minusvalorar
el nivel
de rechazo social que su operación despertó fuera de la fábrica y el
grado de
solidaridad y movilización que provocó.
Una telúrica presión
social,
preñada de rabia e indignación, surgida desde lo más hondo y animada
por el
recuerdo de tantas derrotas acumuladas vino a concentrarse tras el
símbolo de
Delphi. La grandiosa y extremadamente combativa manifestación de marzo
de 2007
en Cádiz –con decenas de miles de manifestantes- preparada por las
acciones de
mujeres y estudiantes fue su reflejo y condujo luego a una exitosa y
masiva
Huelga General comarcal en abril que paralizó 14 municipios de
la Bahía
y zonas
adyacentes (y que hubiera podido ser nacional –con las consiguientes y
obvias
repercusiones políticas- si el movimiento obrero andaluz no estuviera
dominado
como está por sucursales españolas). Las protestas de los trabajadores
(y de
sus mujeres) mantuvieron la tensión.
Los problemas
en Delphi
Nadie puede negar que en
una
lucha como esta presiona -y mucho- la angustia de los trabajadores
directamente
afectados por resolver pronto y de la mejor manera posible su situación
y que
la tendencia a evitar experimentos en cabeza propia –más si
cabe en una
situación general donde ni se recuerda cuando empezó el retroceso
obrero- es
extremadamente fuerte. Pero también puede empujar en otro sentido –y
también es
obligado reconocerlo- el impacto de la solidaridad social externa, que además se percibe crucial para salir con bien
del conflicto.
Lo cierto es que durante
meses
ambas realidades confluían bajo el lema común “Delphi no
se cierra”. La plantilla fija –y no digamos los
trabajadores de las subcontratas, los precarios y las empresas
auxiliares- no
peleaba por incrementar sus indemnizaciones de despido sino por
mantener
abierta una fabrica que sabían productiva y eficaz. Y fuera de la
fábrica, era
el futuro común –como clase, como comarca, como país- lo que se sentía
en
juego.
El problema nuclear de
Delphi se
remontaba muy atrás y lo trasciende. Tiene que ver con la
hegemonía en la izquierda y en el
movimiento sindical en Andalucia de fuerzas dependientes encarnadas en
sucursales españolas.
Y así, desde un principio,
de una
parte, las mayoritarias CCOO y UGT –muy posiblemente siguiendo los
consejos de
sus asesores de Madrid- se situaron tras el amparo y bajo el patronazgo
del
Gobierno andaluz del PSOE; secuenciando las movilizaciones en lo
posible y
modulando su discurso de forma que no evidenciara su responsabilidad
política
en la gestación del conflicto ni le generara demasiadas dificultades.
De otra,
la minoritaria CGT anarquista aparte de hacer muy respetables loas a la
necesaria combatitividad
no fue
-como era previsible- capaz de trascender sus límites políticos y
desplazar a
CCOO-UGT, difundiendo alternativas creíbles que fueran más allá de la
crítica
genérica a “los políticos”. Lo cierto
es que la combinación de unos y otros coadyuvó a la despolitización
de la lucha –facilitando por ejemplo la demagogia
del PP, que nunca fue excluido de reuniones o referencias- y a su desnacionalización, eludiendo ambos
subrayar el carácter y contexto nacional del
conflicto. Desde fuera, las meritorias iniciativas que intentaron desde
la
solidaridad intervenir en el curso de los hechos también se resintieron
en
buena medida de esas carencias y en algunos casos, de enfoques
ideológicos
caducos, validos quizá para reclutar algunos estudiantes radicalizados
pero
incapaces de proponer una línea de acción efectiva para una lucha de la
dimensión e implicaciones de la que se desarrollaba en y en torno a
Delphi.
Delphi era una
fábrica
andaluza (desde el momento en que estaba en Andalucía y sus
trabajadores
eran andaluces y desde ambas condiciones planteaban su lucha). No
conectar su
realidad y su futuro a la de la Nación implicaba inevitablemente ‘quitarle el agua al pez’. La percepción
social masiva hacia responsable al Gobierno andaluz del futuro de
Delphi y eso
pese a que según el dependiente marco estatutario vigente, hacer
efectivas
estas expectativas trascendían sus menguadas competencias legales.
Responder
las demandas para que Delphi siguiera abierta y funcionando llevaba a
tomar medidas
de Soberanía Nacional andaluza, sin someterse a los restrictivos
márgenes
constitucionales españoles ni a los hipotéticos preacuerdos
establecidos de
tapadillo entre multinacional y Gobierno español en Madrid. No hacer
ostentación de esas exigencias sociales y traducirlas en
reivindicaciones
políticas para reclamar que la Junta de Andalucia se tomara por la mano
competencias
laborales, de comercio o penales -pese a contar con el viento social a
favor-
conllevaba facilitar que la administración de la crisis quedara
paulatina y plácidamente en sus
manos. Más
aún, incluso cuando algunos -especialmente desde fuera de la fabrica-
plantearon tímidamente la exigencia de ‘nacionalización’, al no explicitar que estaban hablando
de una ‘nacionalización andaluza’ y
no española la dejaron reducida a una consigna ideológica, sin
virtualidad política
alguna, obviando –entre otras consideraciones- que era el Gobierno
andaluz el
mas cercano y el que mas naturalmente recibía y resentía la presión.
Pero es que antes de
llegar a
cuestionar la titularidad, se admitió como algo natural la disociación
entre titularidad, producción y venta en el mercado (de
Delphi en relación a General Motors/Opel y de la producción de Delphi
en
Andalucía de la circulación y venta de sus productos aquí y por
extensión a
titulo reivindicativo en el resto del Estado español y de la UE). No se
planteo
la exigencia de que la Junta de Andalucía -si la multinacional
persistía en sus
propósitos- penalizara a Delphi en Andalucía y reclamara lo propio a
Madrid y
Bruselas o exigiera el boicot en Andalucía a los componentes Delphi y
por
extensión a las marcas de autos que los usaran (sin tomar nota de que
con la excepción
de los pocos que fabrica Santana, todo el parque automovilístico que
circula
por Andalucía es extranjero).
Tampoco se hizo agitación –‘O Todos o ninguno’- vinculando la
situación de la fábrica andaluza a la del resto de factorías Delphi del
Estado
español, admitiendo de hecho la estrategia del salami de la
multinacional y
también aquí una disociación de futuro
entre unas y otras; perdiéndose así una formidable arma de presión
política
frente a empresa y Gobierno español. La opción e instalación de todos
los
pretendidamente ‘internacionalistas’ sindicatos
españoles seguro que jugo mucho en ello, con el consiguiente coste para
los
andaluces. Por otra parte, la implantación de esos sindicatos
–presentes en las
otras fabricas y en las otras empresas del sector automoción- no se
concretó en
acción alguna de solidaridad efectiva (salvo que se considere como tal
un viaje
de un día de 19 personas desde Cataluña para pasear una pancarta, unos
paros
puntuales simbólicos de unos cuantos minutos y la siempre fácil y
consabida
producción de comunicados). Delphi Cádiz
–como antes astilleros andaluces y antes tantos otros- se
enfrentó en solitario a la multinacional y corrió sola con el
gasto. Se demostró nuevamente que la extensión estatal de los
sindicatos
españoles no le servia de nada positivo a los trabajadores andaluces y
que sólo
daba amparo a las interferencias de los expertos y burócratas de Madrid.
Ciertamente, nadie puede
decir
que de haber optado por estas y otras propuestas y líneas alternativas
y
nacionales, se hubiera conseguido finalmente torcerle el pulso a la
multinacional. Pero igualmente se puede argüir que el no haberlo hecho
y haber
repetido las consabidas tácticas del sindicalismo dependiente –eso si,
siempre ‘políticamente correcto’- ha
conducido a un resultado que sólo puede
ser considerado como una nueva derrota.
Las opciones de todas las
versiones del sindicalismo español han terminado por facilitar al PSOE
el
cierre sin traumatismo de Delphi, tan coherente con su esencia como
gestor de
la Dependencia nacional. También han permitido a la derecha extrema
españolista
del PP que transite la crisis sin mayores costes, incluso cuando fue
cogida in
fraganti a través de un concejal suyo de Cádiz que trabajaba para
facilitar el
cierre. Ha facilitado que IU actúe descarnadamente como satélite del
PSOE y
amparo político secundario con verborrea izquierdista de CCOO y UGT.
Por su
lado, el andalucismo regionalista ha vuelto a mostrar que desde esa
ubicación
no sólo no tiene militantes para intervenir en luchas como esta sino
que carece
de discurso y credibilidad para siquiera atreverse a delimitarse del
resto y
levantar alternativas propias.
El final de
Delphi
Del “Delphi no se
cierra”
se
concluyó en el “divorcio por mutuo
acuerdo”.
La multinacional pactó el
4 de
Julio con CCOO, UGT, CGT y USO dedicar 120 millones de
euros a
indemnizaciones
a la plantilla fija, a razón de 45 días por año trabajado hasta un
máximo de
75.000 euros. Nada del otro mundo, porque –aparte la modesta cuantía
del
conjunto- a lo que se comprometía era a aplicar individualmente
cantidades
similares a las que legalmente se establecen al despido improcedente,
que puede
calificarse como tal tanto por razones de fondo como procedimentales.
Aceptó dejar a la gestión
de una
Agencia de la Junta de Andalucía el suelo, las instalaciones y las
maquinas
restantes pero no las patentes ni el derecho de uso, con lo que se
aseguraba
quitarse de en medio cualquier competencia futura mientras mantenía su
libre
acceso al mercado andaluz.
Para endulzar el trago, la
Junta
de Andalucía se comprometió a fomentar la consabida
‘reindustrialización’,
atrayendo empresas para instalarse en los solares de Delphi. A fecha de
hoy,
aunque en su momento se insinuó que había varias ya apalabradas, se
habla sólo de
una empresa de tecnología solar –para 100 empleos- o de ceder los
terrenos para
ampliar la fábrica de componentes para el AIRBUS y nada hay concretado
También ofreció el
Gobierno
andaluz los archiconocidos refuerzos en cursos de formación y la
apertura de
una bolsa de trabajo (que, por otra parte, puede provocar futuros
enfrentamientos entre trabajadores).
Es verdad que, ubicándose
en su
punto de vista, los trabajadores de Delphi han recibido más
indemnización por
despido de lo que la empresa ofreció en un principio. Pero también lo
es que
una lucha como esta ha terminado dejándolos en el desempleo. El 89,3%
de la
plantilla fija votó sí al Acuerdo en un referéndum para ratificar el
acuerdo que
dejó tras
de si flecos pendientes en lo tocante a la situación de eventuales y
subcontratas.
Valorar el grado de entusiasmo subjetivo con que se tomó esta decisión
ante la
ausencia de otras alternativas queda a la discreción y criterio de cada
cual.
Por lo que toca al
conjunto de la
clase obrera y del país, resulta evidente que se ha capitulado ante la
multinacional. Derrotas como estas –y más cuanto más cerca se ha
estado- supuran
inevitablemente conciencia de impotencia, fatalismo, cinismo,
insolidaridad y
división. El final de Delphi –que viene detrás de tantos otros en
similares
circunstancias- no ayudara sino todo lo contrario a facilitar que en
futuras
ocasiones se genere más allá de los directamente afectados los
sentimientos que
esta lucha encarnó.
Además, para
acabar de machacar y subrayar su victoria,
la multinacional Delphi -desmintiendo vía
hechos su presunta quiebra y puede que reutilizando lo ahorrado aquí en
relación
a sus previsiones internas reales- anunció poco después de conseguir su
cierre
en Andalucia: primero, que ampliaba su fábrica de Tánger (Marruecos)
–donde meses antes había despedido a 446 trabajadores de
una tacada simplemente por reclamar el cumplimiento de la legislación
laboral
marroquí- e invertía allí inmediatamente 27
millones de euros y planteaba la ampliación de su plantilla en
3.000
obreros y segundo, que hacia lo propio en la de Iasi (Rumania)
por una cuantía de 100 millones de euros y para emplear a
1.000 trabajadores más.
Toda una victoria del
sindicalismo
español (a costa de la clase obrera andaluza y de Andalucía).-
Documentacion y Seguimiento
Acuerdo
Empresa/Sindicatos CCOO, UGT, CGT, USO
Acuerdo
Sindicatos Delphi/Junta de Andalucia
Andalucia
Libre nº 318 - Especial Delphi
GAS
- Especial Delphi crisis en la Bahia
Especial
Delphi - Kaos en la Red
Seleccion de
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El Cierre
de Delphi - Reportaje de RTVE
Delphi,
Cronica de una lucha
(por Eva, una andaluza en Argentina)
Mujeres Delphi
Pasodoble
por Delphi
por Los Prejubilados
Mujeres de
Delphi en lucha
Manifestacion
por Delphi
Manifestacion
Delphi en Canal Sur
Mujeres de
Delphi y Chaves
Solidaridad con
Delphi
Huelga General
por Delphi
Delphi Huelga
General
Barricadas de
Delphi y maniobras del PP
Delphi Marcha a
Sevilla
Mitin
Delphi en Sevilla
El cerrojazo de
Delphi
Cierre de
Delphi: 'Divorcio por mutuo acuerdo'
Referendum en
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de un trabajador de Delphi
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