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Asunto:[GAP] No apoyar a Bolivia puede ser catastrofico
Fecha:Miercoles, 3 de Mayo, 2006  20:31:32 (-0500)
Autor:Ricardo Ocampo <redluz @...............mx>

Alerta roja en Sudamérica 
 
NO APOYAR A BOLIVIA PUEDE SER CATASTRÓFICO 
 
Víctor Ego Ducrot (APM) 
 
 
 
Los rechazos surgidos en Sudamérica a la nacionalización de los 
hidrocarburos favorecen a EE.UU. Las corporaciones petroleras están 
dispuestas a todo, incluso a fabricar guerras. 
 
 
 
¿Quién nos dijo a los latinoamericanos que la guerra por el petróleo es 
patrimonio de sufrimiento exclusivo de los pueblos de Medio Oriente, de 
Iraq, de Afganistán y muy probable que de Irán en un corto plazo? 
 
 
 
En esta región del mundo no tenemos derecho a ser ingenuos ni mucho menos a 
pecar por ignorantes. 
 
 
 
 
Sería bueno estar alerta. Las corporaciones petroleras -incluso algunas que 
de estatales sólo tiene la cobertura jurídico-formal, como Petrobras- y en 
general el entramado empresario transnacional abocado a la explotación de 
los recursos naturales, ya están en guerra desde hace mucho. 
 
 
 
 
Allí están los ejemplos señalados en el primer párrafo de este artículo; las 
decididas acciones que los gobiernos centrales emprenden en defensa de los 
intereses corporativos nacionales, el rol del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas (ONU) como administrador general de sanciones y guerras. 
Allí está la administración estadounidense de George W. Bush, integrada por 
ejecutivos de muchas de las transnacionales que combaten sin cuartel. 
 
 
 
 
¿Cómo es posible que en medio de la tormenta que vive el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), el gobierno de Brasil haya proclamado que la reciente 
nacionalización de los hidrocarburos, dispuesta en Bolivia por el presidente 
Evo Morales, se trata de un "gesto inamistoso"? 
 
 
 
¿Cómo se le permite al presidente de Petrobras, José Gabrielli, afirmar que 
su empresa adoptará "todas las medidas posibles, en todos los niveles 
posibles, para garantizar el abastecimiento de gas en el mercado brasileño"? 
 
 
 
¿Acaso Petrobras entiende que el hecho de tener en su manos entre el 15 y el 
20 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia le da derecho a 
decirle al gobierno de ese país lo que debe hacer sobre los recursos 
naturales que pertenecen a la órbita de su soberanía? 
 
 
 
¡Que parecidas resultan esa bravatas orales de Gabrielli al lenguaje de 
Estados Unidos, cuando el presidente Bush reconoce que no descarta ninguna 
medida contra el gobierno de Irán! 
 
 
 
¿Es que acaso sobre nuestra América sobrevuela una especia de pandemia de 
incontinencia verbal? 
 
 
 
No se trata aquí de agitar fantasmas y regodearse con especulaciones 
catastrofistas. Sin embargo, cada vez que el sistema de poder económico del 
bloque hegemónico lo necesitó, supo encontrar en nuestros países a 
suficientes alcahuetes para crear conflictos binacionales o regionales, que 
en algunas oportunidades llegaron hasta los cañones. Recordemos la 
ignominiosa guerra de la Triple Alianza y la del Pacífico, "la del fútbol" 
en Centroamérica, y los constantes cruces entre Ecuador, Perú, Bolivia y 
Chile; por no poner el acento en las nunca bien explicadas provocaciones de 
Colombia a Venezuela. No en vano un alemán decía hace ya mucho tiempo que la 
guerra es la continuación de la política a través de las armas. 
 
 
 
 
En Buenos Aires, las legítimas medidas adoptadas por Morales son seguidas 
con atención, porque también Argentina goza desde hace mucho tiempo de 
precios más que preferenciales para la compra de gas boliviano. 
 
 
 
 
El derechista diario La Nación, por ejemplo, sostuvo que en ámbitos 
gubernamentales y empresarios se dice más o menos lo siguiente: habrá que 
esperar; por un lado Morales requiere de las inversiones extranjeras y por 
el otro las grandes petroleras, cuando les conviene, están dispuestas a 
operar pese a los recortes de rentabilidad, sin dejar de bregar por todo 
tipo de mejoras para su actividades. 
 
 
 
 
Se trata de un enfoque que no deja de encerrar verdades, como la 
constatación de que, si tenemos en cuenta el escenario internacional, a las 
corporaciones petroleras, América Latina les interesa mucho, y a cualquier 
precio.  
 
 
 
 
No hay que olvidar tampoco que ciertas condiciones militares están dadas en 
nuestra región. Al decir de Bush y del titular de Petrobras, no se debe 
descartar ninguna opción. 
 
 
 
 
Algunas de esas condiciones son la vigencia del Plan Colombia y sus 
distintas variantes; el despliegue de fuerzas de seguridad estadounidenses 
sobre toda Sudamérica, con la excusa del enfrentamiento que merecerían "los 
nuevos desafíos", llámense narcotráfico, crimen organizado o contrabando de 
camisas y televisores -para Washington células de terrorismo islámico- en la 
Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil; ejercicios conjuntos en 
le mar Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico, los trabajos en marcha para 
una superbase en Paraguay, justamente muy cerca de Bolivia, y participación 
de países de la región en "operativos humanitarios" en Haití. 
 
 
 
 
No es vano tampoco reparar que por algo la academia y los medios de 
comunicación proclives al sostén del discurso estadounidense insisten en que 
una "izquierda buena" es la que gobierna Chile, país en el que las fuerzas 
armadas casi conforman un Estado dentro del propio Estado, con el 10 por 
ciento de lo que factura la exportación de cobre con vía directa hacia sus 
arcas.  
 
 
 
 
Poco ayuda ante semejante escenario la crisis desatada dentro del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), atacado por la forma en que el virus de los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) está siendo inoculado en la región: Chile, 
Colombia, Perú y ahora Uruguay casi a un paso, sin mencionar al Paraguay del 
presidente Nicanor Duarte Frutos, quien parece estar esperando la señal para 
lanzarse también a la arena pro estadounidense. 
 
 
 
 
Hasta aquí el por qué del alerta. Recordemos a continuación lo que sucede en 
Bolivia desde que, el lunes pasado, el presidente Morales simplemente 
cumplió con una de las promesas electorales que, en diciembre último, lo 
llevaron al gobierno con más del 50 por ciento de los votos. 
 
 
 
 
Decretó la "nacionalización de los hidrocarburos" y ordenó a las fuerzas 
armadas tomar los campos de hidrocarburos para evitar eventuales 
"sabotajes". Distintas agencias internacionales de noticias informaron que 
el decreto de Morales obliga a las transnacionales a entregar toda su 
producción al Estado de inmediato y establece que si rechazan la medida 
deberán abandonar Bolivia en 180 días. 
 
 
 
 
"Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el 
control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo Morales desde San 
Alberto, campo petrolero que administra la brasileña Petrobras y que tiene 
también por socias a la firma española-argentina Repsol-YPF y a la francesa 
Total.  
 
 
 
 
En la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de las principales 
transnacionales, una unidad del ejercito asumió el control físico de la 
refinería de Palmasola, propiedad de la brasileña Petrobras. "Se trata de 
dar seguridad a las operaciones," dijo el comandante de la unidad, capitán 
Jorge Lenz.  
 
 
 
 
Morales firmó el decreto en un acto público en San Alberto, 700 kilómetros 
al sureste de La Paz. Con el mismo también impone la transferencia "a título 
gratuito" al Estado de las acciones de los bolivianos en las petroleras 
resultantes de la privatización en la década pasada. 
 
 
 
 
También obliga a las empresas que intervinieron en la privatización a vender 
lo que sea necesario de su paquete accionario para que la estatal YPFB 
obtenga, con las acciones de los bolivianos, "el 50 por ciento más uno de 
las acciones". 
 
 
 
 
Desde Madrid y en defensa de Repsol-YPF, el gobierno español expresó "honda 
preocupación" por las medidas legales que adoptó el gobierno boliviano. 
 
 
 
 
"El Gobierno espera que el plazo de 180 días anunciado por el presidente de 
Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos 
abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas 
en el que se respeten los intereses de uno y otros", señala un comunicado 
emitido por la cancillería española. Al menos fue un poco más prudente que 
el presidente de Petrobras, lo cual no quiere decir que no comparta con él 
su decisión de "defenderse" como fuere de los actos soberanos del presidente 
Morales.  
 
 
 
 
Otras empresas que deberán someterse a la nueva son Andina S.A, filial de 
Repsol; Chaco S.A., controlada por la británica British Petroleum; y 
Transredes, cuyo mayor paquete accionario pertenece a la anglo holandesa 
Shell y a un consorcio estadounidense que reemplaza a la quebrada Enron. 
 
 
 
 
Cuando ellas se constituyeron, los inversionistas controlaban el 50 por 
ciento de las acciones, mientras que "el pueblo boliviano" -no el Estado- y 
los trabajadores de YPFB detentarían el otro 50 por ciento. Las acciones de 
los bolivianos estaban administradas por fondos de pensiones privados, que 
no pertenecen al Estado. 
 
 
 
 
"Se acabó el saqueo de las empresas extranjeras", dijo Morales tras la firma 
del decreto, que da a YPFB el control pleno de la industria. Añadió que en 
lo inmediato las transnacionales que en 2005 hubieran producido 100 o más 
millones de pies cúbicos de gas por día deberán reconocer al Estado 
beneficios por el 82 por ciento del valor de su producción. En el caso de 
las que produjeron menos, deberán mantenerse en el régimen actual, que es de 
entregar al Estado el 50 por ciento en impuestos y regalías. 
 
 
 
 
Bolivia tiene las segundas reservas brutas de gas de Latinoamérica (48,7 
trillones de pies cúbicos), debajo de Venezuela, pero las primeras de gas 
libre, no asociado a petróleo. Las venezolanas ascienden a 151 trillones de 
pies cúbicos, pero sólo el 10 por ciento es libre. 
 
 
 
 
A las corporaciones petroleras no le faltan aliados internos en su 
estrategia de desgaste contra el gobierno de Evo Morales. Agencias 
internacionales de noticias informaron este martes que dirigentes del Comité 
pro Santa Cruz reafirmaron el martes que el próximo jueves esa región, la 
mayor y más rica de Bolivia, llevará a cabo un "paro cívico" en protesta 
contra lo que consideran "desatención" del gobierno del presidente Morales a 
las demandas regionales. 
 
 
 
 
El portavoz del Comité, Daniel Castro, dijo que el gobierno está en busca de 
una "confrontación con este departamento, el único donde la economía de 
libre mercado goza de plena vigencia" y que la región se dispone a 
"manifestarse cívicamente contra esos propósitos". 
 
 
 
 
El paro había sido anunciado días atrás y la decisión de llevarlo adelante 
tuvo lugar sólo horas después de la decisión del gobierno de Morales de 
nacionalizar los yacimientos gasíferos del país. 
 
 
 
 
"Lo que sí nos preocupa y estamos en desacuerdo es con la manera de hacerlo 
y con la fijación de los porcentajes anunciados por Morales", dijo Castro, 
quien agregó que el Comité, la organización de derecha y monopolizada por 
grupos empresarios que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, aguardaría 
una "explicación técnica" sobre esos porcentajes. 
 
 
 
 
En sintonía con los intereses de la rica burguesía de Santa Cruz de la 
Sierra, la que no esconde sus pretensiones separatistas respecto del 
gobierno nacional, Luis Vaca, uno de los gerentes de producción de 
Repsol-YPF, dijo que la firma petrolera tiene un horizonte de largo plazo, 
pero que también debe generar lucros para sus accionistas. "Si no hay lucro, 
no hay inversiones", destacó al subrayar que desde el año pasado la empresa 
ha reducido sus inversiones anuales en Bolivia de 600 millones de dólares a 
200 millones de dólares. La reducción de las inversiones se traduce en poco 
tiempo en menores volúmenes de producción. 
 
 
 
 
El Comité pro Santa Cruz aseguró que el paro se cumplirá pacíficamente y que 
sólo funcionarán las instituciones de servicio público y hospitales. Castro 
dijo que al Comité le preocupaba lo sucedido con una empresa siderúrgica en 
el extremo sureste del departamento, en la frontera con Brasil. La empresa 
fue expulsada por el gobierno por provocar serios y sostenidos daños 
ambientales.  
 
 
 
 
Dirigentes cívicos del lugar, que defienden a la empresa siderúrgica EBX, de 
Brasil, solicitaron esta semana asilo en la ciudad brasileña de Corumbá 
arguyendo que se sienten perseguidos por el gobierno de Morales, sin que 
haya mediado causa legítima alguna que justifique esa solicitud. 
 
 
 
 
Este es el panorama. Sería bueno que, por los menos, los latinoamericanos 
estemos alerta. 
 
 
 
 
3/5/06 
 
 
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