ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y EMPLEADOS PUBLICOS.

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Boletín de prensa.

·                  Llamado al presidente a corregir la política laboral y evitar la ingobernabilidad y estallidos sociales.

·                  Encuentro sindical en defensa de los derechos laborales, por la democracia sindical. 23 y 24 de Enero 2004.

Las recientes declaraciones presidenciales sobre la intención del gobierno federal de despedir a 50 mil empleados públicos, debilitará a las instituciones, reduciendo la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones para con la sociedad y profundizará el descontento de la base trabajadora provocando una escalada de conflictos que afectará la gobernabilidad del país.

La política antilaboral contra los empleados públicos, con despidos, inestabilidad en el empleo, reducción de derechos sociales y desaparición de las pensiones, es una acción contra los servicios públicos a que tiene derecho el pueblo de México y que es responsabilidad del Estado garantizarlos. La pretensión de cancelar 200 mil plazas, para reemplazarlas por personal de empresas privadas representará un mayor costo para el erario, la precarización del empleo y la mercantilización de los derechos sociales de los mexicanos.

El Estado requiere de recortar personal innecesario y costoso que se ha incrementado escandalosamente como personal de confianza, y otras contrataciones que están al margen de la ley y de las relaciones laborales de las instituciones. Se estima que cerca del 15% de la plantilla de personal conformado por funcionarios y personal de confianza absorben alrededor del 50% del presupuesto de servicios personales, mientras que al personal de base que representa el 85% de la planta laboral le corresponde menos del 50% del gasto destinado a salarios.

Los mandos superiores, medios  y las plazas equivalentes tienen compensaciones bonos y estímulos de cerca del mil por ciento de su salario base, las percepciones de 150 mil a 250 mil pesos mensuales, son insultantes ante la pobreza de la población y los magros salarios de la mayoría del personal administrativo y operativo que reciben de 1500 a 2 mil pesos a la quincena.

El presidente Fox, se comprometió a mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones y a corregir las incongruencias de la planta laboral, ha reiterado la necesidad de profesionalizar el servicio público y ordenar la estructura administrativa de las dependencias. Sin embargo los responsables de la política laboral y la secretaría de hacienda han profundizado el caos en la estructura laboral y administrativa, reduciendo la capacidad operativa del gobierno.

El secretario del trabajo y la Secretaria de Hacienda engañan al presidente. Es falso que se hayan creado plazas para el sector salud, Educación y desarrollo social para las actividades sustantivas de las dependencias, tan solo en el sector salud existe un déficit de más de 50 mil plazas. El incremento en el personal de confianza y de estructura, han provocado una macrocefalia en el gobierno. El primer paso para racionalizar y recortar gastos innecesarios pasa por retirar a los funcionarios ineptos que están provocando daños mayores a los problemas nacionales que deberían atender. La información de que se han despedido a 150 mil empleados públicos, no coinciden con los datos que ha ofrecido el gobierno federal sobre los programas de retiro voluntario que según nuestras cuentas es de poco más de 50 mil trabajadores retirados.

Le solicitamos al presidente una audiencia para presentar una propuesta de racionalización del gasto, mediante la regularización y profesionalización de la planta laboral, para lo cual se deberán eliminar los puestos y estructuras innecesarias, así como desaparecer las compensaciones y bonos extraordinarios que reducen los recursos presupuestales para el mejoramiento del personal sustantivo que atiende directamente los servicios a los mexicanos. Le demandamos al gobierno federal que suspenda la transferencia de servicios públicos al sector privado.

A la Cámara de Diputados, le solicitaremos la conformación de una comisión especial para que se haga una investigación detallada del gasto del capítulo 1000, servicios personales del presupuesto, que es de mas de 500 mil millones de pesos, así como del capítulo 3000, servicios generales, que desvía recursos para realizar contrataciones al margen de la ley y representan fondos para la gestión y apoyo de funcionarios, reduciendo los recursos para mejorar los servicios públicos.

Los empleados públicos padecemos el cáncer de la corrupción en las dirigencias sindicales en particular de la FSTSE, donde los líderes espurios, se preocupan por sus intereses particulares, a costa de la defensa y mejoramiento de las condiciones laborales y sociales, ante lo cual el 23 y 24 de enero realizaremos un encuentro nacional para definir un programa de lucha y plan de acción para la defensa de nuestros derechos, la revaloración del trabajo y la dignificación del servicio publico.

El país requiere de la creación de mas de un millón de empleos anuales, la política de despidos masivos y la cancelación de oportunidades de trabajo para la mayoría de los mexicanos, no contribuye en nada a lograr la estabilidad y el desarrollo social y económico prometido y abre el camino para lo estallidos sociales.

Antonio Vital                       Alfredo Ramírez