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Asunto:[GAP] Intocables, los proveedores de armas
Fecha:Miercoles, 9 de Mayo, 2007  21:37:44 (-0500)
Autor:Proyecto Interredes <lacasadelared @.....com>

Intocables, los proveedores de armas 
 
J. Jesús Esquivel 
www.proceso.com.mx 
No. 1590 
 
La falta de datos confiables sobre el contrabando de armas y los delitos en 
los que se utilizan, el blindaje legislativo de los armeros estadunidenses y 
la falta de cooperación binacional, obstaculizan la lucha contra el crimen 
organizado. Y ni la ola de narcoviolencia que padece México ni la matanza de 
estudiantes en Virginia han quebrado la resistencia a transformar las leyes 
que regulan la venta de armas en el país vecino. 
 
WASHINGTON.- Aunque el gobierno de Felipe Calderón le achaca la creciente 
ola de ejecuciones al crimen organizado y a la falta de cooperación del 
gobierno estadunidense para contener el tráfico de armas y el consumo de 
drogas, no puede probar fehacientemente la corresponsabilidad de Washington. 
 
En Mérida, durante la vista del presidente estadunidense George W. Bush el 
pasado 14 de marzo, Calderón le reclamó una mayor participación de su 
gobierno para reducir el consumo de drogas de sus ciudadanos y contener el 
tráfico de armas, que en su mayor parte llegan a los miembros de los 
cárteles mexicanos del narcotráfico. 
 
Nueve días después de la reunión de Calderón y Bush, Arturo Sarukhán –recién 
nombrado embajador mexicano en Washington el 27 de febrero– declaró en una 
entrevista para The Washington Post: "De manera significativa, vamos a 
necesitar más cooperación de parte de los Estados Unidos" para reducir el 
consumo de drogas y el flujo de armas hacia México. 
 
El problema es que "el 70% de las armas aseguradas en México son 
manufacturadas en Estados Unidos. El resto son procedentes de Europa y 
Asia", afirmó un funcionario de la Procuraduría General de la República 
(PGR), quien advirtió al reportero que sólo podía publicar este comentario 
"tan delicado" si omitía su nombre. 
 
–¿Tienen las pruebas para demostrarlo? –se le pregunta. 
 
–No, porque es muy difícil recolectar los datos sobre el acopio de armas en 
todo el país. Por ejemplo, el Ejército es muy celoso de sus labores y no 
comparte tan fácilmente sus estadísticas. Las autoridades estatales y 
municipales tienen otro problema: muchos de sus policías que aseguran armas 
se quedan con ellas. 
 
Una respuesta similar dio la embajada de México en Washington, tras más de 
cuatro semanas de solicitarle datos que apoyaran el reclamo del embajador 
Sarukhán que tanto molestó al Departamento de Estado (Proceso 1586). 
 
Según los acuerdos de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen 
organizado, el gobierno de Estados Unidos está obligado a investigar la 
procedencia y forma en que llegó a México cualquier arma de origen 
estadunidense asegurada en territorio mexicano y relacionada con cualquier 
delito. 
 
Y es el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, la instancia 
encargada de darle seguimiento a las denuncias y peticiones de investigación 
sobre el tráfico de armas que la Secretaría de Seguridad Pública de México 
le hace a Estados Unidos. 
 
"Por una disposición legal no tenemos la autorización para dar a conocer el 
número de peticiones que hemos recibido por parte del gobierno de México 
para rastrear la procedencia de armas involucradas en algún delito, y menos 
si son investigaciones que están en curso", dice a Proceso Andrew Lluberes, 
uno de los voceros del ATF. 
 
El funcionario estadunidense se refiere a la llamada "enmienda Tiarht", 
aprobada por el Congreso federal y promulgada por el entonces presidente de 
Estados Unidos George H.W. Bush (padre del actual mandatario) en agosto de 
1999. 
 
La enmienda fue nombrada como su autor y promotor, el entonces representante 
federal republicano por el estado de Kansas, Todd Tiarht. Se trata de una 
disposición legal diseñada para proteger a los fabricantes y vendedores de 
armas estadunidenses de verse implicados en cualquier delito relacionado con 
el tráfico de armas, corrupción u homicidio. 
 
Los fundamentos de la enmienda Tiarth no son afectados por ninguna solicitud 
de información, incluso si se realiza a través del derecho constitucional 
definido en el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act). 
Entre las restricciones de la enmienda están las siguientes: 
 
–Evita que el ATF publique reportes sobre el rastreo de armas para analizar, 
en todo el país, el flujo de las que están relacionadas con delitos. 
 
–Limita el acceso de los gobiernos locales a la información de rastreo de 
armas del ATF. 
 
–Previene que, aun fuera de sus jurisdicciones, las agencias de la 
aplicación de la ley tengan acceso a la base de datos del ATF. 
 
–Prohíbe que las agencias policiales intercambien datos obtenidos del ATF. 
 
–Prohíbe el uso de la información recolectada por el ATF como evidencia en 
cualquier revocación de una licencia estatal para la venta de armas, en una 
demanda civil o en cualquier otro procedimiento administrativo. 
 
–Evita el uso del dinero del Estado para difundir públicamente el contenido 
de la base de datos de la ATF sobre el rastreo de armas. 
 
 
 
Información clave... y parcial 
 
 
 
En su último informe correspondiente al sexenio de Vicente Fox, la PGR 
sostiene que del 1 de enero al 30 de junio de 2006 "se iniciaron 30 
averiguaciones previas, de las cuales 20 se encuentran relacionadas con 
violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se han 
consignado 13 de ellas. En el mismo período se han iniciado 20 actas 
circunstanciadas relacionadas con ilícitos de violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos". 
 
Sin embargo, el documento no da cuenta de la cantidad de denuncias o 
solicitudes de investigación que presentaron las autoridades mexicanas al 
ATF. 
 
De acuerdo con las estadísticas sobre los bienes asegurados durante el 
sexenio de Fox por agentes del Ministerio Público de la Federación, entre el 
1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006 la PGR aseguró 32 mil 686 armas 
de fuego, sin especificar su procedencia o el país de manufactura. 
 
La PGR establece que el MP aseguró 388 armas en 2000, 2 mil 67 en 2001, 3 
mil 404 en 2002, 5 mil 166 en 2003, 13 mil 79 en 2004, 5 mil 989 en 2005, y 
2 mil 593 hasta el 30 de junio de 2006. 
 
Interrogado sobre el tema, el funcionario de la PGR que habla con Proceso 
dice desconocer la cantidad de armas aseguradas desde el 1 de julio de 2006 
hasta el 31 de marzo de 2007, período que incluye el primer trimestre del 
sexenio calderonista. 
 
"Lo único que puedo decir es que el 70% de las armas aseguradas fueron 
hechas y traficadas desde Estados Unidos", reitera el funcionario, quien 
también desconoce cuántas peticiones de investigación se han hecho al ATF 
sobre el rastreo de armas relacionadas con delitos cometidos en México 
durante los primeros tres meses de la administración de Calderón. 
 
Sin transgredir la enmienda Tiarth, el vocero Lluberes proporcionó a este 
semanario los datos de tres casos referentes al tráfico de armas de Estados 
Unidos a México, "cuya investigación ya concluyó" y en los cuales los 
inculpados son mexicanos. 
 
El primero se ubica en Dallas, Texas. El funcionario del ATF no da fechas, 
pero se refiere al encausamiento judicial de José Soto Quintero, señalado 
como líder de una organización de tráfico de armas; quien está en proceso de 
ser extraditado a México. 
 
"El caso fue iniciado por un tip obtenido por parte de una armería local. 
Durante la investigación un agente del ATF identifico varias compras 
(realizadas por Soto Quintero) que involucraban más de 100 armas de fuego 
posteriormente traficadas a México. Como resultado de la investigación, seis 
personas se declararon culpables de varios cargos", se asienta en el 
documento proporcionado a Proceso por la oficina central del ATF. 
 
El segundo caso está radicado en Houston, Texas, y señala al mexicano Alonzo 
Flores, operador y dueño de una tienda de artículos para cacería y pesca, 
quien "conspiró con otros ciudadanos de México" para adquirir armas de 
fuego. 
 
"Alonzo Flores y otra persona identificada confesaron haber traficado más de 
100 armas de fuego que entregaron a otras personas para que las metieran a 
México. Los dos involucrados han recibido ya una sentencia por los delitos 
que cometieron", señala el documento. 
 
La investigación del tercer caso también se desarrolló en Houston. El ATF 
menciona a un grupo compuesto por el padre, la madre, la hija y un amigo 
cercano a la familia: "Los integrantes de esta red de tráfico de armas a 
México aceptaron haber estado involucrados en el envío de 70 armas de fuego 
a territorio mexicano, y en la compra de otras 100", establece el ATF. 
 
 
 
Blindaje legislativo 
 
 
 
Carente de datos precisos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a 
México, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta fuertes limitaciones para 
sostener sus denuncias de la falta de cooperación del país vecino. 
 
"Es obvio que en las leyes de Estados Unidos existen muchos huecos para 
castigar a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas de fuego, 
pero también es evidente para el caso del gobierno de México que, sin datos 
duros o hechos, (será difícil que) sustente las exigencias que ha hecho en 
este sentido al gobierno de Bush el propio presidente Calderón, y 
recientemente el embajador (Sarukhán)", comenta en entrevista Ladd Everitt, 
directivo de la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego. 
 
Ésta es una organización no gubernamental que, en coordinación con otras 
similares, con la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos y con 
varias agencias policiales de casi todos los estados, se ha enfrascado en 
una lucha que ya tiene más de una década. Sin embargo, no han podido 
derrotar en el Capitolio a los legisladores del Partido Republicano, que se 
oponen a cualquier proyecto para modificar o eliminar la enmienda Tiahrt. 
 
"No es muy sorprendente que en México los narcotraficantes estén ejecutando 
a la gente con armas fabricadas aquí –añade Everitt–. En Canadá pasa algo 
similar: en más del 60% de los homicidios que se comenten en ese país están 
involucradas armas con registro estadunidense; lamentablemente, los 
gobiernos de estos dos países no hacen nada concreto para que el Capitolio 
deje de proteger a los vendedores y fabricantes de armas corrompidos por el 
crimen organizado". 
 
A raíz de la masacre en la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia, el 
pasado 16 abril, reavivó las discusiones sobre la necesidad de una reforma a 
las leyes para el control y venta de armas de fuego, cuya última 
modificación data de 1996, bajo el gobierno de Bill Clinton. Sin embargo, 
los líderes de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso 
adelantaron que, pese a la conmoción por la tragedia, no existe ahora la 
fuerza política necesaria para modificar las leyes respectivas. 
 
Por su parte, Everitt sostiene que la falta de voluntad de los legisladores 
no es otra cosa que miedo de perder una importante fuente de financiamiento 
para sus campañas proselitistas, sobre todo cuando se disputa la presidencia 
(la elección será en noviembre de 2008). 
 
Los fabricantes y vendedores de armas aportan decenas de millones de dólares 
a través de organismos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), de la 
que son miembros más de dos tercios de los 435 miembros de la Cámara de 
Representantes y 100 del Senado, lo mismo que el vicepresidente Dick Cheney, 
el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y otros funcionarios y 
exintegrantes del gobierno de Bush. 
 
La poderosa asociación tiene conexiones políticas en todos los niveles 
gubernamentales de Estados Unidos y en los dos recientes períodos 
legislativos derrotó siete proyectos de ley para restringir la venta de 
armas de fuego y eliminar la enmienda Tiahrt. Lo consiguió con los servicios 
de nueve firmas de abogados coordinadas por Chris W. Cox, jefe del 
departamento de estrategia de cabildeo de la NRA. 
 
Con el respaldo de la mayoría republicana que hasta el pasado enero dominaba 
el Congreso federal, la NRA y Cox echaron para atrás los proyectos de ley 
denominados S.77, Acta contra el Tráfico de Armas, legislación HR 297, HR 
96; HR 5005, HR 5092 y HR 1384. Para ese fin la NRA gastó 1 millón 600 mil 
dólares en cabildeo durante 2006, y 1 millón 790 mil dólares en 2005. 
 
En la etapa actual, con los demócratas dominando el Congreso, el primer 
intento de modificar a las leyes que rigen la venta de armas de fuego fue 
presentado el 14 de febrero pasado. La representante del partido mayoritario 
por el estado de Nueva York, Carolyn McCarthy impulsa el proyecto de ley HR 
1022 para acabar con la enmienda Tiahrt y cambiar las reglas para la venta 
de pistolas y rifles automáticos y semiautomáticos. 
 
La oficina de prensa de la NRA ya había aceptado la petición de Proceso para 
entrevistar a Chris W. Cox sobre las quejas del gobierno mexicano hacia el 
estadunidense en el tema del tráfico de armas, pero la masacre de la 
Universidad de Virginia obligó al directivo a cambiar de planes. 
 
De acuerdo con las más recientes estadísticas del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) divulgadas en su Reporte Uniforme del Crimen, durante 
2005 se cometieron en Estados Unidos 16 mil 692 homicidios con armas de 
fuego, 16 mil 528 en 2003, 16 mil 37 en 2001, y 15 mil 522 en 1999. 
 
En cuanto a los asaltos violentos con armas de fuego, en 2004 fueron unos 44 
mil, 43 mil 400 en 2005, y 44 mil 100 en 2006 (un aumento del 9.98% entre 
2004 y 2006). 
 
Tres días después de la matanza en la Universidad de Virginia, el 
Departamento de Estado renovó su aviso a los ciudadanos estadunidenses sobre 
los peligros que corren al viajar a México: 
 
"La violencia por elementos criminales afecta muchas partes del país; áreas 
urbanas, rurales y fronterizas", dice la alerta, que vence hasta el 16 de 
octubre. 
 
Y agrega: "En meses recientes ha habido asesinatos estilo ejecución de 
funcionarios mexicanos en Tamaulipas (particularmente en Nuevo Laredo), 
Michoacán, Baja California, Guerrero (particularmente Acapulco), Nuevo León 
(particularmente Monterrey) y en otros estados". ? 
 
---- 
 
 
Mesa puesta para Matar 
 
J. Jesús Esquivel 
 
Diversos estudios sobre violencia criminal en Estados Unidos pretendieron 
advertir a tiempo acerca de las proporciones que está adquiriendo este 
fenómeno patológico y de los riesgos que implica. La misma preocupación 
aqueja desde hace mucho a varias organizaciones civiles que tienen muy claro 
algo: hechos de sangre como los que protagonizó hace una semana el 
estudiante Cho Seung-Hui en Virginia son fomentados por una "cultura de la 
violencia" que se expresa, por ejemplo, en películas y videojuegos, y se 
materializan gracias a la permisividad para comprar armas de fuego. Con 
todo, la Casa Blanca y el Capitolio siguen sordos... 
 
W 
 
ASHINGTON.- La masacre de 32 personas en la Universidad Politécnica y 
Estatal de Virginia (Virginia Tech), que de manera premeditada cometió el 
surcoreano Cho Seung-Hui el lunes 16, reactivó el debate en Estados Unidos 
sobre la necesidad de discutir con seriedad las leyes relacionadas con la 
venta de armas de fuego y emprender acciones para frenar la cultura de la 
violencia. 
 
En su reporte Crimen violento en Estados Unidos, 24 meses con una tendencia 
alarmante, publicado en febrero último, el Foro de Investigación de Policía 
Ejecutiva (Police Executive Research Forum, PERF) había advertido: "Es 
increíble. Los crímenes violentos han tenido un aumento preocupante en los 
últimos dos años". Y agregaba que este tipo de crímenes se incrementaron en 
10.21% de 2004 a 2006. 
 
Entre el 10 y el 15 de enero, The Tarrance Group (TTG), formado por el 
bufete de criminalistas Greenberg Quinlan Rosner, realizó una encuesta en 
torno del mismo fenómeno y la completó con una investigación que dio a 
conocer el 23 del mismo mes. Ambas –la encuesta y la investigación– se 
elaboraron a petición de la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados 
Unidos. 
 
En sus conclusiones, el TTG destaca que "existe un fuerte deseo por la 
instrumentación de leyes más severas para restringir la venta de armas de 
fuego, y hay un gran respaldo para que las autoridades utilicen los datos 
sobre este comercio para resolver investigaciones criminales y fincar por 
ello responsabilidad a los vendedores". 
 
Investigaciones como las del PERF y el TTG muestran que en el país el debate 
respecto de las crecientes cifras de violencia, venta y uso de armas de 
fuego sólo interesa a las autoridades locales, como los alcaldes, pero nunca 
llega a los poderes federales. 
 
 
 
Una historia ya contada 
 
 
 
En Estados Unidos ya es costumbre que, cuando suceden tragedias como la de 
la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia, se reavive la discusión 
acerca de la necesidad de legislar para controlar la venta de armas de fuego 
y se realicen estudios de personalidad a quienes cometen homicidios en masa, 
tal como el que ejecutó Cho. 
 
El caso de este joven de origen surcoreano, quien terminó por suicidarse 
tras cometer la matanza, no es diferente de los de aquellos que han 
irrumpido armados en otros campus universitarios. Las autoridades de la 
Universidad de Virginia y los compañeros de clases y de dormitorio de Cho 
aseguran que desde 2005 notaron en él alteraciones emocionales y actitudes 
fatalistas, que se reflejaban en los ensayos literarios que escribió y en su 
aislamiento. 
 
Cho preparó la matanza con antelación. Incluso mandó por correo una 
videograbación y un mensaje de mil 800 palabras a las oficinas centrales de 
la cadena de televisión NBC ubicadas en Nueva York horas antes de irrumpir 
en la Universidad de Virginia. "Gracias a ustedes muero como Jesucristo para 
inspirar a generaciones de personas débiles e indefensas", dice el joven 
surcoreano en el mensaje grabado en video. 
 
Las imágenes muestran a Cho con un rostro descompuesto y una mirada 
desafiante. Viste una camiseta negra, así como un chaleco de cazador color 
café claro, una gorra negra con la visera hacia atrás y un pantalón 
amarillo. Un cuchillo de caza le cuelga del cinturón. Cho apunta a la cámara 
con dos pistolas: en la mano derecha tiene una calibre 9 milímetros, 
mientras que en la izquierda empuña una calibre 22. Los investigadores 
consideran que con estas armas mató a las 32 personas. 
 
La imagen, transmitida por la NBC, es similar a la de películas de acción, 
como Rambo, Perros de reserva –estrenada en Estados Unidos en 1992 y 
dirigida por Quentin Tarantino– o Nacidos para matar –exhibida en 1994, 
dirigida por Oliver Stone y escrita por Tarantino. 
 
Si bien algunos expertos en psicología y comportamiento humano sostienen que 
personalidades como la de Cho son producto de desequilibrios mentales, 
aceptan también que este tipo de actitudes fatalistas y criminales son 
resultado de un fomento inconsciente de la llamada cultura de la violencia 
en Estados Unidos. 
 
El ejemplo más claro de la inconciencia con la cual la sociedad 
estadunidense fomenta la cultura de la violencia se observa en la 
aceptación, por parte de los padres de familia, de que sus hijos jueguen 
desde temprana edad con reproducciones de armas de fuego, equipo militar, 
bombas de destrucción masiva biológicas y químicas, o destacen con las manos 
a personajes humanos representados con dibujos animados en los videojuegos o 
en internet. 
 
Según el sitio electrónico Gamespot News, dedicado a la promoción y 
clasificación de los videojuegos con mayor demanda comercial en el mundo, 
los 10 más violentos son: Resident Evil 4 (Residente diabólico 4), Grand 
Theft Auto: San Andreas (Gran robo de auto: San Andreas), God of War (Dios 
de la guerra), Narc (Narco), Killer 7 (Asesino 7); The Warriors (Los 
guerreros), 60 Cent: Bulletproof (60 centavos: A prueba de balas); Crime 
Life: Gang Wars (Vida criminal: guerra de pandillas); Condemned: Criminal 
Origins (Condenado: orígenes criminales) y True Crime: New York City (Crimen 
verdadero: ciudad de Nueva York). En todos ellos aparecen personajes que 
muestran poses o actitudes como la que Cho adoptó en su videograbación y en 
las fotografías que entregó a la NBC. 
 
"La violencia con armas de fuego es una de las principales preocupaciones de 
los estadunidenses", apunta el reporte de TTG titulado Fuerte apoyo a la 
instrumentación de leyes de sentido común sobre las armas. 
 
La encuesta nacional del TTG se realizó del 10 al 15 de enero de este año. 
Su muestra fue de 803 estadunidenses adultos, con un margen de error de 
más/menos 3.5 puntos porcentuales. Al responder la pregunta ¿cuál es su 
principal preocupación?, 72% de los entrevistados dijo que es el elevado 
costo por el cuidado de la salud; 59%, que es el precio de la gasolina; 58% 
que es la violencia con armas, y 56% contestó que es la calidad de la 
educación pública". 
 
Según el sondeo del TTG, de febrero de 2001 a enero de 2007, el porcentaje 
de estadunidenses que apoyan la instrumentación de leyes más severas para el 
control de las armas de fuego oscila entre 62 y 56%. Además, 82% de la 
población de Estados Unidos quiere que por lo menos las autoridades apliquen 
con más severidad y sin ningún tipo de excepción las leyes de control de 
armas, aunque 38% preferiría la promulgación de nuevas leyes; 44% se opone a 
que se haga eso, mientras que 14% piensa que, en ese sentido, el país está 
saturado de leyes sobre las armas. 
 
El estudio del PERF, elaborado por expertos de agencias policiacas federales 
y sustentado con estadísticas del Buró Federal de Investigación (Federal 
Bureau of Investigation, FBI), menciona que el índice de crímenes violentos 
en Estados Unidos se incrementó 10.21% entre 2004 y 2006. Las estadísticas 
del estudio provienen de 56 jurisdicciones de agencias policiales del país y 
fueron clasificadas en cuatro categorías: homicidio, robo, asalto con 
violencia y asalto violento con arma de fuego. 
 
Rechazo a legislar 
 
 
 
La masacre de Virginia Tech obligó al presidente George W. Bush y a los 
líderes demócratas y republicanos del Congreso federal a declarar siete días 
de luto nacional. Sin embargo, esta expresión simbólica contrasta con la 
negativa reiterada de la Casa Blanca y del Capitolio a legislar sobre 
cambios a las leyes nacionales para la venta de armas, a pesar de las 
exigencias en ese sentido por parte de organizaciones civiles y algunos 
medios de comunicación. 
 
Los estudios del PERF y del TTG sostienen que una de las organizaciones más 
poderosas de Estados Unidos que se oponen a legislar al respecto es la 
Asociación Nacional del Rifle (Nacional Rifle Association, NRA). La Casa 
Blanca y el Congreso mantienen relaciones con ese tipo agrupaciones, las 
cuales se oponen a que nuevas leyes restrinjan la venta de armas de fuego. 
 
Tanto el presidente Bush como los líderes de su partido, el Republicano, se 
han mostrado preocupados últimamente ante la posibilidad de que en los 
comicios federales de noviembre de 2008 los demócratas les arrebaten la 
presidencia. Por eso prefieren no discutir ahora una nueva legislación de 
armas de fuego. Y los demócratas saben también que abordar el tema no les 
redituaría ningún capital político. 
 
La agrupación no gubernamental Open Secrets (Secretos Abiertos), contraria a 
la 
 
venta de armas de fuego, señala que la NRA 
 
encabeza una lista de 18 organizaciones que son partidarias de la venta de 
pistolas y rifles de todo tipo a cualquier residente legal que no tenga 
antecedentes penales. 
 
En 2006, por ejemplo, la NRA, que tiene a su servicio nueve firmas de 
abogados dedicados al cabildeo profesional, gastó 1 millón 600 mil dólares 
para mantener intactas las leyes federales, estatales y locales sobre la 
venta de armas. Y así ha venido haciéndolo durante varios años: destinó 1 
millón 790 mil dólares en 2005, 1 millón 575 mil dólares en 2004 y 1 millón 
550 mil dólares en 2003. 
 
A pesar de que la NRA es la organización más activa en la guerra contra la 
restricción de la venta de armas de fuego, y no obstante que entre sus 
miembros honorarios están el vicepresidente Dick Cheney, el expresidente 
George H. W. Bush (padre del actual mandatario) y por lo menos 418 de los 
535 legisladores federales que conforman la Cámara de Representantes y la de 
Senadores, no es la agrupación que más dinero destina al cabildeo 
profesional para facilitar la venta, uso y aportación de armas, según Open 
Secrets. 
 
La Asociación de Dueños de Pistolas (Gun Owners of America, GOA) gastó en 
cabildeo profesional 1 millón 753 mil 290 dólares en 2004 y 1 millón 640 mil 
dólares en 2003. 
 
En contraste, la organización Campaña Brady para Prevenir la Violencia con 
Armas, dedicada a patrocinar en el Capitolio la formulación de nuevas leyes 
para restringir la venta de armas, gastó 90 mil 100 dólares en cabildeo 
profesional para sus causas en 2006 y 190 mil dólares en 2005. A su vez, el 
Comité de Ciudadanos por el Derecho a Mantener y Portar Armas de Fuego, la 
organización más pequeña de entre las 18 que luchan para evitar las leyes 
restrictivas, gastó 643 mil 961 dólares en cabildeo profesional en 2006 y 
654 mil 173 dólares en 2005. 
 
Expertos en el tema aseguran que la mayoría de organizaciones como la NRA se 
sostienen con el dinero que aportan sus miembros: en su mayor parte 
habitantes de poblaciones rurales o ciudades pequeñas donde se practica la 
caza y las leyes locales les permiten portar armas también para defensa 
personal. 
 
La encuesta del TTG, en contraste, reveló que 51% de la población de las 
grandes ciudades consideró que deben aprobarse nuevas leyes para hacer más 
restrictivas las que existen actualmente, 44% opina lo mismo en las ciudades 
pequeñas, 34% en las zonas suburbanas, 32% en las poblaciones pequeñas y 
sólo 28% en las áreas rurales, como Blacksburg. 
 
El 13 de marzo, Cho compró por 571 dólares una de las pistolas que usó en la 
masacre –la 9 milímetros– en una armería de Blacksburg, Virginia, donde se 
ubica Virginia Tech, una comunidad rural que se localiza en la región más 
montañosa de la entidad y cuya población se dedica principalmente a la 
agricultura. 
 
 
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