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Asunto:[GAP] Ley Televisa / Avasallamiento de la Republica
Fecha:Miercoles, 9 de Mayo, 2007  21:58:55 (-0500)
Autor:Proyecto Interredes <lacasadelared @.....com>

 Golpe a la ambición 
Jenaro Villamil 
proceso.com.mx 
No.  1592 
 
Promulgada con la abierta sumisión de legisladores de todos los partidos al 
gobierno de Vicente Fox, la Ley Federal de Radio y Televisión está, sin 
embargo, a punto de hundirse. 
 
El proyecto de dictamen de la Suprema Corte de Justicia –a la que 
recurrieron 47 senadores que se oponen a lo que consideran "el plan de 
negocios" del consorcio de Azcárraga Jean– exhibe sus aberraciones jurídicas 
y podría declararla anticonstitucional. Incluso el exsecretario de 
Gobernación y hoy senador panista Santiago Creel, la reconoce, 
"arrepentido", como producto de una imposición. 
 
El plan de negocios de la televisión privada recibió un golpe mortal al 
considerarse como "parcialmente fundada" la acción de anticonstitucionalidad 
contra la Ley Televisa por el ministro ponente Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, quien inició así el revire sobre las polémicas reformas en un 
sector dominado por monopolios que concentran la mayor parte de los 45 mil 
millones de dólares anuales que se generarán por los servicios convergentes 
de telefonía, televisión e internet. 
 
El repliegue de quienes antes avalaron estas reformas incluyó al actual 
coordinador de senadores del PAN, Santiago Creel, quien asumió en entrevista 
radiofónica con Carmen Aristegui que la aprobación de la Ley Televisa, en 
plena campaña presidencial de 2006, "fue más bien una imposición que una 
negociación". 
 
"Es tiempo de rectificación", sentenció Creel, el mismo funcionario que como 
secretario de Gobernación aprobó el famoso "decretazo" del 10 de octubre de 
2002 para favorecer los reclamos de Televisa y le otorgó a esa misma empresa 
130 permisos para operar centros de apuestas, cinco días antes de abandonar 
su oficina de Bucareli para buscar la nominación presidencial del PAN. 
 
El reconocimiento de Creel se generó un día después que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación entregara el proyecto de resolución que se discutirá 
en las próximas dos semanas por los otros 10 ministros y que los 
coordinadores de las tres principales fuerzas políticas en el Senado (Manlio 
Fabio Beltrones del PRI, Carlos Navarrete del PRD y el propio Creel) 
declararan en Washington que si los ministros no decretan la 
anticonstitucionalidad, la Cámara alta procederá a enmendar esa iniciativa. 
 
El repliegue en cuanto a la Ley Televisa –bautizada así por Proceso en su 
edición 1519, del 11 de diciembre de 2005– se genera después de las 
presiones de organismos internacionales, con sede en Washington, que han 
criticado la "alta concentración monopólica" de la televisión mexicana, de 
que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, reconociera 
ante The Financial Times que los organismos reguladores del sector, como la 
Cofetel, han sido "capturados" por las empresas que deben regular, y de que 
el gobierno de Felipe Calderón ha pospuesto hasta 2008 la licitación pública 
de nuevas concesiones de radio y televisión y ha negado la posibilidad de 
que exista una "tercera cadena" de televisión. 
 
Al mismo tiempo, los informes de la fiscalización del Instituto Federal 
Electoral sobre los gastos de los partidos políticos en las elecciones de 
2006 revelan que más de 80% del gasto en medios electrónicos fue a parar a 
las arcas de Televisa. 
 
 
 
La ley del dinero 
 
 
 
Un año después de que 47 senadores de la República, encabezados por Javier 
Corral y Manuel Bartlett, impugnaran las polémicas reformas, el proyecto de 
resolución del ministro Aguirre Anguiano concluye que la Ley Televisa es 
anticonstitucional porque consagra "un sistema de privilegio para la 
obtención de una concesión en materia de telecomunicaciones", establece "una 
hegemonía en el mercado que podrá ser ejercida por grupos de poder", 
propicia que "el elemento determinante para el otorgamiento de una concesión 
sea meramente económico", "viola la rectoría del Estado" en materia de radio 
y televisión, y excluye a las comunidades indígenas. 
 
El proyecto de 544 cuartillas, del cual Proceso obtuvo una copia, concluye 
que son anticonstitucionales los artículos 9-C de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, así como el artículo 16 en la parte relativa a la 
duración de 20 años en las concesiones, el 17-G que consagra el mecanismo de 
licitación por subasta pública privilegiando así a los grupos de mayor poder 
económico, y los 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, que 
permiten a empresas como Televisa y TV Azteca obtener concesiones en materia 
de telecomunicaciones sin tener que pagar contraprestación alguna al Estado 
ni someterse a licitación pública. 
 
Una de las argumentaciones medulares del proyecto del ministro Aguirre 
Anguiano establece que "la modalidad de subasta pública en la licitación 
pública no propicia una sana competencia entre todos los prestadores de 
servicio ni evita su concentración en unas cuantas manos, pues al 
privilegiarse el elemento económico para el otorgamiento de la concesión se 
favorece indirectamente la creación de monopolios y prácticas monopólicas 
que impiden la libre competencia o concurrencia en el sector". 
 
Al mismo tiempo, el documento advierte que los medios masivos de 
comunicación "cumplen una función social trascendental en la educación, la 
cultura y la integración de la población" y, por esta razón, es 
anticonstitucional que "el elemento determinante para el otorgamiento de la 
concesión sea meramente económico". 
 
La extensa resolución analiza los 21 conceptos de invalidez presentados el 8 
de mayo por 47 senadores opositores a la Ley Televisa. La mayoría de los 
artículos impugnados, relativos a las funciones y la integración de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como nuevo organismo 
regulador son considerados como válidos por Aguirre Anguiano (9-A y 9-D de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones), al igual que el polémico mecanismo de 
refrendo automático de las concesiones, establecido en el artículo 16 de la 
Ley Federal de Radio y Televisión, y los requisitos para obtener una 
concesión estipulados en los artículos 17-E, 17-F y 17-G. 
 
En su resolución sobre los artículos considerados como violatorios de la 
Constitución, el ministro Aguirre Anguiano los sintetiza así en las páginas 
442 y 443: 
 
"–El procedimiento de licitación pública previsto en la Ley Federal de Radio 
y Televisión, únicamente en cuanto se establece en el artículo 17-G que la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones valorará, para definir el 
otorgamiento de la concesión, entre otras cuestiones, el resultado de la 
licitación a través de subasta pública. 
 
"–El establecimiento de un término fijo para la concesión de 20 años, 
conforme al artículo 16 de la misma ley. 
 
"–El beneficio que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión 
otorga a los concesionarios de bandas de frecuencias atribuidas para la 
prestación del servicio de radiodifusión, que se traduce en que éstos, 
mediante una simple solicitud formulada a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, podrán ser autorizados para prestar servicios de 
telecomunicaciones adicionales a través de dichas bandas, es decir, sin que 
se les sujete al procedimiento de licitación pública contemplado para 
cualquier otra persona interesada en obtener una concesión en materia de 
servicios de telecomunicación y, además, sin que esté consagrado el derecho 
del Estado a obtener una contraprestación a cambio de la nueva concesión 
autorizada, puesto que el cobro de la misma se establece como una mera 
posibilidad." 
 
En su argumentación en contra de establecer un plazo fijo de 20 años para 
detentar una concesión, el ministro critica el argumento de los "derechos 
adquiridos" sobre el uso del espectro radioeléctrico: 
 
"En consecuencia, si a través del otorgamiento de la concesión para el uso 
de las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión, nacen 
una serie de derechos a favor de los concesionarios, al establecerse que el 
término de aquélla será forzosamente de 20 años que propician situaciones de 
derecho que dificultan que el Estado cumpla con su deber constitucional de 
actuar como rector de la economía en el sector de telecomunicaciones, así 
como el de proteger el bien del dominio público concesionado, manteniendo el 
dominio de las respectivas vías de comunicación, ya que no pueden alterarse 
las características de la concesión, sino mediante resolución administrativa 
o judicial". 
 
Sobre el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la resolución 
subraya que viola los artículos 1, 25, 27 y 28 constitucionales porque 
vulnera el principio de igualdad, la rectoría económica del Estado, la 
utilización social de los medios públicos y "propicia fenómenos de 
concentración que contrarían al interés público y la libre concurrencia en 
este segmento del mercado". 
 
La resolución califica claramente como "tratos privilegiados" los que se les 
otorgan a los concesionarios como Televisa y TV Azteca, que pueden prestar 
servicios de telecomunicaciones como son telefonía celular o internet. Y 
advierte de esta manera el panorama de concentración mayor: 
 
"Los concesionarios de televisión abierta, que tiene 462 concesiones de 
canales analógicos… concentrarán también los servicios adicionales de 
telecomunicaciones por el fácil acceso que se les otorga, con el detrimento 
correspondiente que implica para la libre competencia al saturarse así el 
mercado y, de esta forma, impedirse la participación de nuevas personas en 
él, lo que, a su vez, se traduce en una hegemonía en el mercado que podrá 
ser ejercida por grupos de poder, no sólo en perjuicio de la rectoría 
económica del Estado, sino también de las políticas de comunicación social, 
desarrollo educativo, difusión e integración cultural." 
 
Por si fuera poco, "no se establece como obligatorio el pago de una 
contraprestación por los servicios adicionales de telecomunicación que se 
autorice para prestar a los concesionarios de radiodifusión, lo que 
significa que el Estado no obtendrá beneficio alguno para el otorgamiento 
del uso de un bien del dominio público de la nación escaso y de alta 
cotización, en trasgresión a lo dispuesto por los artículos 25, 26, 27 y 28 
constitucionales". 
 
La resolución advierte que el Acuerdo de Convergencia, promulgado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 3 de octubre de 2006, no 
subsana ni la desigualdad ni la ventaja económica que el artículo 28 
establece para los concesionarios de televisión. 
 
En la página 520 subraya: "Un acuerdo emitido por una secretaría de Estado 
no puede purgar el vicio contenido en una ley emanada del Congreso de la 
Unión" ni tampoco elimina la desigualdad de los concesionarios de 
televisión, no sólo frente a otros concesionarios de telecomunicaciones 
(como Telmex) sino respecto de "otros permisionarios de servicios de 
radiodifusión y de cualquier interesado en obtener una concesión para 
prestar servicios de telecomunicaciones utilizando bandas de frecuencias 
para usos determinados". 
 
 
 
La próxima discusión 
 
 
 
En entrevista, el exsenador priista Manuel Bartlett califica el proyecto de 
resolución como una "acción sin precedentes" porque "establece criterios de 
valor axiológicos que están retomando los principios de pluralidad, 
diversidad y de interés público de los medios de comunicación". 
 
"Este es un triunfo de la opinión pública que criticó a la Ley Televisa; sin 
los medios críticos la Suprema Corte no hubiera reaccionado", sentencia 
Bartlett, quien encabezó junto con Javier Corral el grupo de senadores que 
se opuso a esas reformas. 
 
No obstante, advierte que el bloque de legisladores que promovió la acción 
de anticonstitucionalidad insistirá en los próximos días en argumentar ante 
los ministros de la Suprema Corte que también son anticonstitucionales el 
mecanismo de refrendo automático que "permite que las televisoras se queden 
a perpetuidad con las concesiones" (artículo 16), las facultades exclusivas 
que le otorgan a la Cofetel "invadiendo las funciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes", y la contratación de propaganda electoral en 
medios electrónicos por parte de los candidatos y no de los partidos 
políticos, en contra de lo que establece la ley electoral. 
 
Estos serán los puntos más álgidos que se discutirán a partir del 14 de 
mayo, cuando los ministros de la Suprema Corte suspenderán todos sus 
trabajos y se concentrarán en el análisis de la anticonstitucionalidad de la 
Ley Televisa, considerada por el propio ministro presidente Guillermo Ortiz 
Mayagoitia como "de más alta prioridad" para el tribunal supremo. 
 
Bartlett precisa que en la discusión participarán especialistas técnicos que 
propondrán la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional. "Es muy importante que los técnicos elegidos sean 
auténticamente imparciales y nosotros estaremos pendientes de eso", advierte 
el exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación durante el sexenio 
de Miguel de la Madrid. 
 
De antemano, la discusión más fuerte, reconoce Bartlett, se concentrará en 
el artículo 16, que permite el refrendo automático de los concesionarios, y 
en el 79-A, que abre la posibilidad de que los candidatos contraten 
directamente con la publicidad electoral en la televisión comercial. 
 
El proyecto de resolución argumenta que el refrendo automático no promueve 
los monopolios porque, "de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17-A, 
17-B, 17-E y 17-F de la ley citada, quienes deseen prestar este tipo de 
servicios deberán ubicarse en los supuestos normativos correspondientes"; ni 
tampoco permite los privilegios porque los concesionarios "ya se sometieron 
a un procedimiento de selección, es decir, ya participó en la licitación 
pública de la concesión respectiva en la cual fue designado vencedor, o bien 
ya satisfizo los requisitos que la legislación en la materia, antes de la 
reforma, preveía para este propósito". 
 
En contra de esta opinión, el equipo jurídico de los 47 senadores que 
promovieron la acción de anticonstitucionalidad considera que el refrendo 
automático "establece regímenes discriminatorios, en violación a lo previsto 
por el artículo 1 de la Constitución, además de que con dicha posición 
difícilmente el Estado puede asegurar la eficacia en la prestación de los 
servicios públicos y la utilización social de los bienes concesionados, lo 
que se traduce en la violación a lo dispuesto por el artículo 28 
constitucional". 
 
Otro punto álgido será la discusión sobre el artículo 79-A, ya que "no está 
permitido por la Constitución que candidatos a puestos de elección popular 
contraten con los concesionarios difusión de propaganda electoral". Esta 
facultad, de acuerdo con el artículo 41 de la ley electoral federal, es 
facultad sólo de los partidos políticos. ? 
 
 
 
---- 
 
 
 
Cinismo 
Jenaro Villamil 
 
A las 8:30 de la mañana del viernes 4, en entrevista telefónica con Carmen 
Aristegui en el noticiario radiofónico Hoy por hoy, Santiago Creel cimbró a 
su propio partido cuando finalmente asumió: "las cosas fueron más bien una 
imposición que una negociación". 
 
Quien fue secretario de Gobernación durante casi todo el sexenio foxista 
hablaba de la Ley Televisa y justificaba así su actual posición: "yo no 
estuve directamente en el proceso de negociación, pero quienes son 
responsables fueron el Congreso, en la Cámara de Diputados donde todos los 
partidos la votaron a favor, la mayoría en el Senado de la República". 
 
"Es tiempo de rectificar los errores", sentenció. 
 
Apenas un día antes, en Washington, el coordinador de la bancada panista en 
la Cámara alta advirtió frente a la inminencia del proyecto de resolución 
del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano: "una de dos, o el cambio lo 
hace la corte o lo hacemos nosotros" en el Senado. 
 
En el marco de una visita al Centro de Estudios Estratégicos Internacionales 
(CSIS, por sus siglas en inglés), acompañado por sus homólogos del PRI 
Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, Creel explicó: 
 
"Una ley que se aprueba de la manera como ésta se llevó a cabo, en medio de 
una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y los partidos a su 
aprobación, en medio de una negociación de espacios publicitarios. No es la 
manera para aprobar una ley." 
 
Y ante Carmen Aristegui, quien insistentemente le preguntó por los 
entretelones de lo que él llamó una "imposición", Creel reiteró: "En la 
forma y en el fondo es una ley que afianza los privilegios a quienes 
actualmente detentan un oligopolio. Eso no es correcto". 
 
La respuesta de su correligionario y coordinador de los panistas en la 
Cámara de Diputados, Héctor Larios, fue inmediata. El mismo día desmintió a 
Creel y dijo que no compartía "ninguna de las declaraciones" del también 
exprecandidato presidencial. 
 
"A mí me tocó estar en el Senado en ese momento y me parece que todo lo que 
afirma él (Creel), si es que lo afirma, no tiene sustento… No se cedió a 
ninguna presión", insistió Larios, el mismo personaje que días antes de la 
aprobación de la ley, el 22 de marzo de 2006, se reunió con los senadores 
del PAN y el dirigente nacional de ese partido, Manuel Espino, y acordaron 
que si no se tenían los votos de la mayoría de los legisladores de Acción 
Nacional, la campaña de Felipe Calderón estaría "en peligro" (Proceso 1535). 
 
Para no pocos panistas y representantes de organizaciones ciudadanas, las 
declaraciones críticas de Santiago Creel no corresponden a todos los favores 
que le otorgó a Televisa durante sus cinco años como responsable de la 
política interior y la normatividad de medios en el país. 
 
Primero, dejó pasar en 2001 la instalación del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión que ordenaba tanto el reglamento como la Ley Federal de Radio y 
Televisión vigentes, a petición de Televisa. 
 
Después, el 10 de octubre de 2002, Creel apoyó el decretazo que se negoció 
entre Marta Sahagún y Bernardo Gómez para reducir el pago de los tiempos 
fiscales de 12.5% y, de paso, abortar el proyecto de reformas a la Ley 
Federal de Radio y Televisión que durante un año y medio se discutió en la 
propia Secretaría de Gobernación entre especialistas, concesionarios y 
funcionarios públicos. 
 
Precisamente ese proyecto abortado, que promovían decenas de organizaciones 
ciudadanas, fue lo que dio origen a la iniciativa original de reforma a los 
medios electrónicos que se discutió desde 2003 hasta diciembre de 2004 en el 
Senado de la República. 
 
Durante este lapso, Santiago Creel, quien se perfilaba como el sucesor más 
firme en el equipo de Vicente Fox para las elecciones de 2006, nunca se 
pronunció a favor de esta reforma que apoyaron correligionarios de su 
partido como Javier Corral o Felipe de Jesús Vicencio. 
 
El escándalo mayúsculo se produjo poco después que abandonó la Secretaría de 
Gobernación para contender como candidato presidencial del PAN. Una 
filtración atribuida al "fuego amigo" panista reveló que cinco días antes de 
que Creel dejara la dependencia autorizó un paquete de casi 200 permisos 
para operar centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. En 
esa autorización, Creel le entregó a Televisa 130 permisos de este negocio, 
que se convirtió ya en la cuarta fuente de ingresos para el consorcio. 
 
En medio del escándalo, el 16 de mayo de 2005 Creel dejó de ser el titular 
de la Secretaría de Gobernación para grabar un spot que le produjo Pedro 
Torres, el mismo que dirigió a los inquilinos de la casa del Big Brother, el 
reality show estelar del Canal 2 de Televisa. 
 
A pesar de la millonaria inversión de Creel en promocionales de televisión 
abierta, especialmente en Televisa, el favorito de Vicente Fox para la 
nominación panista perdió en la contienda interna ante Felipe Calderón. Su 
equipo amagó con presentar pruebas de un "fraude" que se cometió, sobre 
todo, en las internas de Yucatán. Finalmente, Creel no litigó y aceptó su 
derrota. ? 
 
 
--  
CALENDARIO ESPIRITUAL 2007 
Recursos en red actualizados: 
www.mind-surf.net/redluzcalendario.htm 
CASA ATZINGO 
www.lacasadelared.com 
Portal fisico y virtual a la: 
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www.egrupos.net/grupo/redcuauhnahuak 
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www.redconciencia.org.mx 
RED ANAHUAK 
www.laneta.apc.org/redanahuak 
www.elistas.net/lista/redanahuak 
RED IBEROAMERICANA DE LUZ 
www.redluz-ci.org 
www.elistas.net/lista/redluz 
www.mind-surf.net/redluz.htm 
www.mind-surf.net/comunidad.htm 
PROYECTO INTERREDES 
www.interredes.org 
www.egrupos.net/grupo/interredes 
ENLACES RECOMENDADOS 
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www.ivanillich.org 
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www.despiertamexico.com 
REDES NACIENTES 
www.egrupos.net/grupo/redcolombianadeluz 
www.egrupos.net/grupo/redperuanadeluz 
www.egrupos.net/grupo/redistmo 
www.egrupos.net/grupo/redluzdominicana 
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