Daniel Sabsay es abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Su postura a favor del Grupo Clarín durante el debate por la Ley de Medios fue notoria. Sin embargo, a la hora de calificar la mega obra del vicepresidente de ese grupo, José Antonio Aranda, asegura que “esta represa es ilegal. Está viciada desde el origen. El gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto el ordenamiento territorial de bosques que posibilita su construcción, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Corrientes, porque una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos no puede ser saldada con un decreto.”
 A pesar de que luego haya salido por ley, Sabsay sostiene que “sigue adoleciendo de graves problemas porque el contenido sustantivo de la norma sancionada incumple con aspectos fundamentales del marco normativo ambiental nacional y provincial, y hasta se violan tratados internacionales que la Argentina suscribió con rango constitucional. Es una barbaridad que se permita la apropiación de un curso de agua que es de dominio público en una zona de altísima biodiversidad, que la propia Unesco definió como una reserva de biosfera.”
Desde el punto de vista del constitucionalista, “está en tela de juicio la autorización de la represa. Hay muchas voces disonantes al respecto. Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental. Pero va más allá de lo ambiental, desde el punto de vista del derecho.”

La empresa Copra figura inscripta como sociedad anónima desde el jueves 20 de marzo de 1975. Se trata de una firma familiar, cuyos accionistas principales son  el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, Noemí Alma Luna de Aranda y Antonio Aranda, según consta en el Boletín Oficial del  18 de noviembre de 2009.
En 2005, esa empresa, junto con Pilagá SA, avanzó con la idea de construir la Represa Ayuí Grande. Presentaron una evaluación de impacto ambiental que fue cuestionada por la mayoría de los ecologistas. Cuatro años después, como la Ley Nacional de Bosques congelaba los desmontes hasta tanto la provincia emitiera su propio ordenamiento, presionaron para que la autorización necesaria saliera por decreto. Y lo consiguieron. El entonces gobernador Arturo Colombi firmó el decreto 1439/09 un día antes de dejar su cargo y declaró: “Saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento a la provincia.” Pero el Superior Tribunal de Justicia provincial determinó que era “inconstitucional y atendía a intereses particulares”. Pero en junio de este año, la Legislatura correntina transformó en ley el polémico decreto.
Enseguida hubo oposición. La realizó la diputada provincial María inés Fagetti, presidenta de la Comisión de Ecología. En diálogo con Tiempo Argentino precisó: “Lo más crítico fue la falsificación de un informe del Instituto de Botánica del Nordeste, que al transcribirlo se omitió un párrafo sustancial que identificaba zonas rojas a los bosques de rivera. Es muy evidente que se quiso eliminar como zona crítica aquella donde se quiere construir la represa.”