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Asunto:[GAP] El mundo al revés
Fecha:Sabado, 23 de Diciembre, 2006  14:06:30 (+0100)
Autor:Guillermo <guillermo @.....es>

Artículo de opinión

El mundo al revés

En EE.UU. se persigue al empleado público que se atreve a
denunciar delitos de fraude, corrupción y abusos de poder

Por Jeff Ruch*
New York, jueves 21 de diciembre de 2006

La ley de EE.UU. protege al empleado público que se atreve a formular
denuncias «whistleblower» de abusos y de corrupción en la administración
pública, además de establecer el imperativo legal de investigar los
casos denunciados. Esta saludable práctica en favor de la salud ética
del Estado no sólo fue abandonada por el gobierno Bush, sino que además
la persigue.

 ¿Será capaz la justicia estadounidense de corregir todas las anomalías
que se generan en su gigantesco país y en donde cada día el crímen
organizado y las mafías toman más poder?

El consejero especial Scott Bloch, instalado por el Presidente Bush en
2004 como jefe de la Oficina del Consejero Especial (OSC, en inglés),
está supervisando la virtual eliminación de los derechos federales de la
figura del "whistleblower", es decir, la inmunidad del empleado de la
administración pública de EE.UU. que es capaz de formular denuncias de
fraudes, corrupción y abusos de poder, figura tradicionalmente protegida
por la legislación estadounidense.

Se supone que la Oficina del Consejero Especial es la agencia que
protege a los empleados federales que se atrevan a denunciar esas
tropelías, pero ahora está enterrando centenares de casos y despidiendo
a los denunciantes, sin adelantar casi ninguna investigación. En el
primer año de funciones del nuevo consejero especial, Scott Bloch, los
resultados favorables a las denuncias fueron rechazados globalmente en
un 24%.

Según el Informe Anual para 2004 de la OSC (qué no se dio a conocer
hasta el final del primer cuatrimestre del año fiscal 2006) se envió a
investigar menos de 1,5% de los reclamos del "whistleblower", mientras
más de 1.000 denuncias permanecieron engavetadas, incluso sin que fueran
abiertas. Se eligieron sólo ocho demandas para ser procesadas, todas de
poca relevancia, como una que incluyó el robo de un escritorio y otra
referida a una violación de asistencia.

Bloch, quien ha recibido numerosas quejas desde que asumiera el cargo,
defendió sus primeros trece meses en la oficina alegando atrasos y una
declinación en el número de casos denunciados. El director ejecutivo de
la organización Public Employees for Environmental Responsibility
(Empleados Públicos para la Responsabilidad Medioambiental, PEER), que
protege a los servidores públicos que cuidan el medio ambiente, Jeff
Ruch dijo:
«... Los atrasos y retrasos son una pena, pero ellos no son tan malos
como para simplemente cerrar los casos».

Según datos proporcionados por Bloch en febrero de 2005, más de 470
reclamos por justicia fueron desestimados y ninguna vez se actuó
afirmativamente con algún denunciante o whistleblower. De hecho, para
acelerar los despidos, Bloch instituyó una regla que prohíbe a su
personal avisarle a un whistleblower si su descubrimiento se juzga
incompleto o ambiguo para facilitar que la OSC desestime la materia.
Como resultado, cientos de whistleblowers nunca tendrán la oportunidad
de defender sus acusaciones. Ruch advirtió que estos números se limitan
a sólo a casos anteriores, que no incluyen a los nuevos.

El 3 de marzo de 2005, los miembros del personal de la OSC se agruparon
en una organización por la protección del whistleblower y junto con
organizaciones de derechos civiles introdujeron una queja contra Bloch.
Sus propios empleados lo acusaron de violar las mismas reglas que se
supone que él debería estar dándoles fuerza. La queja involucra casos de
órdenes de amordazar, amiguismo, discriminación injusta y venganza para
forzar la salida de una quinta parte del personal legal e investigador
de la sede principal de OSC.

La queja fue engavetada por el Consejero Presidencial para la Integridad
y la Eficacia, que no tomó ninguna acción sobre el caso durante siete
meses. Como el PEER fue uno de los grupos que co-patrocinó la queja
contra Bloch, su director ejecutivo Ruch quisiera saber “¿Quién vigila a
los ’perros guardianes’?”

Éste fue el tercer procedimiento contra la conducta funcionaria de Bloch
en menos de dos años en el cargo. La Oficina de Responsabilidad
Gubernamental y un subcomité del Senado americano abrieron
investigaciones sobre los despidos en masa de casos del whistleblower,
contratos por amistad (sin licitación) y una cacería de Bloch contra
empleados gay para removerlos, mientras se niega a investigar casos que
involucran discriminación en base a la orientación sexual.

En una maniobra entre bastidores, el Departamento del Trabajo también se
ha empeñado en cancelar las protecciones del whistleblower. Si esto
sucede, el Departamento desestimará las demandas de obreros federales
que informen de violaciones a la ley de Limpieza del Aire y a la ley
Bebiendo Agua Segura. El consejero general del PEER Richard Condit dijo:
“Los obreros federales de las agencias con funciones como las que tiene
la Agencia de Protección Medioambiental son como los ojos y oídos
públicos . . .; el Departamento del Trabajo se está moviendo para cerrar
una de las pocas avenidas legales que se dejó abierta al whistleblower”.

El Departamento del Trabajo está intentando invocar la antigua doctrina
de inmunidad soberana que establece que el gobierno no puede demandarse
sin su consentimiento. El Consejo de Revisión Administrativa del
Departamento del Trabajo invitó a la Agencia para la Protección del
Mediombiente (EPA, en inglés) a crear una defensa de inmunidad soberana
contra un caso reciente en que una mujer estaba intentando darle fuerza
a una temprana victoria administrativa. Joanne Royce, consejera general
de Proyecto de Responsabilidad Gubernamental resume las mayores
preocupaciones: “Nosotros no queremos a servidores públicos que se
pregunten si ellos perderán sus trabajos por haber actuado contra las
violaciones de las normas de contaminación cometidas por intereses
políticamente bien conectados”.

Actualización de Jeff Ruch

Con la declinación de la vigilancia del Congreso de EE.UU. y la calidad
desigual del periodismo investigador, válvulas como la Oficina del
Consejero Especial de EE.UU. se convierte en un cauce aún más importante
para la transparencia gubernamental. Desgraciadamente, bajo el Consejero
Especial designado por Bush, este supuesto asilo para el whistleblower
se ha convertido en una señal luminosa de falsa esperanza para miles.

Cada año, cientos de funcionarios entregan su testimonio sobre problemas
que van desde amenazas a la seguridad pública al descubrimiento de
pérdidas de fondos de impuesto, pero sus informes se pierden o chocan
contra un muro de piedra en la Oficina del Consejero Especial (OSC). Por
consiguiente, no se investigan estas denuncias de primera mano de
malversación y casi uniformemente nunca alcanzan la atención del
público.

La importancia de este estado de cosas es que el funcionamiento real de
las agencias federales está envolviéndose en la mortaja del secreto y la
desinformación. Los estadounidenses están menos informados sobre su
gobierno y son menos capaces de estar en relación con las personas que
realmente trabajan para ellos: los servidores públicos.

En un reciente episodio, los empleados al interior de la OSC han
presentado una queja sobre el whistleblower contra el Consejero
Especial, la persona que se supone que es el defensor principal del
whistleblower. Después de tardar varios meses, la Casa Blanca de Bush
asignó esta queja para su revisión al Inspector General para la Oficina
de Dirección del Personal. Esta investigación, supuestamente
independiente, simplemente ha empezado en serio casi un año después
desde que la queja fue introducida.

Asimismo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés)
emitió en mayo de 2006 un informe demoledor contra el Consejero Especial
designado por Bush por ignorar las normas de competitividad entregando a
dedo, sin licitación, importantes contratos a consultores. La GAO
también recomendó crear un canal independiente para que los empleados de
la Oficina del Consejero Especial puedan hacer sonar sus alarmas
respecto a los extensos abusos del Consejero Especial.

En el reciente desarrollo del pleito del PEER contra el Consejero
Especial para obtener la desclasificación de documentación concerniente
a contratos por amiguismo, aparecieron documentos señalando que al
parecer estos consultores no hicieron un trabajo identificable, o sea,
cobraron pero no hicieron nada. Irónicamente, el PEER tuvo que invocar
la Ley de Libertad de Información, una norma cuyas garantías también
debería vigilar el Consejero Especial.

Y en un nuevo informe anual al Congreso, la OSC (criticada por su
actuación decadente), por primera vez tiene detenida la desclasificación
sobre el número real de casos del whistleblower en que se obtuvo un
resultado favorable. Por consiguiente, es imposible decirle a nadie si
realmente está recibiendo ayuda de la agencia.

La página web de PEER (http://www.peer.org) contiene todo los
desarrollos sobre esta historia de la Oficina del Consejero Especial y
también permite que los lectores rastreen el génesis del conflicto.

Fuentes:

Public Employees for Environmental Responsibility website Titles:
«Whistleblowers Get Help from Bush Administration», December 5, 2005.
«Long-Delayed Investigation of Special Counsel Finally Begins», October
18, 2005.
«Back Door Rollback of Federal Whistleblower Protections», September 22,
2005.

Faculty Evaluator: Barbara Bloom.
Student Researchers: Caitlyn Peele and Sara-Joy Christienson.

*Jeff Ruch es co fundador de Public Employees for Environmental
Responsibility (Empleados Públicos para la Responsabilidad
Medioambiental, PEER) con Jeff DeBoris y su director ejecutivo desde
1997. Además, durante cuatro años se desempeñó como Director del
Programa y Consejero General. Antes fue Director de Política y miembro
del equipo de abogados del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental que
representa al whistleblower del sector público y privado. Durante 17
años trabajó en la gobernación del estado de California, principalmente
en la Legislatura Estadal como consejo de varios comités dónde bosquejó
literalmente ciento de leyes en temas que van desde la conservación de
la energía a los derechos de los empleado. También sirvió como
comisionado del fiscal del distrito y en la Corte de Apelaciones.
jruch@...

Traducción de Ernesto Carmona

(*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa a cargo del
profesor de sociología Peter Phillips, de la Universidad Sonoma State de
California, que desde hace 30 años emite un estudio anual sobre las 25
grandes noticias “top” ocultadas por la gran prensa de EE.UU.. Estas “25
historias top” sobre grandes temas sustraídos del debate periodístico
ofrecen una radiografía actualizada de la sociedad estadounidense y la
política exterior de EE.UU., cuyo conocimiento permite comprender mejor
los designios del imperio. Los textos completos pueden verse (en inglés)
en http://www.projectcensored.org/

http://www.voltairenet.org/article144436.html


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