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 LOS ENJUAGUES. 
REFORMA 
 
Miguel Ángel Granados Chapa. 
 
Sexagésima legislatura. 
 
En 2000, presidió la coordinación de la Cámara un priista, porque su 
grupo era la primera fuerza en San Lázaro. En 2003 se repitió la 
historia porque se mantuvo esa relación. Con la misma lógica, en 2006 
debería presidir la Junta un panista y la directiva un perredista. 
Pero no. 
 
Con malos indicios se instaló el martes la sexagésima legislatura 
(número ordinal que se acumula desde la primera elegida conforme a la 
Constitución de 1857). Hace nueve años, cuando el PRI perdió al 
parecer para siempre la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno 
de Ernesto Zedillo, a través de su secretario de Gobernación Emilio 
Chuayffet intentó dar un golpe de mano, al desconocer la instalación 
de la Cámara lograda por la mayoría opositora con 260 legisladores y 
pretender erigir una nueva con sólo los 239 priistas. La intentona 
fracasó, pero había caminado al punto de que los priistas se reunieron 
en San Lázaro con aquel propósito. 
 
Lo ocurrido allí mismo el martes adquiere un relieve semejante, con el 
añadido de que esta vez la maniobra ha empezado a consumarse.Se trata 
del abuso de la fracción panista, que no ha vacilado en infringir la 
ley en combinación con el grupo priista, al que se enfrentaba en 1997, 
con tal de evitar que la bancada perredista asuma la cabeza de uno de 
los dos órganos de gobierno, como le correspondería. 
 
Para tener clara la dimensión del problema recordemos que el Congreso 
se rige por una ley orgánica aprobada apenas en 1999, y que ha estado 
vigente sólo en dos legislaturas, las elegidas en 2000 y 2003.Ese 
ordenamiento estableció dos órganos de gobierno nuevos: la Junta de 
Coordinación Política y la Mesa Directiva de duración anual. El 
primero, la Junta, sustituyó a los antiguos mecanismos de control del 
partido dominante, la Gran Comisión y la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política. 
 
La componen los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios 
(que se constituyen con por lo menos cinco diputados de un partido). A 
la cabeza de esa Junta, reza el artículo 31 de esa ley, debe estar, 
por tres años, es decir "por la duración de la legislatura, el 
coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con 
la mayoría absoluta de la Cámara". 
 
Como eso ya no ocurre, el propio texto establece la alternativa, que 
se practicó en las dos legislaturas anteriores: "en el caso de que 
ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el 
párrafo anterior, la responsabilidad de presidir la junta tendrá una 
duración anual. Esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los 
coordinadores de los grupos, en orden decreciente del número de 
legisladores que los integren". 
 
Por ese motivo al iniciarse cada una de las dos legislaturas 
anteriores correspondió al coordinador priista presidir la Junta, 
porque su bancada estaba integrada por la minoría más grande. Este año 
no es ya así. Esta vez el PRI fue echado por los votantes al tercer 
lugar y la cabeza de la Junta corresponde al PAN cuya bancada tiene 
interés y necesidad, sin embargo, de encabezar la Mesa Directiva, el 
otro órgano de gobierno de la Cámara. 
 
A diferencia de la presidencia de la Junta, determinada por la ley, la 
presidencia de la Mesa Directiva en el primer año de cada legislatura 
se ha escogido por acuerdo entre los líderes parlamentarios, que 
presentan una planilla única para su votación, pues la Mesa debe ser 
elegida por el pleno de la Cámara.Se estimó prudente en ambas 
ocasiones que presidiera la Mesa un miembro de la segunda bancada más 
numerosa, en razonable equilibrio con la que ocupa el primer lugar, y 
que como queda dicho encabeza la Junta. 
 
De esa manera, fueron panistas (Ricardo García Cervantes y Juan de 
Dios Castro) quienes encabezaron la Mesa Directiva en el primer año de 
las legislaturas LVIII y LIX, mientras que las priistas Beatriz 
Paredes y Elba Esther Gordillo presidieron la Junta. 
 
Este año, conforme a esa lógica legal y práctica, encabezaría la Junta 
el coordinador panista Héctor Larios, porque su grupo es el más 
numeroso, y sería elegido un perredista para presidir la Mesa 
Directiva, porque la fracción del PRD es la segunda más poblada. Pero 
el PAN decidió que eso no ocurriera y contó para consumar su propósito 
con la convenenciera colaboración del grupo priista encabezado por 
Emilio Gamboa. De ese modo fue elegido el martes Jorge Zermeño, del 
PAN. 
 
En aplicación estricta de la legislación vigente, Larios debería 
asumir la presidencia de la Junta y de esa manera el blanquiazul 
dirigiría los dos órganos de gobierno. Para que no sea tan vistoso el 
abuso, aunque el abuso de todos modos se cometa, Larios y Gamboa 
pactaron que éste presida la Junta. La ley lo impide pero eso es un 
obstáculo sin importancia. 
 
Hoy mismo, como inicial tarea legislativa, sin que haya comisiones y 
en consecuencia sea imposible emitir dictamen al respecto, será 
modificada la ley orgánica. Con semejante inverecundia hubieran podido 
simplemente violar la ley, como lo han hecho antes en perjuicio de 
cada grupo perredista en las legislaturas anteriores: para evitar que 
un miembro de esa bancada presida una Mesa Directiva de duración 
anual, como lo establece la ley, cuando no hubo más remedio que elegir 
a un integrante del PRD se le recortó a unos meses un lapso que 
legalmente es inmodificable. 
 
El afán de exclusión que dominó la decisión panista fue, además de 
mezquino, torpe. Si un perredista presidiera mañana la sesión 
inaugural del Congreso su conducta institucional hubiera de suyo 
moderado la de sus compañeros. En cambio, esos legisladores que se 
consideran ya agraviados por el curso del proceso electoral, y que 
ahora reciben ese golpe que los margina, carecerán de incentivos para 
observar el comportamiento deseado por las buenas conciencias. 
 
Cajón de Sastre. 
Si la Secretaría de Gobernación tuviera voluntad de servicio a los 
ciudadanos, le sería fácil responder a la solicitud de Ventura 
Gutiérrez, que encabeza la Alianza Braceroproa 4264, de trabajadores 
migrantes mexicanos a los que se birlaron desde hace más de 60 años 
las aportaciones que hicieron mientras laboraron legalmente en Estados 
Unidos, en su duda sobre la oriundez del presidente Fox y la eventual 
ilegalidad de su asunción al poder. 
 
Al presentar al registro civil a su hijo mayor, y tocayo, el señor 
José Luis Fox Pont se declaró americano el 13 de febrero de 1941. Pero 
años después, el 4 de marzo de 1946, el propio Fox Pont obtuvo el 
certificado de nacionalidad 416, por haber acreditado su nacimiento en 
la ciudad de Irapuato, el 11 de mayo de 1912, y por acogerse al 
privilegio de optar por la nacionalidad mexicana siendo, como era, 
hijo de padre extranjero. 
 
Al menos eso se hizo constar en el dictamen del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que declaró a Vicente Fox Presidente 
electo. 
 
Fuente: 
http://www.elsenderodelpeje.com/ 
 
 
 
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