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Asunto:[MESHIKO] La defensa de la Ilegalidad / Beatriz Solis Leree
Fecha:Miercoles, 7 de Marzo, 2001  22:02:08 (-0700)
Autor:Red Anahuak Networks <chicanos @...........mx>

La defensa de la Ilegalidad / Beatriz Solis Leree



La defensa de la Ilegalidad
Beatriz Solis Leree

25 de febrero de 2001

En los últimos veinte años y particularmente en los últimos cinco, se han argüido falsos argumentos, disfrazados de atentados a la libertad de expresión, censuras y mordazas, como respuesta a los intentos por avanzar en la reforma jurídica de la comunicación masiva mediante la definición de normas claras y transparentes; modernas y ajustadas a los tiempos que hoy vive nuestro país y particularmente acordes con la aspiración democrática  de la sociedad. Escondiendo el verdadero argumento, opuesto a lo que dicen defender.

La libertad de expresión se defiende y debe exigirse pero como un derecho de todos los ciudadanos y no solo para aquellos que gozan y lucran del beneficio de un bien nacional, como son los medios electrónicos, que pelean para sí una libertad de expresión que no desean para los demás. La libertad de expresión, sí. Pero como derecho exclusivo para ellos. Derecho a la información, sí. Pero que obligue a los otros.

Este doble discurso ahora encuentra un nuevo "enemigo": el Consejo Nacional de Radio y Televisión, establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión vigente desde 1960, y retomado, hasta hoy, como una promesa más del nuevo gobierno con el argumento de asumir el pleno apego a la Ley. En este sentido, el Secretario Santiago Creel ha reiterado, al menos en el caso Yucatán,  su decisión de buscar el Estado de Derecho y no poner en la mesa de negociación el pleno e irrestricto cumplimiento a la ley, es de esperarse que en todos los campos de la administración publica, encontremos esa decisión.

La Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV) ha sido uno de los instrumentos jurídicos mas defendidos por los empresarios, ha sido atribuida de enormes virtudes: moderna, completa, y suficiente por lo que su actualización se ha rechazado consistentemente. Ahora, descubrimos el verdadero argumento. Era una excelente ley, mientras no se aplicara. El asunto fundamental queda hoy al descubierto, En esta materia, la impunidad es la mejor ley.

Se trata ahora de combatir no solo los intentos de actualización legislativa, sino los intentos gubernamentales de aplicación de lo establecido en la norma que "simuladamente" parecía vigente y acordada por la industria y que de manera intempestiva se convirtió, de  ley modelo en una nueva ley mordaza.

El reciente debate sobre los Talk Shows y la consecuente acción del ejecutivo forzada por el poder legislativo y muchos sectores de la sociedad, sirvieron sin duda como detonar para llamar la atención sobre la importante tarea de supervisar el adecuado uso de un bien nacional y la debida observancia de los principios establecidos por la ley, eso promovió la acción y reacción de las empresas involucradas. La acción, en un caso, fue eliminar los programas, que por cierto se encontraban ya en decadencia comercial, en el otro caso, Televisión Azteca, decide "medir fuerzas" y aguantar la tensión, apostando a la "flexibilidad" y ambigüedad de la ley y probando la voluntad del ejecutivo. La reacción: La constitución, por parte de la industria, de un Consejo de Autorregulación, esfuerzo importante si alcanza su verdadera vigencia, pero no como sustituto de la ley. Mostrando también con ello, una "unidad" empresarial para enviar al Ejecutivo un doble mensaje. Frente común para causas compartidas, no solo la Paz light promovida masivamente como espectáculo, sino también, y sobre todo, frente común cuando se atenta contra sus intereses.

Esperado durante cuarenta años, la materialización del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CNRTV) establecido en la LFRTV, es anunciado por la Secretaria de Gobernación, y hasta ahora, aplazada en su instalación, abre un paréntesis, sin explicación publica, antesala de lo que hoy constatamos. Ese Consejo es hoy el nuevo fantasma.

¿Que pretende el tan temido Consejo?. En el Titulo Quinto, sobre Coordinación y Vigilancia, en su Capítulo I, la Ley (LFRT) establece la  creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión como el  Organismo Coordinador de las funciones de coordinación y vigilancia de la ley y según prescribe el artículo 90, se integra por un representante de la Secretaría de Gobernación, que fungirá como Presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Secretaría de Educación Pública, otro de la Secretaría de Salud, dos representantes de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores.

El articulo 91 detalla las atribuciones que la Ley le encomienda:

I.- Coordinar las actividades a que se refiere esta ley;
II.- Promover y organizar las emisiones que ordene el Ejecutivo Federal;
III.- Servir de órgano de consulta del Ejecutivo Federal;
IV.- Elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones;
V.- Conocer y dictaminar los asuntos sometidos a su estudio y opinión por las Secretarías y Departamentos de Estado o por las instituciones, organismos o personas relacionadas con la radio y la televisión;
VI.- Todas las demás que establezcan las leyes y  sus reglamentos.

Por otra parte, resulta importante conocer que la Ley atribuye a este Consejo una tarea de enorme relevancia. Según el artículo 59 deberá coordinar las emisiones del llamado "tiempo legal", es decir las transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social que deberán emitir las estaciones de radio y televisión

La misma ley (articulo 61) deja ver el sentido de corresponsabilidad que da se asigna al Consejo, imponiendo al Ejecutivo la responsabilidad de proporcionar el material a transmitirse y al CNRTV, le instruye para escuchar previamente al concesionario o permisionario para que, de acuerdo con ellos, se fijen los horarios de transmisión. En este sentido, la misma ley establece que debe buscarse el consenso. Reflexión aparte merece la necesidad de establecer políticas claras que permitan una negociación efectiva en provecho de los auditorios, para garantizar el cumplimiento de los fines a que están destinados los medios de comunicación referidos en el artículo 5 de la Ley que prescribe que tienen la función social de "contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana".

La conveniencia de instalar el Consejo no solo radica en la voluntad ofrecida en términos  del irrestricto respeto a la legalidad, sino por las tareas que a éste se le especifican en el propio Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión emitido por el ejecutivo en 1973 y que sin duda, a estas fechas, de haberse cumplido, tendríamos avances significativos en la programación de los medios electrónicos por las tareas de estimulo y promoción establecidas, especialmente en el articulo 51 del reglamento:

I. Elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones. Para que el Consejo pueda cumplir con esta atribución, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión deberán:
1. Clasificar su programación en las categorías (claramente definidas en el Reglamento).
2.  Remitir semanalmente al Consejo, en las formas en que éste apruebe, un informe sobre su programación. Con vista en dicho informe, este organismo estudiará y propondrá las medidas más eficaces a fin de corregir las desviaciones en que hubieren incurrido.
II. Llevar a cabo otras medidas que estime convenientes para el eficaz cumplimiento de las disposiciones de la ley de la materia;
III. Otorgar, en su caso, premios en efectivo, trofeos, diplomas, menciones o cualquier otro tipo de reconocimiento a las producciones para radio y televisión y todas aquellas personas que hayan intervenido en su realización a nivel creativo;
IV. Organizar festivales sobre los diferentes géneros de programas y de comerciales publicitarios para la televisión;
V. Recomendar las medidas tendientes al buen funcionamiento de las estaciones de radio y televisión, y
VI. Todas las demás que establezcan las leyes y sus reglamentos.

La ratificación de la necesidad de existencia de este Consejo como organismo coordinador, no censor, en su momento apuntaba a eliminar la discrecionalidad y unilateralidad en la necesaria pero delicada tarea de supervisar los contenidos de los medios, al incluir en esa tarea a los actores de la emisión, y queda claramente establecida en los mismos considerandos que, en marzo de 1973 sirvieron de sustento para la emisión del Reglamento. A la luz de los acontecimientos vale la pena recordarlos hoy:

"Que el eficaz desempeño del Consejo Nacional de Radio y Televisión es de gran importancia para impulsar a los medios de comunicación a la superación que se desea: para tal efecto, se le aporta mayor capacidad administrativa y técnica. Se señalan procedimientos expeditos para que, escuchando a los concesionarios, se fijen los horarios del tiempo correspondiente del Estado y se coordine con eficacia y prontitud la producción y los programas; además, con el propósito de que el Consejo pueda cumplir con la atribución de estudio y orientación, se establece la obligación para los concesionarios y permisionarios, de hacer una clasificación de su programación, conforme a las categorías que se señalan y con base en ella, deberán remitir al Consejo un informe semanal a fin de que éste analice la distribución de las programaciones, cuantitativa y cualitativamente, y proponga las ideas más idóneas que tiendan a corregir las desviaciones en que se hubiere incurrido y así poder establecer en lo futuro una política general más eficaz sobre la materia." (Considerando XI)

A pesar de que el Consejo no se materializó en los hechos -ahora vemos claramente las razones que amenazan con recrear viejos tiempos en los que la presión negociada entre industria y ejecutivo establecían acuerdos para no incorporar elementos extraños a un a bien establecida relación contractual-  trece años después de promulgado el reglamento y veintiséis de la LFRTV, el Presidente Miguel de la Madrid publica un decreto, el 20 de enero de 1986,  creando al Comité Asesor del Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Cabe recordar que la creación de este Comité Asesor no fue un acto gracioso del poder público, sino producto de las demandas de las consultas convocadas en ese periodo por la Cámara de Diputados, en la búsqueda de la cuadratura del circulo y por Miguel de la Madrid en los Foros para integrar su Plan de Gobierno. El tema de los medios y de la reglamentación del Derecho a la Información, agregado al Articulo 6 de la Constitución en 1977, habían puesto en la agenda del poder publico y en especial de ciertos sectores  de la sociedad el tema de la responsabilidad social de los medios y el modelo imperante en el país. Esas condiciones se reflejan en la argumentación central del Decreto de creación del Comité Asesor, donde se exponía la necesidad de  "alcanzar metas más ambiciosas en los contenidos de la radiodifusión y contar con una mayor participación de la sociedad, en especial de las instituciones académicas".

Fue también por ello, que en sus considerandos se indica que "de conformidad con la Ley, el Consejo Nacional de Radio y Televisión integrado por representantes del Gobierno, de la industria de la radio y la televisión y de los trabajadores, es un órgano especializado en la materia, cuyas funciones de coordinación, vigilancia y organización de emisiones, incluyen dictaminar consultas de opiniones de instituciones, organismos y personas relacionadas con la radio y la televisión y contribuir a la elevación del nivel social, cultural y artístico de las transmisiones" y "Que el Consejo tiene además, respetando la libertad de expresión, la tarea de velar para que la radiodifusión se desarrolle acorde con el alto cometido de su función social, la de analizar cualitativamente el servicio que la radio y la TV prestan al interés público, proponiendo las medidas idóneas para establecer una política más eficaz sobre la materia".

Los tiempos que hoy corren han mostrado que la importancia de la representación social en las tareas de interés público, y en consecuencia la relevancia de la instalación anunciada del Comité Asesor es tan fundamental como el ejercicio de la legalidad, es tal vez esto que hoy genera alergias y fantasmas en quienes pretenden continuar con un régimen especial que les disculpe del cumplimiento de la ley. Ningún poder, y los medios lo son, puede ser ejercido con impunidad, a espaldas de la sociedad y sin reglas transparentes y acordadas legítimamente.

La participación del Comité Asesor del CNRTV le permitirá sumar opiniones calificadas de representantes, de acuerdo al Decreto, de instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Colegio Nacional; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el  Consejo Nacional de la Publicidad.

El ejecutivo es  ahora puesto a prueba, la reacción de la industria ante el anuncio de la instalación del CNRTV y su Comité Asesor, es clara, no están dispuestos a que la ley se cumpla, argumentan que este Consejo representa una amenaza para la libertad de expresión y anticipadamente se le atribuye una función censora. Por un lado, rechazan la presencia de los representantes de los Sindicatos, desconociendo ahora, la convivencia compartida a lo largo de cincuenta años con los sindicatos "oficiales" de la industria; les incomoda la "negociación", con cuatro representantes gubernamentales, dificultando, tal vez, la conveniente y fácil dinámica de la discrecionalidad facilitada por la participación de un solo sector gubernamental, la Secretaria de Gobernación. O bien, ven a la representación académica como una reflexión innecesaria. Parece que para ellos, compartir la responsabilidad  de supervisar y cumplir la ley, se convierte hoy en un instrumento de censura.

El doble discurso de la voluntad autorregulatoria queda en evidencia, lo que se defiende es la ilegalidad. Cuando antes se avalaba la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 era, su condición de letra muerta, pues hoy, argumentan, quieren resucitarla, para censurar a los medios ". El mensaje es: La ley estaba muerta y así debe quedarse.

Nuevamente estamos siendo testigos de la expresión clara de las relaciones de poder que la impunidad y "autorregulacion" en la que los medios de comunicación  han fundado su desempeño e implantado las reglas con las que piensan y exigen continuar trabajando: Los industriales se niegan a acatar la ley vigente, y se niegan a asumir que la sociedad a  la que sirven, destinatario final de su razón de existir, tenga para sí el derecho a ser informada sobre el funcionamiento de un servicio público y  acerca de las razones para el rechazo a la instalación de ese Consejo y en consecuencia a acatar lo dispuesto por la ley. La madurez de sus auditorios debe ser considerada y escuchada para normar criterios, en ello no existe censura. Nadie la quiere, la Constitución la impide.

El ejercicio de la  legalidad parece ser, en estos tiempos, el reto fundamental del nuevo gobierno, el costo de largos años de reposo de la cultura jurídica en nuestro país pretende cobrarse. La señal anunciada, de instalar el organismo coordinador de la LFRTV y su Comité Asesor, y con ello cumplir la ley y cumplir con la obligación constitucional del Ejecutivo, de cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas del Congreso de la Unión, pone a prueba, como ninguna otra, la hondura del compromiso de cambio y el carácter democratizador del nuevo gobierno.