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Asunto:[MESHIKO] Area de Libre Comercio de las Americas / La Amenaza Para Los Programas Sociales, La Sostenibilidad Del Medio Ambiente y la Justicia Social en Las Americas / Maude Barlow, Presidenta Nacional del Council of Canadians
Fecha:Lunes, 2 de Abril, 2001  22:45:37 (-0700)
Autor:Red Anahuak Networks <chicanos @...........mx>

Por la proteccion de Toda vida en Madre Tierra... 
'Paz y Fuerza Interior a Traves de la Union' 
Guardianes del Planeta 
Grupos de Activacion Planetaria -GAP 
www.redanahuak.org.mx/pao 
www.elistas.net/foro/gap 
 
******* 
 
Amig@s:  
Nuestro querido hermano Jean Hudon, activista conspicuo de la red 
planetaria, nos conecta desde Quebec con el Concejo de Canadienses y 
con este texto fundamental sobre el ALCA que ponemos a su consideracion. 
Fraternalmente, 
Ricardo Ocampo 
Red Anahuak 
 
 
******* 
 
From: globalvisionary@... (jean hudon) 
Date: Mon, 2 Apr 2001 20:56:23 -0400 
Subject: Area de Libre Comercio de las Americas - La  Amenaza Para Los 
Programas Sociales, La Sostenibilidad Del Medio Ambiente y La Justicia 
Social en Las Americas 
 
DOCUMENTO EN ESPAÑOL ABAJO... 
 
******* 
 
Dear Spanish-speaking friends 
 
May I recommend the following to your attention. Please disseminate as much 
as you feel is appropriate. For more details (in English only) on the 
upcoming Summit of the Americas and its relevance to everyone on Earth 
please visit 
 
http://www.cybernaute.com/earthconcert2000/CountdownSummit.htm 
 
to read about 
 
"Countdown to the Summit of the Americas: Protest the Free Trade Agreement 
of the Americas (FTAA) + Anti-summit activists will pay minister a visit + 
Weaving a Web of Solidarity - A feminist action against globalisation + 
FTAA Environment Ministers Protest in Montreal + Re-percussions of the FTAA 
+ A great way to get around the mainstream media ban on truth + Quebec 
Solidarity - Wear a scarf April 2 + #1 most censored story: corporatizing 
water worldwide + International Day for Forests and Against Free Trade + 
Anarchists Claim Responsibility for Seattle Earthquake" 
 
By the end of this week, there will also be another such compilation to be 
posted at 
 
http://www.cybernaute.com/earthconcert2000/CountdownSummit2.htm 
 
with the following subjects: 
 
"Countdown to the Summit of the Americas #2: The new Berlin/Quebec Wall of 
Oppression against Anti-Free-Trade Activists: U.S. activist detained at 
airport on eve of summit protest seminar + Canada bars fabled farm activist 
Jose Bove + Globalization Glossary + The Feeling of a Coup + New "weaving a 
web of solidarity" website to open soon + Ministers face activists riled up 
over environment + Freedom For France (Spirituality) + The Feeling of a 
Coup" 
 
You are also welcomed to email me relevant information about protest 
actions in your country (in English only please) for possible networking to 
the Earth Rainbow Network e-list. To subscribe to this ERN e-list, simply 
request it from globalvisionary@... 
 
Love and Light 
 
Jean Hudon 
Earth Rainbow Network Coordinator 
http://www.cybernaute.com/earthconcert2000 
 
The Earth Rainbow Network, founded in February 1997, has an extensive list 
of more than 1800 people in approximately 50 countries sharing information, 
visions and feedbacks on a broad range of subjects as a way to expand and 
deepen global awareness and the sense of forming a global spiritual 
community gradually empowering itself to contribute in shaping the future 
of this world. 
 
 
******* 
 
 
EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS 
 
Y LA AMENAZA PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES, LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS AMÉRICAS 
 
Por Maude Barlow 
 
<http://www.canadians.org/>; 
<http://www.canadians.org/campaigns/campaigns-main.html>; 
 
Maude Barlow es presidenta nacional del Council of Canadians (Concejo de 
Canadienses), el grupo de propugnación pública más grande de Canadá, y una 
de las directoras del International Forum on Globalization. Es autora y 
coautora de 12 bestsellers. Su nuevo libro, Global Showdown: How the New 
Activists are Fighting Global Corporate Rule, escrito juntamente con Tony 
Clarke, será publicado por la editora Stoddart en febrero de 2001. 
 
--------------- 
Maude Barlow, from the Council of Canadians and Tony Clarke from the Polaris 
Institute co-authors of Global Showdown spoke in Vancouver on a book launch 
tour Saturday March 3, 2001. 
Global Showdown describes the new activist movement against global corporate 
rule.  
They call this the "New Democracy" movement and describe its central task as 
ensuring that civic culture prevails over corporate culture. 
<http://www.workingtv.com/globalshowdown.html>; 
----------------- 
 
 
Resumen 
 
Los arquitectos del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyas 
negociaciones se encuentran actualmente en curso con la participación de 34 
países, tienen la intención de que éste sea el acuerdo de libre comercio de 
más amplio alcance que se haya firmado en la historia. Si bien el modelo se 
fundamenta en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el 
ALCA trasciende el alcance y poder del TLC. En su estado actual, el ALCA 
introduciría en el Hemisferio Occidental todas las disciplinas del acuerdo 
de servicios propuesto por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)-Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)-con los poderes 
del fallido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (MAI), a fin de crear un 
nuevo poder comercial con una nueva autoridad de amplios poderes que 
regiría cada aspecto de la vida en Canadá y en las Américas. 
 
El GATS, con negociaciones actualmente en curso en Ginebra, tiene el 
mandato de liberalizar el comercio mundial de servicios, incluso todos los 
programas públicos, y gradualmente eliminar todas las "barreras" 
gubernamentales contra la competencia internacional en el sector de 
servicios. El Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA propone en este 
momento incorporar al pacto hemisférico un acuerdo de servicios similar y 
de mayor alcance. Propone además conservar y quizá expandir las 
disposiciones de "inversionista-estado" del TLC que confieren a las 
empresas el derecho sin precedentes de reivindicar sus intereses 
comerciales mediante tribunales comerciales de carácter vinculante. 
 
Si se combinan estos dos poderes en un solo acuerdo, se le dará a las 
empresas transnacionales del hemisferio el derecho de competir en el sector 
de servicios subvencionados por el gobierno, incluso sanidad, educación, 
seguridad social, cultura y protección ambiental. 
 
Por otra parte, el ALCA, tal como se lo ha propuesto, contiene nuevas 
disposiciones en políticas de competencia, compras del sector público, 
acceso a mercados y solución de controversias que, junto con la inclusión 
de servicios e inversiones, podría socavar la habilidad de todos los 
gobiernos de las Américas para crear y mantener leyes, normas y reglamentos 
destinados a proteger la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos y 
del medio ambiente que comparten. Además, los negociadores del ALCA parecen 
haber decido emular a la OMC en vez del TLC en áreas clave de normalización 
y solución de controversias, donde las reglas de la OMC son más rigurosas. 
 
Esencialmente, lo que han hecho los negociadores del ALCA, alentados por la 
comunidad de las grandes empresas de cada país, es tomar los elementos más 
ambiciosos de todos los acuerdos comercio e inversiones mundiales-ya sea 
existentes o propuestos-y reunirlos en este evidentemente ambicioso pacto 
hemisférico. 
 
Una vez más, al igual que en acuerdos anteriores como el TLC o la OMC, este 
tratado de libre comercio no contendrá en el texto principal ninguna 
garantía que proteja a los trabajadores, derechos humanos, seguridad social 
o normas sanitarias y ambientales. Una vez más, la sociedad civil y la 
mayoría de los ciudadanos que desean un tipo diferente de acuerdo de libre 
comercio han sido excluidos de las negociaciones y no podrán participar en 
las deliberaciones de la Ciudad de Quebec en abril de 2001. 
 
No obstante, nunca ha estado en juego tanto para los pueblos de las 
Américas; parecería ser que una confrontación es inevitable. 
 
¿Qué es el ALCA? 
 
El Área de Libre Comercio de las Américas es el nombre que se da al proceso 
de expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) hacia 
los demás países del Hemisferio Occidental con la excepción de Cuba. Con 
una población de 800 millones de habitantes y un PIB combinado de USD 11 
billones, el ALCA conformaría la zona de libre comercio más grande del 
mundo. Si los informes provenientes de los Grupos de Negociación encargados 
de los elementos clave del acuerdo son correctos, el ALCA será el acuerdo 
de libre comercio de mayor envergadura del mundo, con un alcance que 
influirá en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de las 
Américas. 
 
El ALCA fue lanzado por los 34 líderes de Norte, Centro y Suramérica y del 
Caribe durante la Cumbre de las Américas celebrada en Miami, Florida, en 
diciembre de 1994. En esa reunión, el Presidente Bill Clinton se 
comprometió a hacer realidad el sueño del ex-presidente George Bush de una 
acuerdo de libre comercio que abarcara desde Anchorage hasta Tierra del 
Fuego, y vinculase las economías del hemisferio y profundizase la 
integración de los países con fundamento en un modelo de libre mercado como 
el TLC. 
 
No obstante, hubo poco progreso real hasta la siguiente Cumbre de las 
Américas, esta vez realizada en Santiago de Chile en abril de 1998, momento 
en el cual los países establecieron un Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC), compuesta por los viceministros de comercio de cada país. 
 
Con el apoyo de un comité tripartito integrado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión 
Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), se establecieron nueve 
grupos de trabajo encargados de las áreas principales de las negociaciones: 
servicios; inversiones; compras del sector público; acceso a mercados 
(cobertura de aranceles, medidas no arancelarias, procedimientos aduaneros, 
reglas de origen, normas y barreras técnicas contra el comercio); 
agricultura; derechos de propiedad intelectual; subsidios, antidumping y 
derechos compensatorios; política de competencia y solución de 
controversias. 
 
Se establecieron también tres comités especiales no negociadores encargados 
de problemáticas relativas a las economías más pequeñas, la sociedad civil 
y el comercio electrónico. Estos comités y grupos de trabajo se reunieron 
con mayor frecuencia durante el transcurso de los años 1999 y 2000, y en 
los primeros meses de 2001, con más de 900 negociadores comerciales y 
montañas de material en Miami, donde se realiza la mayoría de las 
reuniones. 
 
Desde el principio, las grandes empresas y sus asociaciones y grupos de 
cabildeo han sido parte integral del proceso. En Estados Unidos, una 
variedad de comités empresariales asesoran a los negociadores de ese país 
y, bajo un sistema de comité de asesoría comercial, más de 500 
representantes empresariales cuentan con autorización de seguridad 
suficiente y acceso a los documentos de negociación del ALCA. En la reunión 
ministerial celebrada en Toronto en noviembre de 1999, los ministros de 
comercio de las Américas acordaron implementar 20 "medidas de facilitación 
comercial" en el lapso máximo de un año a fin de agilizar la integración 
aduanera. 
 
Una de las tareas de los negociadores es comparar y consolidar los 
componentes clave de una variedad de acuerdos comerciales y de inversión 
establecidos en el área, con inclusión de: TLC, un acuerdo de libre 
comercio e inversión entre Canadá, EE.UU. y México; Mercosur, un mercado 
común del Cono Sur conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; el 
Pacto Andino; y Caricom, la comunidad del Caribe. Se ha firmado también un 
número de tratados bilaterales de inversión (BIT) entre países individuales 
sobre la base del modelo "inversionista-estado" del TLC, con el cual las 
empresas pueden enjuiciar directamente a los gobiernos por presuntas 
violaciones de derechos de propiedad sin que primero intervengan sus 
propios gobiernos. Existen algunas diferencias entre estos pactos y 
acuerdos. Por ejemplo, la meta de Mercosur es convertirse en mercado común; 
el TLC, por otra parte, no ha establecido normas laborales comunes entre 
los tres miembros y, claramente, Estados Unidos no toleraría el libre 
movimiento de trabajadores provenientes de México. En cambio, Mercosur 
contiene algunas disposiciones y programas de índole social para 
trabajadores desplazados que no constan en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
 
Pero las similitudes entre estos tratados tienen más peso que las 
diferencias. Tanto el TLC como Mercosur incluyen medidas para liberalizar 
las inversiones extranjeras y otorgan derechos de tratamiento nacional (no 
discriminatorio) a los inversionistas extranjeros. Ambos prohíben los 
"requisitos de desempeño" mediante los cuales los inversionistas 
extranjeros se verían obligados a promover la economía local y apoyar a los 
trabajadores del lugar. 
 
Además, ambos se fundamentan en un modelo de liberalización de comercio e 
inversiones que se adhiere estrictamente a los Programas de Ajuste 
Estructural (SAP) introducidos anteriormente en Latinoamérica por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo estos programas, la 
mayoría de los países en desarrollo se vio obligada a abandonar la 
industria nacional para dar lugar a intereses empresariales 
transnacionales; utilizar sus mejores tierras agrícolas para producir 
cultivos de exportación a fin de saldar la deuda externa; recortar el gasto 
público en programas sociales y abandonar los programas de atención médica, 
educación y seguridad social universales; liberalizar sus sectores de 
electricidad, transporte, energía y recursos naturales; y retirar las 
barreras reglamentarias contra las inversiones extranjeras. 
 
En las negociaciones existen tensiones de liderazgo. Desde 1995, el 
gobierno estadounidense no ha logrado renovar su legislación acerca de 
negociaciones rápidas (fast-track) que, básicamente, autoriza al congreso 
para adoptar acuerdos de libre comercio en su totalidad. Esto le ha dado a 
Brasil, indiscutiblemente el líder económico de Latinoamérica, las 
oportunidades de cuestionar la supremacía de Estados Unidos en las 
negociaciones y de ofrecerse para dirigir el proceso de integración 
económica de las Américas. 
 
Además, la invasión de la comunidad empresarial de la Unión Europea en 
Latinoamérica, especialmente en los sectores banca, telecomunicaciones, 
automotriz y productos de consumo, ha servido como catalizador de la 
reivindicación del liderazgo estadounidense en el hemisferio. La UE ha 
intensificado su presencia en la región, negociando acuerdos de libre 
comercio e inversión con países individuales tales como Chile, México y 
Brasil. Estados Unidos necesita que el ALCA concluya satisfactoriamente 
para mantener la predominancia de su sector empresarial en la región. 
 
Hay más presión todavía para que el ALCA llegue a buen puerto debido a la 
derrota del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (MAI) en la primera 
reunión ministerial de la OMC en 1996 y en la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 1998, además de la clausura de la "Ronda 
del Milenio" de la OMC en Seattle en diciembre de 1999. Efectivamente, es 
difícil para los funcionarios de la OMC conseguir un lugar donde celebrar 
una nueva reunión ministerial. Por otra parte, APEC, el foro de cooperación 
económica Asia-Pacífico, está tambaleándose y pocos creen que se convierta 
en una zona de libre comercio e inversión, como se esperaba. 
 
Muchos observadores y especialistas en comercio han identificado al ALCA 
como heredero natural de estos proyectos fallidos y temen que otro fracaso 
de este tipo podría poner en suspenso a estos acuerdos masivos de libre 
comercio durante años. Efectivamente, en una declaración difundida en enero 
de 2000, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Peter 
Allegeier, dijo que el ALCA ha cobrado nueva importancia tras el fiasco de 
Seattle y es muy posible que haya aspiraciones de trascender el alcance de 
la OMC, sin la necesidad de interacción. 
 
La próxima Cumbre de las Américas de nivel ministerial se llevará a cabo en 
la Ciudad de Quebec en abril de 2001. Durante la reunión se presentará a 
los líderes un primer borrador del Tratado de Libre Comercio de las 
Américas, de carácter decididamente provisional, sobre la base del cual se 
comenzará a elaborar el texto integral. Originalmente, se esperaba concluir 
e implementar el acuerdo para el año 2005; no obstante, algunos países, 
incluso Chile y Estados Unidos, están presionando a los demás para 
adelantar la fecha de ratificación a 2003, aunque esto dependerá del 
desarrollo de las negociaciones en la reunión cumbre de la Ciudad de 
Quebec. 
 
¿Qué contiene el ALCA? 
 
Esencialmente, tal como se lo ha planificado, el ALCA es una expansión del 
TLC de América del Norte, tanto por incluir a una diversidad de nuevos 
países en el pacto como por extender el alcance del libre comercio a nuevos 
sectores sobre la base de nuevas y rigurosas disposiciones de la OMC. En 
una declaración difundida a la par de la cumbre original de Miami de 1994, 
los ministros hicieron una serie de recomendaciones en forma de una 
declaración. En ésta, dijeron que se había llegado a un acuerdo con 
respecto a varios "objetivos y principios" clave, con inclusión de: 
 
integración económica del hemisferio fomento de la integración de los 
mercados de capital coherencia en relación con la Organización Mundial del 
Comercio eliminación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias 
eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas eliminación de 
barrearas para las inversiones extranjeras marco jurídico para proteger a 
inversionistas y sus inversiones medidas para mejorar las compras del 
sector público nuevas negociaciones para la inclusión de servicios 
 
Desde ese entonces, la información sobre lo que contiene exactamente el 
ALCA ha sido escasa. Sin embargo, tras reuniones con la oficina del 
representante comercial de Estados Unidos, la entidad denominada Public 
Citizen's Global Trade Watch informa que EE.UU. se ha empeñado en 
liberalizar el sector servicios, incluso sanidad, educación, servicios 
ambientales y servicios hídricos. El ALCA también incluirá disposiciones 
acerca de inversiones similares a las que contenía el fallido Acuerdo 
Multilateral sobre Inversiones y el Capítulo II del TLC, sobre la base de 
las cuales las empresas podrán enjuiciar directamente a los gobiernos por 
las ganancias que se pierdan debido a la promulgación de leyes diseñadas 
para proteger la salud y la seguridad, las condiciones laborales o las 
normas ambientales. 
 
El Grupo de Miami-Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile-tienen el 
objetivo de obligar a todos los países de las Américas a aceptar la 
biotecnología y los alimentos genéticamente modificados (OGM), lo que 
promovería los intereses de empresas de biotecnología como Cargill, 
Monsanto y Archer Daniels Midland por encima de los requisitos de 
supervivencia de los pequeños agricultores, campesinos y comunidades de 
toda Latinoamérica. Finalmente, según informa Public Citizen, Estados 
Unidos está tratando de expandir al resto del hemisferio las reglas de 
proteccionismo empresarial acerca de patentes, plasmadas éstas en el 
TLC-reglas que otorgan a la empresa titular de una patente en un país 
determinado los derechos monopólicos de comercialización de un artículo en 
toda la región, lo que por ende imposibilitaría el acceso del pueblo a 
medicinas tradicionales. 
 
Por otra parte, los informes de los mismos negociadores han pasado 
inadvertidamente a manos del público. Últimamente, se filtró un informe 
confidencial del grupo de negociación de servicios fechado el 7 de octubre 
de 1999. Éste contiene planes detallados sobre las disposiciones del ALCA 
en materia de servicios. Sherri M. Stephenson, Vicedirectora de Comercio de 
la Organización de los Estados Americanos, elaboró un escrito para una 
conferencia de comercio que se había de realizar en marzo de 2000 en 
Dallas, Texas, en el cual informaba acerca del mandato y progreso de los 
nueve grupos de trabajo, clasificados por sector. Los sitios Web del ALCA y 
los documentos del gobierno canadiense también contienen información 
importante. 
 
En conjunto, estos informes revelan un plan para crear el tratado comercial 
más amplio que jamás se haya negociado. La combinación de un acuerdo de 
servicios totalmente nuevo en el ALCA y las disposiciones existentes (y 
quizá hasta extendidas) del TLC con respecto a inversiones representan una 
amenaza completamente nueva para todos los aspectos de la vida de los 
pueblos de las Américas. Esta poderosa combinación otorgará a las empresas 
transnacionales del hemisferio nuevos derechos, mismo en las áreas 
supuestamente protegidas de sanidad, seguridad social, educación, servicios 
de protección ambiental, suministro de agua, cultura, protección de 
recursos naturales y todos los servicios gubernamentales, tanto federales 
como provinciales y municipales. 
 
Mandatos de los nueve grupos de negociación 
 
1. Servicios 
 
El mandato del grupo de negociación de servicios es de orden masivo: 
"Establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de 
servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre 
comercio, en condiciones de certidumbre y transparencia" y desarrollar un 
marco "que incorpore derechos y obligaciones en servicios de alcance 
integral". Se trata de un nuevo tratado diseñado a fin de que sea 
compatible con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(GATS)-negociaciones sobre servicios de la OMC actualmente en curso. 
 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios fue establecido en 1994, 
tras concluir la Ronda de Uruguay del GATT, y fue uno de los tratados 
adoptados cuando se formó la OMC en 1995. Las negociaciones comenzarían 
cinco años más tarde con el objetivo de "elevar el nivel de liberalización 
gradualmente". Tal como se había programado, las tratativas se iniciaron en 
febrero de 2000, bajo la presidencia del embajador canadiense en la OMC (y 
ex-Ministro de Comercio Internacional) Sergio Marchi. La meta común de 
Europa, Estados Unidos y Canadá es lograr un acuerdo general para diciembre 
de 2002. 
 
Se trata de un "acuerdo de marco multilateral", lo que significa que en un 
principio se define un amplio mandato y posteriormente se agregan nuevos 
sectores y reglas mediante negociaciones permanentes. 
 
Básicamente, el GATS tiene como mandato restringir las acciones del 
gobierno con respecto a servicios por medio de un conjunto de limitaciones 
jurídicas de carácter vinculante con el soporte de sanciones comerciales 
ejecutadas por la OMC. El propósito fundamental es restringir el suministro 
de servicios de todos los niveles de gobierno y facilitar el acceso a 
contratos gubernamentales por parte de las empresas transnacionales en 
innumerables áreas, incluso sanidad, cuidado hospitalario, atención 
domiciliaria, odontología, puericultura, cuidado del anciano, 
educación-primaria, secundaria y postsecundaria-museos, bibliotecas, 
servicios jurídicos, asistencia social, arquitectura, energía, servicios 
hídricos, servicios de protección ambiental, propiedad inmobiliaria, 
seguros, turismo, servicios postales, transportes, campo editorial, 
teledifusión y muchos otros sectores. 
 
El tratado de servicios del ALCA tiene un alcance más amplio todavía que el 
del GATS. 
 
Además de incorporar "derechos y obligaciones integrales", será aplicable a 
"todas las medidas (que según Canadá significa 'leyes, reglas y otros 
instrumentos reguladores oficiales') que afecten al comercio de servicios, 
tomadas por todos los niveles de gobierno cuando éstos actúen según los 
poderes otorgados por las autoridades gubernamentales". 
 
El acuerdo acerca de servicios, según el grupo negociador, debería tener 
"cobertura universal de todos los sectores de servicios". Se otorga a los 
gobiernos el derecho de regular estos servicios, aunque únicamente de 
maneras compatibles con las "disciplinas establecidas en el contexto del 
tratado del ALCA". El marco del tratado sobre servicios tiene seis 
elementos de consenso. 
 
Incluyen: cobertura sectorial ("cobertura universal de todos los sectores 
de servicio"); tratamiento de nación más favorecida (el acceso otorgado a 
inversionistas/empresas de un país del ALCA deberá ser otorgado a 
inversionistas/empresas de todos los demás países del ALCA); tratamiento 
nacional (deberá darse a los inversionistas/empresas de todos los países 
del ALCA el mismo tratamiento que se da a los proveedores de servicio 
nacionales y locales); acceso a mercados ("disciplinas adicionales en 
relación con medidas que restringen la habilidad de los proveedores de 
servicio para ingresar en mercados"); transparencia (disciplinas "que hagan 
de conocimiento público todas las medidas pertinentes que podrían incluir, 
entre otros elementos, nuevas leyes, reglamentos, directrices 
administrativas y acuerdos internacionales adoptados por todos los niveles 
de gobierno que afecten al comercio de servicios"); denegación de 
beneficios ("los miembros del ALCA contarán con la capacidad para denegar 
los beneficios del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con 
los criterios establecidos". Los criterios incluirían "propiedad, control, 
residencia y actividades empresariales sustanciales). 
 
Esta lista representa nuevos poderes de alcance integral de un tratado 
comercial que invalida la regulación gubernamental y otorga inmensas 
facultades a las empresas de servicios en un ALCA expandido. Por ejemplo, 
si se incluyen los derechos de tratamiento nacional en el ALCA, todos los 
servicios públicos de todos los niveles de gobierno se abrirían a la 
competencia de empresas de servicio extranjeras con fines de lucro. Este 
acuerdo prohibiría a todo gobierno nacional o subnacional ofrecer 
financiamiento preferencial a proveedores nacionales en diversos servicios 
como ser sanidad, puericultura, educación, servicios municipales, 
bibliotecas, cultura y servicios hídricos y de alcantarillado. 
 
La combinación de este amplio acuerdo de servicios y la extensión de las 
reglas de inversión otorga poderes sin precedentes al ALCA y a los 
intereses privados que promueve el tratado. Por primera vez en un acuerdo 
de comercio internacional, las empresas de servicio transnacionales 
contarán con derechos competitivos en una gama completa de suministros de 
servicios gubernamentales y tendrán el derecho de enjuiciar a cualquier 
gobierno que se resista a indemnizarlas financieramente. Las palabras de 
Sherri Stephenson, Vicedirectora de Comercio de la OEA, muestran claramente 
que la meta real de este gigante del sector servicios e inversiones es 
reducir o destruir la habilidad del los gobiernos del hemisferio para 
suministrar servicios financiados por el sector público (considerados como 
"monopolios" en el mundo del comercio internacional): 
 
"Debido a que los servicios no se ven sujetos a barreras en forma de 
aranceles aduaneros o impuestos, el acceso a mercados se ve restringido por 
los reglamentos nacionales. Por lo tanto, la liberalización del comercio de 
servicios presupone la modificación de leyes y reglamentos nacionales, 
hecho que dificulta y sensibiliza estas negociaciones para los gobiernos". 
 
El grupo de negociación de servicios del ALCA ha solicitado la organización 
de inventarios nacionales de medidas que afecten (i.e. inhiban) el libre 
comercio de servicios. 
 
2. Inversiones 
 
El grupo de negociaciones sobre inversiones tiene como mandato establecer 
un "marco legal justo y transparente para promover las inversiones mediante 
la creación de un entorno estable y previsible que proteja al 
inversionista, sus inversiones y flujos relacionados, sin crear obstáculos 
para las inversiones provenientes del exterior del hemisferio". Se 
fundamenta en el capítulo acerca de inversiones del TLC, Capítulo 11, que 
según explica Barry Appleton, experto canadiense en aspectos jurídicos de 
comercio, "es el corazón y espíritu del TLC". 
 
El TLC fue el primer tratado de comercio internacional del mundo en 
permitir que un interés privado, usualmente una empresa o sector 
industrial, pase por encima de su propio gobierno y, a pesar de no ser 
signatario del tratado, cuestione directamente las leyes, políticas y 
prácticas de otro gobierno miembro del TLC si esas leyes, políticas y 
prácticas inciden en los "derechos" de la empresa en cuestión. El Capítulo 
11 otorga a la empresa el derecho de enjuiciar al gobierno por ganancias 
perdidas actuales y futuras que surjan a raíz de acciones de ese gobierno, 
sin importar la legalidad de dichas acciones o el propósito por el cual 
fueron efectuadas. 
 
El Capítulo 11 fue empleado exitosamente por la empresa Ethyl Corp. de 
Virginia para obligar al gobierno canadiense a revocar la legislación que 
prohibía la venta transfronteriza de su producto, MMT, un aditivo para 
gasolina que ha sido prohibido en muchos países y al que el primer ministro 
canadiense Jean Chrétien una vez denominó "neurotoxina peligrosa". S.D. 
Myers, una empresa estadounidense de eliminación de residuos de PCB, 
también amenazó con utilizar el Capítulo 11 para obligar a Canadá a revocar 
la prohibición de exportaciones de PCB-interdicción a la que ese país se 
comprometió en cumplimiento de la Convención de Basilea, acuerdo que 
prohíbe el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. La compañía 
estadounidense encausó exitosamente al gobierno canadiense y percibió USD 
50 millones por daños y perjuicios en relación con los negocios perdidos 
durante el corto plazo en que se mantuvo en efecto la prohibición. 
 
Una empresa de exportación de agua, Sun Belt Water Inc. de Santa Bárbara, 
California, está enjuiciando al gobierno canadiense por 14.000 millones de 
dólares porque Columbia Británica prohibió la exportación de agua en 
grandes cantidades en 1993, acción que imposibilitó el negocio de 
exportación de agua de la empresa en aquella provincia. Además, la empresa 
canadiense Methanex-la productora de metanol más grande del mundo-está 
enjuiciando al gobierno estadounidense debido a que California ordenó en 
1999 retirar paulatinamente a este controvertido contaminante empleado como 
aditivo de gasolina. 
 
En 1996, Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de eliminación 
de residuos, acusó al gobierno mexicano de violar el Capítulo 11 cuando el 
Estado de San Luis Potosí denegó el permiso para reabrir las instalaciones 
de eliminación de desechos. El gobernador del estado ordenó la clausura del 
sitio después de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones 
contaminarían el suministro local de agua. Posteriormente, el gobernador 
declaró que el sitio sería parte de una zona ecológica de 600.000 acres 
(casi 243.000 hectáreas). Metalclad dijo que esto constituía un acto de 
expropiación e inició una causa por daños y perjuicios. En agosto de 2000, 
un tribunal del TLC expidió un fallo a favor de la empresa y ordenó al 
gobierno mexicano pagar USD 16,7 millones a título de indemnización. 
 
El grupo negociador de inversiones ha progresado considerablemente en 
cuanto a la inclusión en el ALCA de los mismos derechos de 
inversionista-estado que constan actualmente en el TLC, en algunos caso 
potenciándolos, incluso: 
 
definiciones básicas de inversión e inversionista; alcance de su aplicación 
(sumamente amplio); tratamiento nacional (ningún país puede discriminar a 
favor de su sector nacional); tratamiento de nación más favorecida (el 
acceso que se otorga a inversionistas de un país miembro de ALCA deberá 
otorgarse a los inversionistas de todos los países miembros del ALCA); 
expropiación e indemnización por pérdidas (un "inversionista o empresa 
puede reclamar indemnización financiera por ganancias y negocios que se 
pierdan debido a la creación o implementación de reglamentos, incluso leyes 
ambientales, por parte del gobierno de otro signatario del TLC); personal 
clave (habilidad de las empresas para mover a sus profesionales y técnicos 
de un país al otro por encima del proceso normal de migraciones); 
requisitos de desempeño (limitación o eliminación del derecho de un país a 
exigir requisitos de desempeño en relación con inversiones extranjeras); y 
solución de controversias (un panel de burócratas designados del área 
comercial pueden invalidar la legislación gubernamental u obligar al 
gobierno en cuestión a pagar una indemnización a fin de mantener la 
legislación). 
 
La inclusión de disposiciones sobre inversiones de tan amplio alcance 
representa una forma de introducir en el ALCA el Acuerdo Multilateral sobre 
Inversiones, una propuesta de tratado sobre inversiones de la OCDE que fue 
abandonada en vista de la fuerte resistencia de la sociedad civil. En 
combinación con la propuesta de disposiciones fortalecidas sobre acceso a 
mercados, agricultura y derechos de propiedad intelectual, y la propuesta 
de disposiciones de amplio alcance sobre servicios y compras del sector 
público, estas disposiciones sobre inversiones otorgarán nuevos poderes a 
las empresas del hemisferio que les permitirán cuestionar todos los 
reglamentos y actividades del gobierno, y socavar la habilidad de éste para 
suministrar seguridad social y protección sanitaria a sus ciudadanos. 
 
(end of Part 1) 
 
3. Compras del sector público 
 
El mandato del grupo de negociación de compras del sector público es muy 
claro: "ampliar el acceso a los mercados para las compras del sector 
público de los países del ALCA" dentro del nuevo acuerdo. Esto se logrará 
mediante "un marco normativo que asegure la apertura y la transparencia en 
los procedimientos de las compras del sector público" que asegure "la no 
discriminación en las compras del sector público" y "un examen imparcial y 
justo para la resolución de los reclamos y apelaciones relativos a las 
compras del sector público". 
 
El mandato del ALCA en lo que respecta a las compras del sector público 
parece ir más allá que su contraparte de la OMC-el tratado de la OMC sobre 
compras del sector público-cuyo fin es evitar que los gobiernos fomenten el 
desarrollo de la economía nacional al momento de comprar bienes. Las 
medidas afectadas por la OMC incluyen aquellas que favorecen a los 
proveedores locales o nacionales, establecen normas de contenido nacional o 
imponen reglas de inversión en la comunidad. No obstante, por el momento, 
la OMC no ejecuta las reglas de acceso a mercados o tratamiento nacional en 
la compra de bienes y servicios gubernamentales directos. 
 
Sin embargo, el grupo de negociación del ALCA parece ir mucho más lejos, al 
abrir todos los contratos, servicios y bienes gubernamentales a 
licitaciones en las que podrán participar otras empresas de los países del 
ALCA. El grupo de negociación ha solicitado un inventario de los sistemas 
de clasificación internacionales pertinentes, como también una compilación 
de las estadísticas de compras de cada gobierno. 
 
4.Acceso a mercados 
 
El mandato del grupo de negociación de acceso a mercados es seleccionar una 
metodología y un cronograma para la eliminación de los aranceles y las 
barreras no arancelarias restantes, y acordar el ritmo al que se reducirán 
los aranceles. Los aranceles son impuestos fronterizos; bajo el TLC y la 
OMC, se han eliminado en gran medida en Canadá y las Américas. 
 
Las barreras no arancelarias comprenden todas las reglas, políticas y 
prácticas gubernamentales, aparte de los aranceles, que pueden tener 
impacto en el comercio. Potencialmente, las barreras no arancelarias 
incluyen todo lo que hacen los gobiernos, incluso la prestación de 
servicios y la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Su 
inclusión en el mandato de este grupo de negociación expande 
considerablemente el alcance de las disposiciones de acceso a mercados del 
TLC. 
 
Estas disposiciones se expanden también de otra forma importante. Según el 
TLC, el acceso a mercados está sujeto a tratamiento nacional. Esto 
significa que los bienes importados provenientes de otro país del TLC deben 
ser tratados "no menos favorablemente" que los bienes nacionales. Sin 
embargo, el tratamiento nacional que dispone el TLC no se extiende a las 
compras del sector público o a subsidios nacionales, y se lo aplica a 
servicios únicamente de forma limitada. Esto protege a la mayoría de los 
programas gubernamentales en caso de que se cuestione el tratamiento 
nacional. 
 
Bajo las reglas propuestas del ALCA, parece ser que las reglas de acceso a 
mercados tendrán una cobertura más amplia de los servicios. Además, las 
restricciones en materia de compras del sector público que permiten a los 
gobiernos proteger a los proveedores locales se verán sujetas a 
cuestionamientos a raíz de la expansión del mandato de las disposiciones 
sobre compras del sector público. 
 
Por otra parte, se ha asignado al grupo de negociación de acceso a mercados 
la tarea de identificar y eliminar "las barreras técnicas comerciales" al 
igual que en la OMC. 
 
El acuerdo sobre barreras técnicas al comercio (TBT) de la OMC es un 
régimen internacional para armonizar las normas aplicables al medio 
ambiente y otros sectores que efectivamente crea un techo aunque no un piso 
para tal reglamentación. Según las reglas del acuerdo, una nación debe 
estar preparada a demostrar, en caso de ser cuestionada, que sus normas 
ambientales y de seguridad son "necesarias" y requieren "los medios menos 
restrictivos desde el punto de vista comercial" para lograr las metas de 
conservación, seguridad alimentaria o normalización sanitaria. Esto 
significa que una nación tiene la obligación de demostrar un elemento 
negativo-a saber, que no existe ninguna otra medida compatible con la OMC 
que proteja el medio ambiente. El acuerdo TBT de la OMC establece también 
un código de procedimiento oneroso para establecer nuevas leyes y 
reglamentos tan exigentes que sería muy difícil para cualquier nación 
cumplir con ellos. 
 
Si bien el TLC contiene disposiciones acerca de normas técnicas, éstas no 
son tan rigurosas como las del acuerdo TBT de la OMC. El TLC sí exige que 
las barreras técnicas no constituyan "un obstáculo innecesario al 
comercio". Sin embargo, le TLC reconoce el derecho de todas las partes a 
mantener normas y medidas reguladoras que promuevan un nivel más alto de 
protección que el que se lograría con medidas fundamentadas en normas 
internacionales, siempre y cuando estas normas se apliquen de manera que no 
discriminen entre bienes importados y nacionales. Al elegir las 
disposiciones más estrictas de la OMC, los negociadores del ALCA han 
introducido restricciones más rigurosas en los gobiernos de la Américas y 
han limitado su derecho a regular los intereses de sus ciudadanos. 
 
5.Agricultura 
 
El mandato del grupo de negociación de agricultura es eliminar los 
subsidios de exportación agropecuaria que afectan al comercio en el 
hemisferio, sobre la base del acuerdo sobre agricultura (AOA) de la OMC; 
"disciplinar" otras prácticas agrícolas que distorsionan el comercio; y 
garantizar que las "medidas sanitarias y fitosanitarias" no se utilicen 
como una barrera oculta al comercio, utilizando al acuerdo de la OMC como 
modelo. 
 
Las disposiciones del acuerdo sobre agricultura de la OMC establecen 
conjuntos de reglas sobre el comercio de alimentos y restringe las 
políticas agrícolas nacionales en lo que compete al nivel de apoyo a los 
agricultores, la capacidad de mantener reservas de alimentos de emergencia, 
el establecimiento de reglas de seguridad alimentaria y la habilidad de 
garantizar el suministro de alimentos. 
 
El acuerdo de la OMC sobre la aplicación de normas sanitarias y 
fitosanitarias (SPS) establece restricciones para las políticas 
gubernamentales relativas a la seguridad de alimentos y salud animal y 
vegetal, desde plaguicidas y contaminantes biológicos hasta la inspección 
de alimentos, etiquetado de productos y alimentos genéticamente 
modificados, Al igual que en el caso del TBT, el acuerdo SPS de la OMC va 
más lejos que el TLC. 
 
La disposiciones del TLC en sí mismas no imponen ninguna norma específica; 
establecen un enfoque general para garantizar que las medidas SPS se 
empleen por razones científicas legítimas y no oculten barreras al 
comercio. Los países miembros están aún facultados para tomar medidas SPS a 
fin de proteger la vida y la salud de humanos, animales y plantas en 
niveles que consideren "adecuados". Mientras el TLC "alienta" a las partes 
para que armonicen sus medidas sobre la base de las normas internacionales 
pertinentes, la OMC tiene como meta retirar el poder de decisión de los 
gobiernos nacionales con respecto a salud, alimentación y seguridad, y 
otorgárselo a entidades normalizadoras internacionales como Codex 
Alimentarius, un grupo elite de científicos con sede en Ginebra, controlado 
mayormente por las grandes empresas agroalimentarias. 
 
El acuerdo SPS de la OMC ha sido utilizado para derrotar al "principio de 
precaución"; según el acuerdo, éste no constituía fundamentos suficientes 
para establecer controles reguladores. (El principio de precaución permite 
llevar a cabo acciones reguladoras cuando existan riesgos de daño, mismo si 
hay incertidumbre científica sobre el alcance y la naturaleza del impacto 
potencial que podría tener un producto o práctica.) Al elegir el acuerdo 
SPS de la OMC y no las disposiciones SPS del TLC, quienes elaboran el 
tratado del ALCA apuntan a retirar totalmente el derecho de los gobiernos 
individuales de las Américas a establecer normas en las áreas cruciales de 
sanidad, seguridad alimentaria y medio ambiente. 
 
6.Derechos de propiedad intelectual 
 
El mandato del grupo de negociación de derechos de propiedad intelectual es 
"reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar 
una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad 
intelectual". 
 
El término propiedad intelectual se refiere a tipos de propiedad intangible 
como patentes, que generalmente otorgan al titular un poder exclusivo. Las 
reglas comerciales de propiedad intelectual extienden este derecho 
exclusivo, a menudo ejercido por las empresas, a otros países signatarios 
del acuerdo. A partir del 1º de enero de 2000, todos los países del ALCA 
están sujetos a las reglas del Acuerdo sobre aspectos de derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS). 
 
Este acuerdo establece reglas mundiales ejecutables sobre patentes, 
copyright y marcas registradas. Actualmente ha trascendido mucho más allá 
del alcance inicial de proteger invenciones originales o productos 
culturales y ahora permite la práctica de patentar plantas y formas 
animales como también semillas. Promueve la prioridad de los derechos 
privados de las empresas por encima de los de las comunidades locales y su 
patrimonio genético y medicina natural. Permite a las empresas 
farmacéuticas mantener la carestía de las medicinas; últimamente, el 
acuerdo TRIPS fue invocado para evitar que los países en desarrollo 
suministren medicinas genéricas más baratas a los pacientes de SIDA del 
Tercer Mundo. 
 
El grupo de negociación de propiedad intelectual del ALCA ha especulado que 
podría ir más lejos que el acuerdo TRIPS de la OMC en ciertas áreas no 
especificadas. Sin duda, al contar con los poderes adicionales del Capítulo 
11, la cláusula de inversionista-estado, los derechos de propiedad 
intelectual del ALCA se beneficiarán de poderes de ejecutabilidad 
adicionales como ser multas en efectivo y penas severas. 
 
7.Subsidios, antidumping y derechos compensatorios 
 
El mandato del grupo de negociación de subsidios, antidumping y derechos 
compensatorios es "examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las 
disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC y... llegar a un entendimiento común con 
miras a mejorar, cuando sea posible, las reglas y procedimientos relativos 
a la operación y aplicación de las legislaciones sobre dumping y 
subvenciones, a fin de no crear obstáculos injustificados al comercio en el 
Hemisferio". 
 
El acuerdo de la OMC establece limites con respecto a lo que los gobiernos 
pueden y no pueden subsidiar. Muchos países en desarrollo lo han criticado 
severamente por favorecer a los países del Hemisferio Norte y a las grandes 
empresas agroalimentarias. Además, el Artículo XXI del GATT exime a las 
actividades de la esfera militar, incluso subsidios masivos gubernamentales 
para la investigación y exportación, a fin de proteger los "intereses 
esenciales de seguridad" de los gobiernos. Debido a que la exención de 
seguridad protege a la industria bélica contra un cuestionamiento de la 
OMC, fomenta el gasto de los gobiernos en el sector militar y cualquier 
industria relacionada a la seguridad nacional. Considerando que la mayoría 
del gasto militar se concentra en las economías de unos pocos países del 
Hemisferio Norte, la exención de seguridad de la OMC otorga a estos países 
una inmensa ventaja competitiva por encima de los países más pequeños. 
 
8.Política de competencia 
 
El mandato del grupo de negociación de política de competencia es 
"garantizar que los beneficios del proceso de liberalización del ALCA, no 
sean menoscabados por prácticas empresariales anticompetitivas". El grupo 
de negociación ha acordado "Avanzar hacia el establecimiento de una 
cobertura jurídica e institucional a nivel nacional, subregional o regional 
que proscriba la ejecución de prácticas empresariales anticompetitivas" y 
"desarrollar mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo de la 
política de competencia y garanticen la aplicación de las normas sobre 
libre competencia entre y dentro de los países del Hemisferio". 
 
Básicamente, la meta de la política de competencia, elemento relativamente 
nuevo en las negociaciones comerciales, es reducir o eliminar las prácticas 
que parezcan proteger los monopolios nacionales. Canadá propone que cada 
país adopte medidas e "inicie la acción necesaria" para "proscribir la 
conducta comercial anticompetitiva". 
 
Aparentemente, la meta es promover la competencia; pero el resultado, 
particularmente para los países en desarrollo, es que a menudo se ven 
obligados a desmembrar los monopolios existentes para ofrecer a las 
empresas transnacionales extranjeras la excelente oportunidad de comprar 
las empresas nacionales más pequeñas y establecer un nuevo monopolio 
protegido por acuerdos de la OMC tales como TRIPS y el Acuerdo de Servicios 
Financieros que protegen las mega-fusiones mundiales. 
 
9.Solución de controversias 
 
El mandato del grupo de negociación de solución de controversias es 
"establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz para la solución de 
controversias entre los países del ALCA" y "diseñar medios para facilitar y 
fomentar el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de 
diferencias para resolver controversias privadas en el marco del ALCA". 
 
Queda aún por verse si el mecanismo de solución de controversias será un 
calco del modelo del TLC o de la OMC. Sin embargo, el mandato de grupo de 
negociación incluye "tomar en cuenta, entre otros, el entendimiento 
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
controversias de la OMC". De ser éste el caso, es más probable que el 
sistema del ALCA para la solución de controversias entre gobiernos se 
asemeje más al de la OMC que al del TLC. 
 
Bajo el TLC, un país que pierde un caso frente a un panel de solución de 
controversias debe aceptar el fallo y ofrecer una "indemnización adecuada" 
al otro gobierno o verse sujeto a represalias en forma de "beneficios 
equivalentes". El TLC no crea un conjunto común de leyes comerciales para 
los países miembros. Los paneles de solución de controversias del TLC 
fallan sobre la base de las leyes comerciales nacionales del país 
importador. 
 
Por otra parte, la función del panel de solución de controversias de la OMC 
es decidir si la práctica o política en cuestión de un país determinado 
constituye efectivamente una "barrera al comercio", e invalidar la práctica 
disputada si se considera que así debe ser. Bajo la entidad de solución de 
controversias de la OMC, un país, que a menudo actúa en nombre de sus 
propios intereses empresariales, puede cuestionar las leyes, políticas y 
programas de otro país e invalidar sus leyes nacionales. El país que pierde 
tiene tres opciones: cambiar su legislación a fin de que corresponda con el 
fallo de la OMC; pagar permanentemente una indemnización en efectivo al 
país ganador; o verse sujeto a sanciones comerciales severas y permanentes 
por parte del país ganador. 
 
Decenas de leyes nacionales y estatales sobre sanidad, seguridad 
alimentaria y medio ambiente han sido derogadas mediante este proceso de la 
OMC. De más está decir que los fallos afectan a los países más pobres de 
manera diferente que a los ricos. Las sanciones aplicadas a países que 
dependen de uno o dos cultivos de exportación para sobrevivir pueden ser 
devastadoras. No es de sorprenderse que la mayoría de las impugnaciones de 
la OMC fueron iniciadas por países ricos. Efectivamente, Estados Unidos 
promovió casi la mitad de las 117 impugnaciones iniciadas entre 1995 y 
2000. 
 
Por supuesto, el recurso a "inversionistas" privados (i.e. empresas) que 
consta en el Capítulo 11 del TLC no existe en la OMC. Parecería ser que los 
negociadores del ALCA elegirán conservar los poderes de composición privada 
de controversias que contienen las disposiciones inversionista-estado del 
TLC, y a la vez optar por las condiciones más exigentes de la OMC en cuanto 
a controversias entre estados. Esto correspondería con las demás propuestas 
del ALCA; sea cual fuere el modelo existente o propuesto que contenga las 
"disciplinas" más fuertes, ése es el modelo que elegirá el ALCA. 
 
Se han reunido también tres comités no negociadores. 
 
El comité de economías más pequeñas ha "reconocido la asimetría" entre los 
diferentes países de las Américas y la necesidad de elaborar un plan "a fin 
de crear oportunidades para la participación total de las economías más 
pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo". No obstante, el plan parece 
ser impreciso y consiste mayormente en suministrar "una base de datos de 
necesidades de asistencia técnica de las economías más pequeñas". En 
ninguna parte del mandato de este comité se reconoce la inmensa disparidad 
entre los ricos y los pobres del hemisferio, tanto dentro de cada país como 
entre naciones diferentes. 
 
El comité de la sociedad civil reconoce que "la sociedad civil ha surgido 
como nuevo protagonista en el diálogo acerca del comercio". Si bien su 
mandato es recibir puntos de vista de la sociedad civil para analizarlos y 
presentar la gama de opiniones a los ministros de comercio del ALCA", el 
propósito de todo diálogo es "mantener la transparencia en el proceso de 
negociación y llevar a cabo las negociaciones de manera que se profundice 
el conocimiento y apoyo del público al ALCA". Parecería ser que el 
verdadero papel que juega el comité no es escuchar sino hacer un simulacro 
de diálogo real. Efectivamente, dice Stephenson, el beneficio del trabajo 
de este comité "podría aliviar la presión relacionada con problemáticas 
laborales y ambientales". 
 
Por otra parte, el comité conjunto de expertos del sector público y privado 
en comercio electrónico, es un comité muy importante cuyo tema de 
concentración tiene todas las características de un sector emergente. 
Durante los últimos años ha habido un explosión de comercio electrónico. En 
el año 2000, las ventas vía comercio electrónico en Estados Unidos 
ascendieron a casi USD 30.000 millones, un aumento de 75% en un año. Para 
2005-año en el que se prevé la ratificación del ALCA-el comercio 
electrónico podría manejar un cuarto del comercio mundial. Estados Unidos 
ha identificado la meta de adoptar reglas mundiales para un régimen no 
regulador de comercio electrónico orientado hacia el mercado. Si se 
eliminan los impuestos en este tipo de comercio, se podría perder 
anualmente miles de millones de dólares, los que reduciría aún más las 
bases de financiamiento para programas gubernamentales. 
 
El comité, dominado en gran medida por los más poderosos productores 
empresariales de hardware, software y equipos de comunicaciones Internet, 
tales como Microsoft y AT&T, ya ha llevado a cabo análisis extensos sobre 
problemáticas relativas al comercio electrónico y ha intercambiado 
opiniones con otras organizaciones tales como la OMC y la OCDE. Ha 
encargado varios estudios clave sobre todos los aspectos del comercio 
electrónico y claramente se está convirtiendo en el centro motriz de la 
familia del ALCA. 
 
Finalmente, el comité de negociaciones comerciales del ALCA ha identificado 
tres áreas donde habría "acuerdos anticipados"-silvicultura, energía y 
pesca-que se esperan acordar durante la cumbre ministerial de la Ciudad de 
Quebec en abril de 2001. Esto significa que se podría llegar a un acuerdo 
en estas áreas antes de la fecha prevista para la ratificación del ALCA de 
2005, eliminándose los aranceles en estos recursos ambientalmente sensibles 
sin que el público tenga la oportunidad de dar a conocer su punto de vista.. 
 
¿Qué impacto tendrá el ALCA en los pueblos de las Américas? 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
Los poderes expandidos propuestos para el ALCA, combinados con el Capítulo 
11 del TLC y la introducción de una "cobertura universal de todos los 
sectores de servicio" presentan una grave amenaza para los programas 
sociales. Algunos gobiernos suministran servicios de sanidad universal, 
educación pública, puericultura, jubilaciones, asistencia social y muchos 
otros servicios sociales sin fines de lucro. 
 
Hasta las recientes negociaciones GATS, y las actuales negociaciones del 
ALCA, muchos gobiernos han sostenido que estos programas sociales son un 
derecho fundamental de la ciudadanía y, en consecuencia, los han excluido 
de los acuerdos comerciales. Sin embargo, con estos dos acuerdos, todos los 
gobiernos de las Américas se están exponiendo a amenazas de sanciones 
comerciales por parte de empresas transnacionales prestadoras de servicios 
que tienen interés en desmembrar los monopolios gubernamentales restantes 
del hemisferio. 
 
El área de servicios es el sector del comercio internacional que manifiesta 
el mayor grado de crecimiento. De todos los servicios, sanidad, educación y 
agua son los sectores potencialmente más lucrativos. Los gastos mundiales 
en servicios hídricos actualmente exceden 1 billón de dólares anuales; en 
educación exceden 2 billones de dólares y en sanidad 3,5 billones de 
dólares. 
 
Las rapaces y poderosas empresas transnacionales han tomado como blanco a 
éstos y otros servicios; indefectiblemente, tienen como meta desmantelar 
completamente los servicios públicos al someterlos a las reglas de 
competencia internacional y a las disciplinas de la OMC y del ALCA. (A esta 
altura, más de 40 países, incluso todos los europeos, han incorporado el 
área educación al GATS, abriendo así el sector de educación pública a la 
competencia empresarial extranjera, y casi 100 países han hecho lo mismo 
con el sector sanidad.) 
 
En Estados Unidos, el cuidado de la salud se ha convertido en un negocio de 
inmensa magnitud; las empresas gigantes de servicios de salud están 
registradas en la bolsa de comercio de Nueva York. Rick Scott, presidente 
de Columbia, la empresa hospitalaria con fines de lucro más grande del 
mundo, dice que el área sanidad es un negocio igual que el sector 
aerolíneas o la industria de rodamientos y se ha comprometido a destruir 
todos los hospitales públicos de Norteamérica debido a que no son "buenos 
ciudadanos empresariales". Las entidades inversionistas como Merrill Lynch 
y The Lehman Brothers prevén que la educación pública se privatizará en el 
hemisferio dentro del plazo de una década, como ocurrió con salud pública, 
y dicen que cuando esto ocurra se generarán ganancias ilimitadas. 
 
Si se incluyen los servicios en el ALCA, cosa que parece ser certera, las 
empresas extranjeras con fines de lucro de los sectores sanidad, educación 
y otros servicios sociales de todo el hemisferio tendrán el derecho de 
establecer una "presencia comercial" en cualquier parte de Norte, Centro y 
Suramérica. Tendrán derecho a competir por fondos públicos con 
instituciones públicas como hospitales, escuelas y guarderías. Las normas 
que rigen a los trabajadores de los sectores salud, educación, puericultura 
y servicios sociales se verán sujetas a las reglas y criterios del ALCA a 
fin de que no constituyan obstáculos para el comercio. Las empresas 
educativas de todo el hemisferio estarán facultadas para conferir títulos. 
Los servicios extranjeros de telemedicina serán legales. Ningún país podrá 
detener la competencia transnacional de profesionales en sanidad y 
educación de bajo costo. 
 
Si algún gobierno de cualquier nivel intentase resistirse y mantener estos 
servicios bajo control nacional, todas las empresas de servicios del 
hemisferio tendrán el derecho legal de solicitar judicialmente 
indemnizaciones financieras por ganancias perdidas según las disposiciones 
inversionista-estado del ALCA. No se trata de especulación; en áreas que 
cubre actualmente el TLC, ya hay muchos precedentes de gobiernos que 
revocan decisiones y pagan indemnizaciones a intereses privados afectados 
por políticas gubernamentales. 
 
La realidad es simple: una vez establecida la privatización en el sector 
público, será casi imposible revertirla. Con el pasar del tiempo, los 
gobiernos no podrán financiar con fondos públicos el cuidado de la salud, 
los programas sociales y la educación, ya que estarían dispuestos a 
conceder a los contratistas privados de otros países del ALCA el acceso 
equitativo a tales fondos. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
El borrador del ALCA, en su forma actual, no contiene garantías en cuanto 
al medio ambiente. El mandato original del ALCA, elaborado en 1994 durante 
la primera Cumbre de las Américas, contenía la promesa de promover la 
integración económica del hemisferio de tal forma que se "garantizase el 
desarrollo sostenible y a la vez se protegiese el medio ambiente". En 1996, 
se realizó una importante cumbre en Bolivia sobre desarrollo sostenible a 
fin de garantizar que los principios de la Cumbre de Rio de 1992 serían 
parte integral del proceso del ALCA. La cumbre (en la que los grupos de la 
sociedad civil y del sector ambiental brillaron por su ausencia) dio origen 
a sesenta y cinco iniciativas, conocidas como "Plan de Acción de Santa 
Cruz", y al Comité Interamericano de Desarrollo Sostenible. 
 
No obstante, el proyecto no contó ni con fondos suficientes ni con un 
mandato claro; generalmente se considera que esta cumbre fue un fracaso. En 
consecuencia, en la cumbre de Santiago de 1998, se dejó de lado por 
completo la meta de desarrollo sostenible en el nuevo mandato del ALCA y se 
separaron totalmente los aspectos comercio y medio ambiente. Con George W. 
Bush actualmente en la Casa Blanca, hay aún más certeza de que las 
problemáticas ambientales relativas al libre comercio hemisférico se 
dejarán de lado. 
 
Capítulo 11 
 
Como se ha documentado anteriormente, si bien en breve (véase Inversiones, 
en "¿Qué es el ALCA?"), y como consta en un número de fuentes adicionales, 
las disposiciones inversionista-estado del TLC ya han tenido un grave 
impacto en la política ambiental. No sólo se ha impugnado exitosamente una 
cantidad de reglamentos sanitarios y ambientales en Canadá, Estados Unidos 
y México, sino que el Capítulo 11 se utiliza para crear un "efecto de 
enfriamiento" mediante el cual se advierte a los gobiernos que no conviene 
tomar ciertas medidas reguladoras por temor de violar las disposiciones 
acerca de inversiones del TLC. 
 
Como explica el experto en aspectos jurídicos del comercio Steven Shrybman, 
"las disposiciones de inversionista-estado del TLC representan nada menos 
que un desvío radical de las normas legales nacionales e internacionales de 
por lo menos tres maneras fundamentales. En primer lugar, otorgan a las 
empresas el derecho de ejecutar directamente un tratado internacional del 
cual no son partes signatarias y según el cual no tienen obligaciones. 
Segundo, extienden el arbitraje comercial internacional a reclamaciones que 
no tienen nada que ver con contratos comerciales sino con leyes y políticas 
gubernamentales. Tercero, crean derechos jurídicos sustantivos con respecto 
a expropiación y tratamiento nacional que van más allá de los que están a 
disposición de la ciudadanía o de las empresas locales". 
 
Toda reglamentación nueva, introducida por cualquier nivel de gobierno, 
puede ser impugnada por las empresas del hemisferio que tengan intereses en 
el sector en cuestión. Fundamentalmente, los gobiernos deberán estar 
preparados a pagar un alto precio por el derecho de proteger la salud 
ambiental, animal y humana en el ámbito de su mandato. El abogado en 
asuntos comerciales Barry Appleton explica que "podrían condimentar la 
comida de los niños con plutonio líquido; si se lo prohíbe y la empresa 
productora es estadounidense, habrá que pagar una indemnización". 
 
Los ministros del medio ambiente tienen actualmente una menor jurisdicción 
que sus homólogos del sector comercial. Cuando los ministros de los países 
del TLC anunciaron en diciembre de 1998 que facultarían a la Comisión para 
la Cooperación Ambiental (CCE)-la entidad TLC que se ha convertido en un 
organismo de control sin poder-para examinar los casos relacionados con el 
Capítulo 11, transgredieron los límites establecidos por el ministerio 
canadiense de relaciones exteriores y comercio internacional (DFAIT) y sus 
instituciones hermanas de Washington y Ciudad de México. Meses después, los 
ministros del medio ambiente invalidaron totalmente los nuevos poderes, 
limitando a la entidad de tal forma que por poco casi la desmantelan. 
 
Considerando estos antecedentes y la eliminación de la meta de desarrollo 
sostenible en los principios del proceso del ALCA, no puede esperarse que 
las problemáticas ambientales sean consideradas eficazmente en el pacto 
comercial hemisférico. 
 
(end of Part 2) 
 
ENERGIA 
 
Si bien no existe un grupo de negociación ALCA dedicado exclusivamente a 
temas de energía, hay un consenso para llegar a un "acuerdo anticipado" 
sobre este asunto en la cumbre de la Ciudad de Quebec del mes de abril. 
Efectivamente, es muy probable que el ALCA haga eco de las disposiciones 
sobre energía que forman parte integral del TLC. 
 
En este acuerdo, los negociadores crearon una política energética 
continental liberalizada, antiambiental y anticonservación, fundamentada en 
exportaciones generadoras de grandes ganancias a corto plazo y de alto 
costo, controlada por las empresas de energía transnacionales, con poco 
interés en el aumento de precios o en las consecuencias ambientales se sus 
acciones. Si se extiende al resto del hemisferio este régimen energético 
desregulado, tendrá consecuencias devastadoras en la lucha contra el uso 
excesivo de combustibles fósiles en los países de las Américas. 
 
Sería útil para los países latinoamericanos productores de energía como 
Venezuela y Bolivia saber qué fue lo que pasó con las reservas energéticas 
de Canadá bajo estas reglas, ya que éstas serán aplicables a todos los 
países de Latinoamérica bajo el ALCA. 
 
En Canadá, para cumplir con dichas disposiciones del TLC, se invalidaron 
los poderes de la entidad reguladora National Energy Board y se desmanteló 
la "garantía de suministro vital" que exigía que Canadá mantuviese un 
superávit de gas natural suficiente para 25 años. Actualmente, no hay 
ninguna entidad gubernamental ni ley que garantice que los canadienses 
contemos con un suministro adecuado de energía propia en el futuro. (No 
obstante, Estados Unidos ha declarado que su propia reserva de 25 años sí 
es necesaria por razones de seguridad nacional y, en consecuencia, 
actualmente la conserva.) 
 
Los solicitantes de permisos de exportación, ya sean canadienses o 
estadounidenses, ya no tienen que aducir evaluaciones de impacto de 
exportación, y el sistema de distribución de gas íntegramente canadiense 
fue abandonado, lo que generó la frenética construcción de gasoductos 
norte-sur. Se prohibió la aplicación de impuestos al suministro canadiense 
de energía y así los gobiernos perdieron una fuente de ingresos 
tributarios, además de beneficiar a clientes estadounidenses con lo que era 
un fijación de precios preferencial para clientes nacionales. 
 
Más importante todavía, el acuerdo comercial impuso un sistema de 
"repartición proporcional" mediante el cual el suministro canadiense de 
energía a Estados Unidos está garantizado en perpetuidad. En lo que se 
puede denominar una sorprendente renuncia de soberanía, el gobierno de 
Canadá acordó que ya no tiene el derecho de "rechazar una solicitud de 
licencia o revocar o cambiar una licencia de exportación de energía a 
Estados Unidos", mismo si fuese por razones relativas a prácticas 
ambientales o conservación. 
 
Esto conllevó un aumento espectacular en la venta de gas natural a los 
mercados estadounidenses; en una década, las exportaciones se han 
cuadruplicado, ascendiendo a 8,5 mil millones de pies cúbicos (240 millones 
m3) por día. Aproximadamente el 55% de la producción total canadiense de 
gas se exporta a Estados Unidos, donde las empresas de distribución de ese 
país-que proveen a una población mucho más grande-han logrado firmar 
contratos a largo plazo al menor precio posible. Los consumidores 
canadienses deben ahora competir por sus propios recursos energéticos 
contra una economía diez veces más grande con reservas que decrecen 
permanentemente y una demanda que va en aumento. La situación del sector 
petrolero es la misma. Canadá produce actualmente 2,3 millones de barriles 
por día y envía 1,3 de éstos a Estados Unidos. 
 
Los acuerdos de libre comercio obligaron a Canadá a comprometerse a una 
política energética controlada por exportaciones masivas y garantizadas a 
Estados Unidos, al control empresarial de las provisiones y a una política 
económica que depende más que nunca de la explotación de recursos 
primarios. Debido a que, en relación con impugnaciones comerciales, se 
eximió a los subsidios gubernamentales canadienses para la exploración de 
petróleo y gas, los fondos públicos del país seguirán siendo utilizados 
para la exploración no controlada de combustibles fósiles ambientalmente 
destructivos, proceso que ya ha destruido los hábitats del norte y amenaza 
los delicados desovaderos de la costa de Cabo Bretón y Terranova, todo para 
el beneficio de las empresas transnacionales. 
 
En el ALCA, estas disposiciones se extenderán a los demás países de las 
Américas, naciones que deben tomar conciencia de la pérdida de soberanía en 
el suministro de energía y en la responsabilidad ambiental que acompaña a 
esos recursos. 
 
AGUA 
 
De igual manera, es improbable que, bajo el ALCA, Estados Unidos no 
extienda a los demás países del hemisferio las disposiciones del TLC con 
respecto a recursos hídricos. Estas disposiciones establecen un mercado 
continental de agua en caso de que se inicien las exportaciones comerciales 
de agua; este es un asunto que exige la atención inmediata de aquellos 
países preocupados por los planes de privatización del suministro de agua. 
 
El Capítulo 3 del TLC establece obligaciones, incluso derechos de 
tratamiento nacional, con respecto al acceso a mercados para el comercio de 
bienes. Utiliza la definición de "bienes" del Acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y comercio (GATT) que claramente incluye "aguas, 
incluso aguas naturales o artificiales, y aguas aireadas". 
 
Cuando se estaba negociando el TLC, sus opositores exigían que se eximiese 
expresamente al agua. Los gobiernos argüían que en ese momento el agua no 
se comercializaba en ninguno de los países del TLC; por lo tanto, el agua 
en su estado "natural" gozaba de seguridad. Los detractores argüían que 
toda protección de esta índole sería, en el mejor de los casos, sólo 
temporaria y que en cuanto cualquier jurisdicción comenzase a vender agua 
con fines comerciales, las disposiciones clave del TLC entrarían en efecto, 
lo que socavaría el control público del agua. 
 
Existen tres disposiciones clave del TLC que ponen en peligro al agua una 
vez que ésta se comercializa. La primera es la relativa a tratamiento 
nacional, según la cual ningún país puede discriminar a favor de su propio 
sector privado en cuanto al uso comercial de los recursos hídricos. Una vez 
que se expide a una empresa una licencia para la exportación de agua, los 
"inversionistas" (i.e. las empresas) de otros países del TLC tienen el 
mismo "derecho de establecimiento" que las empresas nacionales con respecto 
al uso comercial del agua. 
 
La segunda disposición consta en el Capítulo 11, en la cláusula 
inversionista-estado. Es aplicable al agua de dos maneras. En primer lugar, 
si cualquier país, estado o provincia del TLC intenta autorizar únicamente 
a empresas nacionales para exportar agua, las empresas de los demás países 
del TLC tendrán derecho a indemnizaciones financieras. Segundo, si 
cualquier gobierno del TLC promulgase legislación para prohibir la venta de 
agua en grandes cantidades, en virtud de ese mismo acto el agua se 
convertiría en un "bien" comercial; los derechos del inversionista que 
constan en el Capítulo 11 entrarían en vigor gracias a la misma ley que los 
excluye, posibilitando la demanda de indemnización financiera por 
oportunidades perdidas. 
 
La tercera disposición clave consta en el Artículo 315, "repartición 
proporcional", la misma disposición que creó un mercado continental de 
energía. Según los artículos 315 y 309, ningún país puede reducir o 
restringir la exportación de un recurso una vez establecida su 
comercialización. Además, ningún gobierno puede imponer un impuesto a la 
exportación o cobrar más a los clientes de otro país del TLC que a los 
clientes nacionales. Las exportaciones de agua estarían garantizadas al 
nivel adquirido durante los 36 meses precedentes; cuanto más agua se 
exporte, más será el caudal que se deberá exportar. Mismo si se determinase 
que el movimiento masivo de agua daña el medio ambiente, dichos requisitos 
continuarían en vigor. 
 
El tratado ALCA que se ha propuesto contiene otra amenaza adicional contra 
la soberanía y conservación del agua. La lista de servicios del GATS cuya 
negociación se encuentra actualmente en curso, incluye "servicios 
ambientales". Es muy probable que los servicios ambientales, que incluyen 
servicios hídricos, se incorporen de manera similar al ALCA. Esto significa 
que los servicios públicos de agua podrían ser impugnados según las 
disposiciones de tratamiento nacional del acuerdo propuesto, lo que 
ocasionaría que servicios tales como el suministro de agua o tratamiento de 
aguas residuales sean privatizados y subcontratados a empresas hídricas 
transnacionales como Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi. Si cualquier 
gobierno intentase mantener los servicios de agua en manos del estado, 
estas empresas tendrían enormes derechos de indemnización según el Capítulo 
11. 
 
Esta pérdida de control público del agua es de suma urgencia para los 
países latinoamericanos, donde la privatización, promovida en gran medida 
por el Banco Mundial, se está extendiendo rápidamente. 
 
Combinados con los acuerdos TBT y SPS de la OMC y los planes de acuerdos 
"anticipados" en las áreas de silvicultura y pesca, el tratado ALCA promete 
ser desastroso para la administración de las Américas. 
 
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Los agricultores de las Américas ya han sentido el impacto total de la 
competencia mundial según los mandatos onerosos de los programas de ajuste 
estructural del Banco Mundial y del FMI, como también el de las 
disposiciones sobre agricultura de la OMC. Se ha retirado de la voz inglesa 
"agriculture" (agricultura) el elemento "culture" (cultura), 
reemplazándoselo con "business" (empresa). Bajo el nuevo sistema 
alimentario mundial, la agricultura, mediante la cual los agricultores 
cultivaban alimentos para el pueblo y las comunidades, ha sido reemplazada 
por un sistema "agroempresarial", industria agroalimentaria en la cual las 
empresas transnacionales producen alimentos con fines de lucro sin que 
importen las normas de seguridad alimentaria o los derechos de los 
agricultores. 
 
Debido a que la OMC prohíbe los controles de exportación e importación, 
sólo los agricultores sumamente grandes, los grandes países y las grandes 
empresas podrán sobrevivir. En consecuencia, el acuerdo sobre agricultura 
de la OMC ha beneficiado casi exclusivamente a las grandes empresas 
agroalimentarias del mundo, sin que importe su país de origen. Al elegir 
los acuerdos sobre agricultura (AOA) y las normas (SPS) de la OMC, los 
negociadores tienen la intención de otorgar nuevos poderes mediante este 
pacto para restringir los derechos tradicionales de los agricultores y 
bajar el nivel de la legislación alimentaria. Según las disciplinas de la 
OMC, los agricultores ya no pueden negociar colectivamente los precios de 
los productos con compradores nacionales, por una parte, y extranjeros, por 
la otra. La eliminación del soporte de precios nacionales para proteger a 
los agricultores los ha dejado a la merced de los precios internacionales. 
 
Por otra parte, el acoso de los acuerdos AOA de la OMC contra las medidas 
no arancelarias, tales como las normas ambientales y los programas de 
gestión de suministro, ha sido utilizado para rebajar las garantías de 
salud pública y protección de agricultores. Por ejemplo, mediante la OMC, 
Estados Unidos ha impugnado exitosamente los requisitos impuestos por Japón 
a las importaciones agrícolas en materia de pruebas de residuos de 
plaguicidas en relación con la salud. Los países ya no pueden mantener 
reservas alimentarias de emergencia en caso de sequía o cosecha 
deficitaria; actualmente, deben comprar lo que necesitan en el mercado 
abierto. "Autosuficiencia alimentaria" significa ahora contar con el dinero 
suficiente para comprar comida, a diferencia de la habilidad para 
producirla. 
 
El acuerdo SPS de la OMC ha tenido un impacto terrible en el derecho de los 
pueblos del mundo a contar con alimentos seguros. Canadá y Estados Unidos 
han utilizado exitosamente el acuerdo SPS para revocar una prohibición 
europea de la carne vacuna norteamericana que contiene hormonas dañinas y 
posiblemente cancerígenas. La UE, sumamente sensible a la preocupación por 
el trastorno de la vaca loca, puso en vigor una interdicción del uso no 
terapéutico de hormonas en su sector alimentario, citando diversos estudios 
que establecían un nexo entre éstas y la enfermedad. El panel de la OMC 
exigió "certeza científica" de que estas hormonas causan cáncer u otros 
efectos adversos para la salud, eviscerando así el principio de precaución 
como base de los reglamentos de seguridad alimentaria. 
 
El ALCA parece estar dispuesto a promover un modelo de agricultura en el 
hemisferio; los resultados serán devastadores para los agricultores de 
Latinoamérica. 
 
¿Qué depara el futuro para una América Latina bajo el ALCA? 
 
Se está prometiendo todo tipo de cosas a los países de Centroamérica, 
Suramérica y el Caribe con respecto al ALCA: se les dice que el comercio y 
las inversiones más liberalizadas crearán la potencia comercial más grande 
de la historia, ofreciendo prosperidad a los millones de habitantes de la 
región que actualmente no tienen ni trabajo ni esperanza. 
 
Los latinoamericanos deben analizar estas promesas detenidamente antes de 
firmar impulsivamente este pacto. 
 
La realidad es que Latinoamérica ha estado viviendo bajo este modelo del 
ALCA desde hace ya más de una década. Se fundamenta en los programas de 
ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI que los latinoamericanos ya 
conocen muy bien. En primer lugar, fueron los criterios imperativos de 
liberalización y privatización del ajuste estructural los que ocasionaron 
el desmantelamiento de sus infraestructuras públicas. A fin de cumplir con 
los requisitos de alivio de la deuda, decenas de países de las Américas se 
vieron obligados a abandonar los programas sociales públicos, lo que 
permitió a empresas extranjeras con fines de lucro entrar y vender sus 
"productos" de sanidad y educación a los "consumidores" que pudiesen pagar.. 
 
Actualmente, estos países tienen permiso para mantener dichos programas 
únicamente para los más pobres. No obstante, estos servicios son tan 
inadecuados que las empresas no tienen interés y, por ende, millones de 
habitantes del hemisferio no cuentan con los elementos básicos de educación 
y servicios de salud. No es de sorprenderse que los países latinoamericanos 
estén sufriendo una invasión de empresas de salud estadounidenses, tales 
como Aetna International y American International, firmas que tienen una 
crecimiento anual de 20% en esa región. 
 
Bajo el ALCA, el proceso se acelerará, lo que eliminará por completo la 
medicina tradicional, la educación y la diversidad cultural. Efectivamente, 
la meta es lograr una armonización mundial económica y cultural, según un 
funcionario superior estadounidense de la OMC, quien agrega que 
"básicamente, no se detendrá hasta que los extranjeros empiecen a pensar 
como americanos, actuar como americanos y, sobre todo, comprar como 
americanos". 
 
La última década de liberalización de comercio e inversiones ha causado 
mucho sufrimiento en Latinoamérica. Las tasa de interés sobre las deudas 
han aumentado del 3% en 1980 a más de 20% en la actualidad. Latinoamérica, 
como región tiene la tasa de distribución de ingresos no equitativa más 
alta del mundo. Tras tomar la medicina del libre mercado, hay más pobreza 
ahora que en 1980 y el poder adquisitivo del trabajador latinoamericano ha 
decaído en un 27%. El 85% del crecimiento laboral ha ocurrido en el sector 
precario, sin protección o beneficio alguno. 
 
México, después de ocho años en el TLC, tiene un nivel de pobreza sin 
precedentes de 70%. Durante esos años el salario mínimo perdió más de tres 
cuartos de su poder adquisitivo. En la actualidad hay 90 millones de 
latinoamericanos indigentes y 105 millones no tienen acceso a ningún tipo 
de servicio médico. El número de niños que trabajan ha crecido 
espectacularmente; hoy en día hay al menos 19 millones de niños que 
trabajan en condiciones terribles. El movimiento desesperado que se 
desencadenó para explotar los recursos naturales de la región ha causado 
una degradación masiva del medio ambiente y el uso de plaguicidas y 
fertilizantes se ha triplicado desde 1996; existen hoy 80.000 sustancias 
químicas que se producen y utilizan en las Américas. 
 
La explotación actual de los recursos naturales latinoamericanos por parte 
de empresas canadienses y estadounidenses aumentaría considerablemente bajo 
el nuevo pacto hemisférico. Las empresas transnacionales de minería, 
energía, agua, ingeniería, silvicultura y pesca tendrían nuevo acceso a la 
base de recursos invalorables de cada país y contarían además con el 
derecho de impugnar a cualquier gobierno que tratase de limitar dicho 
acceso, valiéndose de las disposiciones de inversionista-estado. La 
habilidad de los gobiernos para proteger el medio ambiente o establecer 
normas ambientales con respecto a la extracción de recursos naturales se 
vería considerablemente reducida al igual que el derecho del garantizar que 
las actividades de las empresas extranjeras generen empleos en el lugar. 
 
La afiliación al ALCA bajo estas condiciones "equivaldrían a un suicidio", 
afirma la coalición de sindicatos del Cono Sur. En diciembre de 2000, los 
principales sindicatos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron 
una cumbre sindical del MERCOSUR, donde exhortaron a los gobiernos para que 
sometan al ALCA a un plebiscito nacional, en el cual, según creen, se 
derrotaría al tratado. El proceso ALCA está aumentando un nivel de pobreza 
en la región que ya va en aumento, según dijeron los líderes sindicales, y 
está imponiendo "límites a las instituciones nacionales que deberían 
decidir el futuro de cada país, dejando de lado los mecanismos que permiten 
a la sociedad garantizar la administración democrática del estado". 
 
CONCLUSION 
 
Si las condiciones y recomendaciones de los grupos de negociación del ALCA 
conforman la base sustantiva de un pacto de comercio hemisférico, el 
proceso en su totalidad es inaceptable y los ciudadanos de las Américas 
deben luchar para derrotarlo por completo. A pesar de que los gobiernos 
declaran que estas nuevas reglas de comercio e inversión fueron negociadas 
en colaboración con sus ciudadanos, el tratado propuesto para el ALCA no 
refleja ninguna de las inquietudes expresadas por la sociedad civil y 
contiene las disposiciones que los ambientalistas, grupos de derechos 
humanos y justicia social, agricultores, pueblos indígenas, artistas, 
trabajadores y muchos otros consideran más atroces. La integridad de todos 
los programas sociales, reglamentos ambientales y recursos naturales 
peligra bajo el ALCA. En su estado actual, no hay colaboración alguna que 
pudiese convertir a este pacto comercial en un acuerdo aceptable. 
 
Esto no quiere decir que los ciudadanos de las Américas se opongan a las 
reglas que rigen al comercio y a los vínculos económicos entre nuestros 
países; siempre y cuando se basen en un conjunto diferente de supuestos 
fundamentales, tal como la Declaración de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y reglas ambientales sólidas, los ciudadanos de las Américas 
estarían preparados a iniciar un proceso tendente a desarrollar lazos 
estrechos entre ellos mismos y con los pueblos del mundo. No obstante, éste 
no puede comenzar con los supuestos y las metas del ALCA. 
 
Dicho proceso debe comenzar con una revisión de los tratados comerciales 
actuales como los de la OMC y el TLC; es hora de concebir un nuevo sistema 
de comercio internacional con fundamento en la democracia, sostenibilidad, 
diversidad y desarrollo, alternativas con respecto a las cuales se está 
realizando una valiosa labor. Por encima de todo, el mundo del comercio 
internacional deberá dejar de ser el reino exclusivo de las elites 
protegidas, los burócratas comerciales y los negociadores del poder 
empresarial. Cuando entiendan lo que está en juego en estas negociaciones 
hemisféricas, los pueblos de las Américas se movilizarán para derrotarlas. 
Ése es el destino que las tratativas se merecen. 
 
 
FUENTES 
 
The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the Millennium, ponencia 
preparada para la conferencia "Trade and the Western Hemisphere," 
organizada por la Southern Methodist University, Dallas, Texas, 25 de marzo 
de 2000, por Sherri M. Stephenson, Vicedirectora de Comercio, Organización 
de los Estados Americanos 
 
Report to the Trade Negotiations Committee, documento de acceso restringido 
del grupo de negociación sobre servicios del ALCA, donde se delinea su 
mandato, filtrado en octubre de 2000 
 
Services and Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration 
and Reform, colección compilada por Sherri. M. Stephenson, Brookings 
Institute, Washington, 2000 
 
Social Exclusion, Jobs, and Poverty in the Americas, escrito preparado para 
el foro Americas Civil Society Forum, noviembre de 1999, Toronto, por 
Hemispheric Social Alliance and Common Frontiers-Canada 
 
Forgotten Promises and Forgotten Lessons: The OAS, the FTAA and 
Environmental Protection, escrito preparado para el International Centre 
for Democratic Development Workshop, Windsor, 5 de junio de 2000, por 
Christine Elwell, miembro del Sierra Club of Canada 
 
Navigating NAFTA, A Concise User's Guide to the North American Free Trade 
Agreement, Barry Appleton, Carswell, Toronto, 1994 
 
MAI, The Multilateral Agreement on Investment and the Threat to Canadian 
Sovereignty, Tony Clarke y Maude Barlow, Stoddart, Toronto, 1997 
 
Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the Erosion of 
Democracy, Lori Wallach y Michelle Sforza, Public Citizen, Washington DC, 
1999 
 
GATS: How the World Trade Organization's New "Services" Negotiations 
Threaten Democracy, Scott Sinclair, The Canadian Centre for Policy 
Alternatives, Ottawa, Ontario, 2000 
 
The World Trade Organization, A Citizens' Guide, Steven Shrybman, The 
Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, Ontario, y James Lorimer 
and Co. Ltd, Halifax, Nueva Escocia, 1999 
 
Invisible Government, the World Trade Organization: Global Government for 
the New Millennium?, Debi Barker y Jerry Mander, International Forum on 
Globalization, San Francisco, 2000 
 
Investigación sobre servicios: Ellen Gould, Vancouver Investigación sobre 
comercio electrónico: Sarah Anderson of the Institute for Policy Studies, 
Washington Investigación sobre Latinoamérica: Karen Hansen-Kuhn, 
Development Gap, Washington 
 
(end) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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