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| Asunto: | [MESHIKO] Declaracion Presidencial Monterrey - analisis | | Fecha: | Jueves, 15 de Enero, 2004 07:32:10 (-0300) | | Autor: | CLAES Uruguay <claes @..........uy>
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El suspiro del león
Eduardo Gudynas
La cumbre presidencial de Monterrey no logró el resultado anunciado de
otorgar una cara social a las negociaciones comerciales del
ALCA.
La Declaración de Nuevo León, firmada por los jefes de Estado de las
Américas, es apenas un suspiro de intenciones sin propuestas prácticas
concretas, dejando vigentes todas las contradicciones entre metas
sociales y comerciales que encierra la negociación del ALCA.
Si bien la Cumbre de Monterrey fue convocada para darle una cara social
al proceso del ALCA, y para avanzar en temas como la pobreza o la
gobernabilidad, los presidentes no lograron que la Declaración de Nuevo
Leónalcanzara esas metas.
El documento señala que los presidentes consideran que el bienestar de
los pueblos de las Américas dependen de tres metas estrechamente
relacionadas: crecimento económico con equidad para reducir la pobreza,
desarrollo social y gobernabilidad democrática. A partir de esas ideas,
la Declaración de Nuevo León aborda muchos temas, desde la participación
de las pequeñas y medianas empresas a la reforma del sistema financiero
internacional, desde la defensa de los derechos de propiedad a proclamar
la importancia del papel de la mujer, del apoyo a los pueblos indígenas
al combate contra el SIDA.
Algunas cuestiones estuvieron bajo fuerte discusión entre los gobiernos.
Entre ellas se encontraba la propuesta de Venezuela de un fondo solidario
basado en las requisas contra el narcotráfico, y que finalmente no se
aprobó. En cambio, aparecieron varias declaraciones de lucha contra la
corrupción, en especial invocando a la Convención Interamericana contra
la Corrupción, aunque sin llegar al extremo de una suspensión de la OEA,
como solicitaba Washington. También se contempló la inquietud de Estados
Unidos de invocar la lucha contra el terrorismo, incluyendo un
llamamiento a que las naciones del hemisferio ratificaran la Convención
Interamericana contra el Terrorismo. Finalmente se incluyó el llamado a
reducir por lo menos a la mitad el costo de la transferencias de remesas
que los inmigrantes mandan a sus países de origen, a más tardar en el
2008.
Sobre el texto referido al ALCA, que tanta expectativas despertó en estos
días por la resistencia de Brasil y Venezuela a incluirlo, tal como
reclamaba Estados Unidos. Las negociaciones de Monterrey terminaron
volcándose a favor de Washington. Se pasó entonces a una segunda
trinchera en la discusión diplomática enfocada en mencionar o no la fecha
de implementación del acuerdo hemisférico en el 2005; en ese caso
prevaleció la posición de Brasil y no se menciona una fecha.
Enfocar el análisis sobre quién logró más ventajas en el encuentro, o
quién triunfó, puede ser un ejercicio estéril. De hecho en Estados Unidos
Los Angeles Times titulaba el miércoles 14 que la nueva izquierdade
América Latina desafía a Bush, mientras el New York Times advertía que la
declaración final no le otorgó al presidente precisamente lo que buscaba.
Por otro lado, podría decirse que Washington obtuvo casi todolo que
buscaba, y en especial mantener en marcha el proyecto ALCA, y de la misma
manera, habría que reconocer que buena parte del continente lo apoya (al
menos Canadá, México, casi toda América Central, varios países andinos,
Chile y Uruguay).
En efecto, el texto final aborda el ALCA estableciendo que los
presidentes reconocen "los avances logrados hasta la fecha para el
establecimientode esa área, y toman nota con satisfacción de los
resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada
en Miami en noviembre de 2003", apoyan "el acuerdo de los
ministros sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión
de las negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará,
con la mayor eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la
pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización
del comercio". Es cierto que no existe una referencia a la fecha,
pero el párrafo es más que generoso con las negociaciones comerciales del
ALCA. Finalmente la única observación provino de Venezuela, la que en el
texto de la declaración establece que ese país "se reserva el
párrafo relativo al ALCA, por motivos principistas y diferencias
profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo
propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y
a los plazos establecidos.
Buena parte de los temas considerados en la declaración tienen fuertes
relaciones con las negociaciones comerciales que se dan en el seno del
ALCA. Por lo tanto, supuestamente la Cumbre de Monterrey podría haber
avanzado a reformular las relaciones comerciales para permitir reducir la
pobreza, en lugar de aumentarla, generar más empleos, en lugar de
perderlos, y así sucesivamente. Sin embargo, la declaración no presenta
propuestas concretas sobre cómo articular las metas sociales invocadas
con las prácticas comerciales.
Se pueden considerar varios ejemplos para fundamentar esta evaluación. En
el capítulo sobre crecimiento económico los presidentes reconocen que la
"liberalización del comercio de productos agrícolas constituye,
entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la
agricultura" y además reafirman su compromiso para "promover un
efectivo acceso a los mercados". Ese propósito no es nuevo, y viene
siendo reclamado por varios países Latinoamericanos frente a las barreras
y subsidios agrícolas y en acceso a mercados de Estados Unidos y Canadá.
La declaración lo repite pero no incluye ninguna medida específica sobre
cómo se pueden imponer estas condiciones a las negociaciones comerciales.
En el capítulo sobre desarrollo social los presidentes se refieren a las
migraciones, incluyendo a aquellos que se trasladan en busca de trabajo,
y a la necesidad de asegurar empleos decentes. De hecho el ALCA generaría
un comercio con fuertes implicancias sobre el empleo, sea enfatizando un
modelo de trabajo de bajísimas remuneraciones y malas condiciones, propio
de las maquilas, o por impedimentos al libre flujo de la fuerza del
trabajo como debería esperarse en una integración plena. La Declaración
de Nuevo León nada dice sobre cómo reformar el comercio para evitar
impactos negativos sobre el empleo.
En el capítulo sobre gobernabilidad democrática se subraya la
participación de la sociedad civil; se reconoce su contribución a la
"buena gestión pública" y se reafirma la "importancia de
continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación
constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad
civil". Estas proposiciones son por demás compartibles, pero en las
negociaciones comerciales del ALCA no se aplican; se mantienen
restricciones sobre casi toda la documentación, las posiciones
negociadoras de los gobiernos son confidenciales y las oportunidades que
tienen ONGs o sindicatos de participar de los encuentros ministeriales
deben enfrentar toda clase de problemas de seguridad.
La Declaración de Nuevo León está repleta de elementos como estos, con
fuertes apelaciones contra la pobreza o a favor del desarrollo, pero sin
vinculaciones concretas y efectivas en el terreno comercial. Se repite el
drama de las Cumbres presidenciales del ALCA, donde sus propuestas y
planes de acción están desvinculados de las negociaciones comerciales, y
son éstas las que tienen consecuencias concretas sobre cada
país.
Es más: las bases conceptuales del acuerdo comercial del ALCA implica que
las metas sociales son potenciales distorsiones al comercio, y por lo
tanto no pueden ser aplicadas. En el ALCA el comercio no puede estar
regulado socialmente. Para evitar esa posibilidad, el acuerdo de comercio
hemisférico contempla mecanismos donde se combate cualquier intervención
sobre el libre flujo de capitales.
Se cae así en una paradoja: si fuera posible llevar a la práctica al
menos algunos de los objetivos planteados en Monterrey, como el
compromiso de los presidentes de "mantener un esfuerzo sostenido
para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al
promover las inversiones y crear un entorno favorable para el
mejoramiento sostenible de la agricultura", sería necesario el papel
activo del Estado en medidas tales como créditos preferenciales,
protecciones de mercados internos, apoyo para la reconversión productiva,
etc. Casi todas esas acciones pueden ser calificadas como distorsiones
sobre el libre mercado, proteccionismos encubiertos o trabas a la
inversión extranjera, y por lo tanto pueden ser denunciadas y combatidas
desde el ALCA.
Queda en evidencia una fortísima tensión: o bien se abandonan las metas
de compromisos como los de Monterrey, o bien se debe repensar toda la
negociación comercial del ALCA. En tanto no se aborden estos temas de
fondo, la Declaración de Nuevo León es apenas un suspiro.
Eduardo Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía,
Ecología y Equidad América Latina). Publicado el 14 de enero 2004. Mas
informaciones en
www.integracionsur.com
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