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Asunto:[GAP] Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela
Fecha:Viernes, 18 de Junio, 2004  14:50:30 (-0500)
Autor:Ricardo Ocampo <redanahuak @...............mx>

From: Abjini Arráiz <elacam@...> 
Date: Thu, 17 Jun 2004 15:31:44 -0400 
To: Ricardo Ocampo <redanahuak@...> 
Subject: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela 
 
Tomado de la pagina www.hrw.org 
 
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela 
(Caracas, 17 de junio de 2004) ‹ El gobierno de Venezuela está socavando la 
independencia del Poder Judicial con anticipación al referéndum convocado 
para revocar el mandato presidencial, el cual podría llegar a ser decidido 
por los mismos tribunales, señaló Human Rights Watch en un informe publicado 
hoy. La coalición gobernante del Presidente Hugo Chávez ha comenzado a 
implementar una nueva ley que pondría fin a la autonomía de la Corte 
Suprema.  
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
En el golpe de 2002, el orden democrático venezolano fue quebrantado por 
algunos de los opositores a Chávez. Pero, hoy en día, la mayor amenaza que 
pesa sobre el Estado de Derecho en Venezuela proviene del propio gobierno. 
 
José Miguel Vivanco,    Director Ejecutivo de la División de las Américas de 
Human Rights Watch  
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
En un informe de 24 páginas titulado: "Manipulando el Estado de Derecho: 
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela", también se examina 
cómo la nueva ley hará más vulnerables a los jueces frente a la persecución 
política y garantizará que las controversias legales sobre el referéndum 
revocatorio se resuelvan a favor de Chávez. 
 
"En el golpe de 2002, el orden democrático venezolano fue quebrantado por 
algunos de los opositores a Chávez", dijo José Miguel Vivanco, Director 
Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Pero, hoy 
en día, la mayor amenaza que pesa sobre el Estado de Derecho en Venezuela 
proviene del propio gobierno". 
 
La nueva ley, firmada el mes pasado por el Presidente Chávez, amplía la 
composición del Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados. Otorga poderes a la 
coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la 
Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en 
el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la 
facultad de anular las actuales designaciones de magistrados. 
 
Los partidarios de Chávez en la Asamblea Nacional han anunciado su intención 
de nombrar a los 12 nuevos magistrados antes de agosto y también de 
destituir a los magistrados que identifican con la oposición. El Tribunal 
Supremo tendrá competencia sobre todos los recursos legales relacionados con 
el referéndum revocatorio, previsto para el 15 de agosto. 
 
Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya 
han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio 
Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del 
sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran 
número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. Ha destituido 
sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente 
controvertidos. Y el Tribunal Supremo ha permitido la suspensión del segundo 
máximo tribunal del país (Corte de lo Contencioso Administrativo) al no 
resolver los recursos legales presentados por sus magistrados destituidos. 
 
Los aliados de Chávez justifican las medidas como una respuesta a la 
intransigencia de la oposición. Insisten en que muchos jueces deciden casos 
en función de sus convicciones políticas, en lugar de los dictados de la 
ley. Citaron como ejemplo el hecho de que el Tribunal Supremo no hubiera 
condenado a los presuntos participes en el golpe de 2002. 
 
"Chávez debería dedicarse a fortalecer el Estado de Derecho en Venezuela", 
dijo Vivanco. "En cambio, su gobierno y sus partidarios en la Asamblea están 
manipulando el sistema de justicia para favorecer sus propios intereses". 
 
Lo que hace que los acontecimientos en Venezuela sean aún más alarmantes es 
su posible repercusión sobre la situación política ya de por si explosiva en 
el país. En particular, las tensiones que han rodeado la exitosa campaña de 
los opositores al Presidente Chávez para convocar un referéndum nacional que 
podría acabar con su presidencia. 
 
Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó cientos de miles de 
firmas en una petición para que autorizara el referéndum, miles de personas 
se sumaron a las protestas callejeras, que culminaron con enfrentamientos 
violentos con las fuerzas de seguridad que se saldaron con 13 personas 
muertas, numerosos heridos y cientos de detenidos por la policía. En mayo, 
después de que los votantes tuvieron la oportunidad de verificar las firmas 
inicialmente descalificadas, el CNE anunció que se habían reunido 
suficientes firmas para convocar el referéndum revocatorio. 
 
La resolución pacífica y legal de la crisis actual dependerá en gran parte 
del sistema judicial del país. Los tribunales son los que tienen que 
determinar en última instancia si las decisiones del CNE son válidas-y si 
las acciones de los simpatizantes de Chávez y sus opositores, en las calles 
y en otros lugares, son legalmente permisibles. 
 
En el informe se ofrecen recomendaciones al gobierno venezolano para 
salvaguardar la independencia del sistema judicial. Human Rights Watch instó 
al Presidente Chávez a que dé instrucciones a su coalición en la Asamblea 
Nacional para que suspenda inmediatamente la implementación de la nueva ley 
que busca copar el Tribunal Supremo de adeptos y derogue las disposiciones 
que debilitan la independencia del sistema judicial. El Tribunal Supremo de 
Venezuela debe revocar las disposiciones de la nueva ley que sometan al 
tribunal al programa político de la coalición gobernante. El máximo tribunal 
también debe adoptar medidas para garantizar que los jueces de tribunales 
inferiores no sean objeto de persecuciones políticas. 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) debe seguir de cerca la 
situación del sistema judicial venezolano. A no ser que se adopten 
inmediatamente medidas concretas para revertir estas amenazas a la 
independencia judicial, el Secretario General de la OEA debe usar su 
autoridad en virtud de la Carta Democrática Interamericana para abordar esta 
grave situación. El artículo 18 autoriza al Secretario General a adoptar 
medidas, con el consentimiento previo del gobierno afectado, para analizar 
las amenazas contra "el proceso político institucional democrático" de un 
país y buscar una respuesta colectiva de la OEA. 
 
Durante el golpe de estado de 2002, la Carta Democrática fue crucial en la 
movilización de los estados miembros de la OEA que condenaron estos hechos 
contribuyendo a restaurar el orden constitucional. "La Carta ayudó a salvar 
la democracia venezolana de los enemigos de Chávez durante el golpe de 
2002", dijo Vivanco. "Ahora podría ayudar a proteger a Venezuela de esta 
nueva amenaza".  
 
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