Los casos de pequeños campesinos que se ven forzados a
dejar las tierras donde viven y trabajan desde hace décadas son cada vez
m¡s numerosos. Gianfranco Macri y otros grandes empresarios son
protagonistas de expulsiones de estos días.
Son historias personales y colectivas que se
repiten en diferentes puntos del país. Modus operandi reiterados que se
multiplican con las declaraciones en primera persona de los afectados y en
los escritos judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar
documentos que supuestamente los benefician, luego llega la intimación
para abandonar sus tierras, después la presencia policial para concretar
el desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la herramienta m¡s
sofisticada del modelo de los agronegocios”, como denunció a P¡gina/12 el
abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.
Son historias comunes que afectan a campesinos y habitantes originarios de
Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa–
que pasan sus días entre la cría de animales, la cosecha de vegetales,
granos y la lucha por no ser desplazados.
Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de Enlace,
mira para otro lado y defiende sus intereses. Detr¡s de su silencio, se
amparan el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera Dura del Norte,
el empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes Edgardo y Juan Carlos
Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile (CRA), diputado electo
por el radicalismo.
A continuación, P¡gina/12 presenta algunas de las
historias que hacen visible lo que muchos se empeñan en
ocultar.
Un hermano ejemplar
En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta,
el empresario Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis
meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la
familia Garnica, que ocupa 170 hect¡reas; la familia Ruiz, con 500
hect¡reas, y la familia Cardozo, con 700 hect¡reas. Gianfranco Macri dice
que compró 15.000 hect¡reas en 2006, dentro de las cuales viven estos
campesinos.
“Los pequeños productores piden que se les reconozca el
derecho principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber
vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones. Desde
que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen tranquilos.
Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se tienen que sentar a
negociar cu¡ntas hect¡reas le corresponde a cada uno, no tienen problema.
Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por ciento del total que dice tener
Gianfranco Macri”, aseveró a este diario Rebecca Russo, abogada de la
Organización de Pequeños Productores del Chaco Salteño, entidad que cuenta
con el apoyo de la Federación Agraria. Según los campesinos de la zona, el
objetivo de Macri es la producción de soja y la cría intensiva de ganado
en feedlots.
En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura
Familiar le hizo firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces
diputado y ahora gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico
para el Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la
regularización de la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos
años de esa acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro
lado, las comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la
regularización de sus tierras (ley 26.160/06).
En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante
la Corte Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su
parte, hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000
personas, rodeados por 10 comunidades indígenas, que est¡n a la vera de
las rutas 34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta
oficial.
Poder político y empresario
“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y
los representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General
Belgrano, Amado Bobadilla (FpV) –que ahora est¡ distanciado de las
entidades agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos. No
existe ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que hayan
jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario Benigno
López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa
(Mocafor).
En esta provincia hay dos casos emblem¡ticos. Uno ocurre
en General Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y
empresario millonario –según sus propios compañeros federados de la Mesa
de Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de 38
hect¡reas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.
El otro caso emblem¡tico ocurre en el municipio de
Ingeniero Ju¡rez, departamento de Matacos, en una finca que se llama La
Florencia, de aproximadamente 60.000 hect¡reas, adonde viven m¡s de cien
familias de criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría
de ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el
empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa Sociedad
de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para expandir la
frontera agrícola.
Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la
connivencia entre Ferrer, el intendente de Ingeniero Ju¡rez, Cristino
Vidal Mendoza, y la policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa.
“Ferrer expulsa a los campesinos y vende las tierras a precios
internacionales. Hace dos años comenzó a reclamar formalmente por las
hect¡reas de La Florencia. Antes de eso se presentaba como alguien que
quería ayudar a los campesinos, les hacía firmar papeles con la excusa de
que conseguiría subsidios y así se fue haciendo de un manto legal, pero
ilegítimo, para reclamar algo que no le corresponde”, indicó López. En
Formosa hay 3 millones de hect¡reas en situación de conflicto.
Modus operandi
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación
(2006), desde hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de
Alberdi (Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera
Dura del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000
hect¡reas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un modus
operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos por este
diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en varias
oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión policial, disparos
con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de seguridad nacionales
como el Grupo Especial de T¡ctica Operacional de Alto Riesgo, división
especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero.
Dentro de las hect¡reas detentadas por Madera Dura del
Norte S.A. viven m¡s de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias,
destacamentos policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas
denuncias, desde el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y
supuestamente gendarmes para custodiar a parapoliciales y las topadoras,
de la empresa Desmontes Londero, que ya desmontaron m¡s de 15.000
hect¡reas. El reclamo un¡nime de la población de las regiones visitadas es
que el sistema judicial de la provincia actuaría sistem¡ticamente en favor
de los empresarios. A ello se agrega la gran dificultad de los campesinos
para acceder a la Justicia”, concluye el citado informe.
Federación Agraria y dos desalojos
Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un
campo ubicado en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la
localidad de Sebasti¡n Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija
extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron
el campo de 230 hect¡reas donde vivía. Esto fue en 1984. Tras la venta, el
campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo
y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio
de desocupación.
Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos
judiciales terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero
logró volver a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a
desalojar. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero
r¡pidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de
Oncativo. Según indicó a este diario un dirigente de la entidad, cuando se
conoció el hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la
nada.
La lucha del granito rojo
José Luis Godoy, de 43 años, enfrentar¡ el próximo lunes
junto a su hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que est¡n
imputados como usurpadores de un predio de 26 hect¡reas, ubicado dentro
del campo donde su familia vive desde hace m¡s de sesenta años. Un
productor y empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les reclama
esas hect¡reas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo Príncipe,
recurso natural de alto valor económico.
“Hace m¡s de sesenta años que vivimos en la comunidad
Represa Morales, a 10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos
luz eléctrica, tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a
la escuela rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos
cabras, chanchos, ovejas, es un campo tirando a ¡rido, de 400 hect¡reas.
Hace muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona
diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le había
firmado un papel cediendo las 26 hect¡reas donde est¡ el granito rojo. El
abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez, después
resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se juntaron para
desalojarnos”, relata.
“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hect¡reas
del campo. En 2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos
a Casación en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la c¡rcel.
Este empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos
matando animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres cuando
los hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las
canteras.”
Hay par¡metros generales que se dan tanto en Santiago del
Estero, Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía
o como parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de
campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta m¡s
sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que debería
servir para equiparar la desigualdad natural, termina favoreciendo a los
m¡s poderosos. De un lado quedan los impulsores de los agronegocios, con
la soja a la cabeza y la especulación inmobiliaria. Del lado de enfrente,
est¡n los agricultores familiares”, concluyó el abogado Ramiro Fresneda,
integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137628-2009-12-26.html
Y pensar que hace solo 1 año y meses la gran
mayoría de los Argentinos, salio a defender con cacerolas y reclamos a los
agrosojeros/piqueteros desalojadores!!!!
Digo la gran mayoría porque al igual que yo
muchos no participamos de ese intento desestabilizador, con visos de lucha
por la libertad para ganar mas plata, aunque eso significara dejar en la
calle a miles, generando así mayor pobreza y desplazamiento de personas
que fueron a engrosar los barrios periféricos de las grandes urbes, las
cuales hoy algunos citan al referirse a la pobreza en la Argentina,
que hipocresía por Dios.
Los desplazados de
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