Luego de infinidades de presiones de vecinos y organizaciones
sociales nacionales e internacionales, Gustavo Posse, el alcalde de
San Isidro, al norte de Buenos Aires, desistió este jueves de
levantar el polémico muro que pretendía separar un barrio rico de
otro pobre en esta localidad.
El funcionario tomo la decisión, después de que vecinos
derribaran pilares de esa pared en medio del rechazo general a la
iniciativa.
"Las
autoridades municipales han decidido suspender provisoriamente los
trabajos a la espera de propuestas superadoras por parte de los
funcionarios responsables de la seguridad", indicó un comunicado de
la alcaldía, que al verse imposibilitada para combatir la
inseguridad reclama al gobierno provincial medidas de ayuda.
La
nota siguió a una decisión judicial, que ordenó la paralización de
la obra iniciada este martes para impedir incursiones delictivas en
una zona residencial de San Isidro, que limita con el barrio
carenciado "Villa Jardín".
El
polémico plan cosechó el inmediato rechazo del gobierno de Cristina
Kirchner y de la totalidad del arco opositor, además de la condena
de entidades humanitarias y sociales, y movilizó a indignados
vecinos del lugar, que exigieron la suspensión de la
obra.
Una
decena de habitantes de "Villa Jardín" destruyó la mañana de este
jueves a martillazos los cinco bloques de cemento y las barras de
hierro que servían de base al muro, bajo la mirada de la policía,
que no intervino.
Posse había dicho inicialmente que "dentro del margen de la
ley voy a hacer todo lo posible para cuidar a mis vecinos. Ese lugar
es un corredor del delito", como justificación para la construcción
del muro.
En
el hormigón en San Isidro predominan las residencias lujosas pero
también hay villas, término con el que en Argentina se le conoce a
los barrios más pobres del país.
El
ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, rechazó la
construcción del muro y acusó al alcalde Posse de intentar con esta
acción buscar "el posicionamiento electoral de alguien", de cara a
los comicios legislativos del próximo 28 de junio.
Para el
funcionario provincial, el levantamiento del muro es "una locura" y
"genera más delito" y agregó que los brotes de violencia se
persiguen "con la policía, no de otra manera".
Stornelli dio
estas declaraciones este jueves en una visita que hizo a la zona
donde Posse ordenpó la construcción, por órdenes del gobernador
Daniel Scioli "para supervisar que se detenga la obra y explicó que
"el municipio no tiene jurisdicción sobre la vía pública para
impedirla ni para acercar barrios, ni para dividir
gente".
Sobre la decisión tomada por Posse, Stornelli
consideró que "importa poco" y que " la provincia tiene que ejercer
su autoridad e impedir que esta conducta se consume", dijo
acompañado del intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro y los
representantes de los foros de seguridad de San Isidro y La Horqueta
"que no están dispuestos a acompañar esta locura".
El titular
de Seguridad recordó que el municipio de San Isidro tiene a
disposición "12 millones de pesos (unos 3 millones 200 mil dólares
estadounidenses USD) para gastar en seguridad y no se ha acercado
para saber cómo era el convenio".
Precisó además que el
municipio de San Isidro recibió "más de 200 efectivos policiales a
lo largo de la gestión del Gobernador Scioli, cantidad que no fue
superada por ningún otro distrito de la provincia".
"Todos
los distritos tienen lugares conflictivos, pero ésta es la manera de
genera más delito. Excluir es provocar, incitar a la violencia y
discriminar", sostuvo a la prensa tras ser consultado sobre los
efectos del cerco, que antes de su llegada ya había sido derribado
por los vecinos.
Entretanto el alcalde de San Fernando,
Osvaldo Amieiro, se mostró en contra de la división de los
municipios y a favor de "plantear una respuesta integral para un
problema común que tenemos los vecinos de San Fernando y San
Isidro".
Otros países del mundo también han planteado la
construcción de muros para dividir y supuestamente evitar hechos de
violencia: Estados Unidos (EE.UU.) con su famoso muro en la frontera
con México e Israel, con su pared de hormigón que separa a
asentamientos judíos de poblaciones palestinas.
intento de muro se
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El polémico plan cosechó el inmediato rechazo del
gobierno de Cristina Kirchner y de la totalidad del arco opositor, además
de la condena de entidades humanitarias y sociales, y movilizó a
indignados vecinos del lugar, que exigieron la suspensión de la
obra
