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Asunto:[GAP] Chiapas: aniversario de incertidumbre
Fecha:Martes, 30 de Diciembre, 2003  00:12:35 (-0600)
Autor:Anáhuak Net <redanahuak @..........org>

 
---------- 
From: Daniel Barrantes <bvr@...> 
Reply-To: Re-UnionArgentinaDeLuz@... 
Date: Tue, 30 Dec 2003 01:02:37 -0300 
To: "[..Patagonia Luz]" <Patagonia_Luz@...>, "[..Red Iberica 
de Luz]" <redibericadeluz@...>, "[..Red Argentina de Luz]" 
<Re-UnionArgentinaDeLuz@...> 
Subject: [Red Argentina de Luz] Gobierno de Fox no tiene interés en los 
derechos indígenas 
 
 
 
 
Chiapas: aniversario de incertidumbre 
 
por Íñigo Herraiz  
 
 
 
España- 29 de diciembre de 2003 - Los Verdes de Andalucia. 
 
El calendario recuerda que hace ya más de siete años que el gobierno federal 
y el EZLN no se sientan a dialogar. Tras la aprobación de la ley indígena, 
Chiapas ha dejado de ser una prioridad para Vicente Fox. El EZLN, por su 
parte, ha dado por agotada la vía del diálogo con el ejecutivo, para seguir 
avanzando en la construcción de la autonomía por "la vía de los hechos". 
Entretanto, siguen vigentes los graves problemas políticos, económicos, 
sociales y culturales que originaron el conflicto. 
 
Es tiempo de aniversarios en el estado mexicano de Chiapas: se cumplen diez 
años del alzamiento zapatista, y veinte desde la creación del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero, aparte de las fiestas 
navideñas, hay poco que celebrar. El calendario recuerda que hace ya más de 
siete años que el gobierno federal y el EZLN no se sientan a dialogar y, 
dada la situación actual, de ignorancia mutua entre las partes, las 
perspectivas de una reanudación del proceso negociador parecen remotas. 
 
Hace tiempo que Chiapas dejó de ser una prioridad en la agenda presidencial. 
Vicente Fox dio por cumplida su promesa electoral de pacificar la zona tan 
pronto como quedó aprobada la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, en 
abril de 2001, sin importar que fuera rechazada mayoritariamente por sus 
presuntos beneficiarios, los indígenas; ni que, lejos de haber supuesto un 
avance en la solución del conflicto, se haya convertido en un obstáculo más 
para la paz en la región. En una estrategia que bien podría haber heredado 
de sus predecesores priístas, Fox parece confiar en que el tiempo y los 
programas económicos acaben minando la resistencia radical del EZLN a 
cualquier solución parcial. 
 
Los zapatistas, por su parte, han dado por agotada la vía del diálogo con el 
ejecutivo, para centrarse en la promoción de espacios de gobierno paralelo, 
sin aceptar las "limosnas" del Estado. El EZLN, al igual que la mayoría del 
movimiento indígena, rechaza la reforma constitucional porque, en su 
opinión, pasa por alto los Acuerdos de San Andrés -firmados con la anterior 
administración federal- cuyo cumplimiento figura como una condición sine qua 
non para regresar a la mesa de negociación. De ahí, que hayan decidido 
aplicar estos acuerdos en los territorios rebeldes por la "vía de los 
hechos", mediante la creación el pasado mes de julio de las ‘Juntas de Buen 
Gobierno’. De esta forma, el EZLN ha dado un paso adelante en su desafío al 
poder "oficial" al asumir toda clase de funciones, desde la salud o la 
educación, a la justicia o el desarrollo. 
 
Sin embargo, la nueva iniciativa zapatista no ha inquietado en exceso al 
gobierno. En un intento de dar validez a la reforma indígena frente a la 
resistencia del EZLN, el discurso gubernamental ha venido a decir que las 
Juntas podrían integrarse en la constitución. En este mismo sentido se ha 
manifestado el gobernador estatal, Pablo Salazar, que ha asegurado que 
respetará las decisiones de las comunidades zapatistas. ¿Hasta cuando podrán 
mantener esta actitud? 
 
Pese a que la creación de las ‘Juntas de Buen Gobierno’ ha ido acompañada de 
un mensaje conciliador hacia los no zapatistas, y del anuncio de la retirada 
del EZLN de la vida política de las comunidades, no han tardado en aparecer 
las primeras tensiones con otros actores sociales en torno a cuestiones como 
la redefinición de los territorios y, sobre todo, la administración de la 
justicia. Son puntos delicados ante los que, tarde o temprano, al gobierno 
no le quedará más remedio que adoptar una posición firme: reconocer su 
legitimidad o imponer el "estado de derecho". 
 
Detrás de este dilema, subyace el debate sobre la autonomía. Fuente de 
conflictos para algunos, representa para otros el camino hacia la paz. Sus 
detractores advierten del peligro de "balcanización" del país, de la 
creación de comunidades aisladas en las que se perpetúe el atraso, imperen 
costumbres que violan los derechos fundamentales del individuo, y se vulnere 
el principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, sus defensores 
hablan de una autonomía que equilibre el respeto de la diferencia con los 
valores comunes, que lejos de establecer una legalidad paralela incorpore a 
la vigente los usos y costumbres indígenas, sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, tal y como quedó contemplado en los Acuerdos de San 
Andrés.  
 
En cualquier caso, son muchos los desafíos que plantea una eventual 
autonomía. El primero de ellos es, sin duda, el de superar las divisiones en 
las comunidades. La dimensión comunitaria, sumamente importante para 
articular la identidad de los pueblos indígenas, así como para procesar y 
resolver los conflictos, se encuentra hecha trizas. Como señalan las 
organizaciones que trabajan sobre el terreno, más allá del enfrentamiento 
entre el gobierno y el EZLN, los años de conflicto de baja intensidad han 
diversificado tanto los ejes de fractura que dividen a la población, que el 
margen de maniobra para una solución pacífica de las controversias se ha 
reducido sustancialmente. 
 
En este sentido, el gobierno estatal de Pablo Salazar ha promovido espacios 
de distensión y reconciliación. En algunas zonas especialmente conflictivas 
ha logrado instalar mesas de negociación para la firma de acuerdos de paz, 
en los que han participado organizaciones sociales enfrentadas, las 
distintas iglesias y autoridades locales. Pero, como señala el Relator 
Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen, "si no se resuelven los problemas planteados por el rechazo del 
EZLN y de buena parte del movimiento indígena a la reforma constitucional 
aprobada, no habrá paz social definitiva". Stavenhagen considera además que 
México viola de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, y 
señala que los indicadores de las condiciones de vida de los indígenas 
muestran graves carencias en sus derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Son muchos los puntos de fricción que existen, pero en el fondo del 
enfrentamiento entre el gobierno y los zapatistas está una cuestión 
principal: hasta dónde se quiere llegar con los cambios. El ejecutivo ha 
apostado decididamente por la aprobación de leyes secundarias y programas 
económicos como estrategia para pacificar la región. Las recomendaciones de 
observadores internacionales como el Servicio Internacional Para la Paz 
(SIPAZ) son otras: "si aspiramos a que las soluciones sean profundas, 
verdaderas y duraderas, no se puede dejar de lado la necesidad de 
transformar las causas profundas que originaron los conflictos: es decir 
debe haber una transformación de las estructuras económicas, políticas y 
culturales responsables de la exclusión, la miseria, la discriminación, y la 
injusticia cotidiana que viven los pueblos indígenas". Ahí quedan. 
 
 
 
Fuente: AGENCIA DE INFORMACIÓN SOLIDARIA - www.infosolidaria.org 
<http://www.infosolidaria.org>; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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