Asunto: | [GAP] Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela | Fecha: | Viernes, 18 de Junio, 2004 14:50:30 (-0500) | Autor: | Ricardo Ocampo <redanahuak @...............mx>
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From: Abjini Arráiz <elacam@...>
Date: Thu, 17 Jun 2004 15:31:44 -0400
To: Ricardo Ocampo <redanahuak@...>
Subject: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela
Tomado de la pagina www.hrw.org
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela
(Caracas, 17 de junio de 2004) ‹ El gobierno de Venezuela está socavando la
independencia del Poder Judicial con anticipación al referéndum convocado
para revocar el mandato presidencial, el cual podría llegar a ser decidido
por los mismos tribunales, señaló Human Rights Watch en un informe publicado
hoy. La coalición gobernante del Presidente Hugo Chávez ha comenzado a
implementar una nueva ley que pondría fin a la autonomía de la Corte
Suprema.
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En el golpe de 2002, el orden democrático venezolano fue quebrantado por
algunos de los opositores a Chávez. Pero, hoy en día, la mayor amenaza que
pesa sobre el Estado de Derecho en Venezuela proviene del propio gobierno.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de
Human Rights Watch
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En un informe de 24 páginas titulado: "Manipulando el Estado de Derecho:
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela", también se examina
cómo la nueva ley hará más vulnerables a los jueces frente a la persecución
política y garantizará que las controversias legales sobre el referéndum
revocatorio se resuelvan a favor de Chávez.
"En el golpe de 2002, el orden democrático venezolano fue quebrantado por
algunos de los opositores a Chávez", dijo José Miguel Vivanco, Director
Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Pero, hoy
en día, la mayor amenaza que pesa sobre el Estado de Derecho en Venezuela
proviene del propio gobierno".
La nueva ley, firmada el mes pasado por el Presidente Chávez, amplía la
composición del Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados. Otorga poderes a la
coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la
Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en
el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la
facultad de anular las actuales designaciones de magistrados.
Los partidarios de Chávez en la Asamblea Nacional han anunciado su intención
de nombrar a los 12 nuevos magistrados antes de agosto y también de
destituir a los magistrados que identifican con la oposición. El Tribunal
Supremo tendrá competencia sobre todos los recursos legales relacionados con
el referéndum revocatorio, previsto para el 15 de agosto.
Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya
han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio
Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del
sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran
número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. Ha destituido
sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente
controvertidos. Y el Tribunal Supremo ha permitido la suspensión del segundo
máximo tribunal del país (Corte de lo Contencioso Administrativo) al no
resolver los recursos legales presentados por sus magistrados destituidos.
Los aliados de Chávez justifican las medidas como una respuesta a la
intransigencia de la oposición. Insisten en que muchos jueces deciden casos
en función de sus convicciones políticas, en lugar de los dictados de la
ley. Citaron como ejemplo el hecho de que el Tribunal Supremo no hubiera
condenado a los presuntos participes en el golpe de 2002.
"Chávez debería dedicarse a fortalecer el Estado de Derecho en Venezuela",
dijo Vivanco. "En cambio, su gobierno y sus partidarios en la Asamblea están
manipulando el sistema de justicia para favorecer sus propios intereses".
Lo que hace que los acontecimientos en Venezuela sean aún más alarmantes es
su posible repercusión sobre la situación política ya de por si explosiva en
el país. En particular, las tensiones que han rodeado la exitosa campaña de
los opositores al Presidente Chávez para convocar un referéndum nacional que
podría acabar con su presidencia.
Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó cientos de miles de
firmas en una petición para que autorizara el referéndum, miles de personas
se sumaron a las protestas callejeras, que culminaron con enfrentamientos
violentos con las fuerzas de seguridad que se saldaron con 13 personas
muertas, numerosos heridos y cientos de detenidos por la policía. En mayo,
después de que los votantes tuvieron la oportunidad de verificar las firmas
inicialmente descalificadas, el CNE anunció que se habían reunido
suficientes firmas para convocar el referéndum revocatorio.
La resolución pacífica y legal de la crisis actual dependerá en gran parte
del sistema judicial del país. Los tribunales son los que tienen que
determinar en última instancia si las decisiones del CNE son válidas-y si
las acciones de los simpatizantes de Chávez y sus opositores, en las calles
y en otros lugares, son legalmente permisibles.
En el informe se ofrecen recomendaciones al gobierno venezolano para
salvaguardar la independencia del sistema judicial. Human Rights Watch instó
al Presidente Chávez a que dé instrucciones a su coalición en la Asamblea
Nacional para que suspenda inmediatamente la implementación de la nueva ley
que busca copar el Tribunal Supremo de adeptos y derogue las disposiciones
que debilitan la independencia del sistema judicial. El Tribunal Supremo de
Venezuela debe revocar las disposiciones de la nueva ley que sometan al
tribunal al programa político de la coalición gobernante. El máximo tribunal
también debe adoptar medidas para garantizar que los jueces de tribunales
inferiores no sean objeto de persecuciones políticas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) debe seguir de cerca la
situación del sistema judicial venezolano. A no ser que se adopten
inmediatamente medidas concretas para revertir estas amenazas a la
independencia judicial, el Secretario General de la OEA debe usar su
autoridad en virtud de la Carta Democrática Interamericana para abordar esta
grave situación. El artículo 18 autoriza al Secretario General a adoptar
medidas, con el consentimiento previo del gobierno afectado, para analizar
las amenazas contra "el proceso político institucional democrático" de un
país y buscar una respuesta colectiva de la OEA.
Durante el golpe de estado de 2002, la Carta Democrática fue crucial en la
movilización de los estados miembros de la OEA que condenaron estos hechos
contribuyendo a restaurar el orden constitucional. "La Carta ayudó a salvar
la democracia venezolana de los enemigos de Chávez durante el golpe de
2002", dijo Vivanco. "Ahora podría ayudar a proteger a Venezuela de esta
nueva amenaza".
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LEÁ EL INFORME ‹ MANIPULANDO EL ESTADO DE DERECHO: INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL AMENAZADA EN VENEZUELA
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TAMBIÉN DISPONIBLE EN INGLÉS
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DD.HH. EN VENEZUELA
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