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Asunto:[MESHIKO] Violacion al derecho de libre asociacion / Miguel Concha
Fecha:Martes, 12 de Febrero, 2008  20:08:04 (-0600)
Autor:Proyecto Interredes <lacasadelared @.....com>

Miguel Concha 
Violación al derecho de libre asociación 
 
Como no había sucedido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, 
cuando por la vía fiscal se decidió castigar a las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) que se suponía no habían votado por él en su 
cuestionada elección, este año igualmente la administración pública 
federal, en las mismas circunstancias y con el mismo trato 
autoritario, decidió no sólo mantenerlas como causantes del impuesto 
sobre la renta, sino incluso obligarlas al pago del impuesto 
empresarial a tasa única (IETU), cuando por su misma naturaleza 
constitutiva, reconocida así por la ley, no generan renta ni ganancia. 
 
Todo ello no únicamente en contra de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(LFFAROSC), aprobada por unanimidad en ambas cámaras en 2003, y 
promulgada el 9 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la 
Federación, que las considera organismos de orden público e interés 
social, obligando además al gobierno a fomentar y apoyar 
específicamente 16 de sus actividades expresamente reconocidas en el 
artículo 5, sino también en contra del derecho de asociación, 
reconocido en el artículo 9 de la Constitución, que obliga al gobierno 
a "no coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito". 
 
Que esto es así, puede además colegirse de las opiniones de algunos de 
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que indebidamente sostienen que las actividades tendientes a promover 
la "participación ciudadana", "equidad de género" y "desarrollo 
comunitario", y las de "apoyo en el aprovechamiento de los recursos 
naturales" y "asesoría jurídica", reconocidas por la ley, son de 
carácter "vago y genérico", y por ello no pueden ser susceptibles de 
estímulos fiscales. Además, tres de las secretarías integrantes de la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mandatada por la LFFAROSC para dar seguimiento y 
evaluación a las acciones y medidas para el fomento de todas las 
actividades de las OSC (Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y la misma SHCP), en 
vez de respaldar una nueva iniciativa aprobada ya por el Senado y 
promovida por las propias organizaciones para "afinar y precisar más 
la Ley de Fomento", emitieron una "opinión única del Ejecutivo 
federal" sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley de Fomento, recibida en la Cámara de Diputados el 5 de 
septiembre de 2006, en la que no sólo se objetan ocho de sus 
artículos, sino también otros cuatro más de la ley. 
 
Por si fuera poco, y contrariamente a lo que se suponía eran los 
postulados originales de su partido, actualmente se observa en la 
fracción parlamentaria de Acción Nacional una actitud de bloqueo a la 
libertad de asociación, por su posición asumida en la Comisión de 
Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados. Su secretaria, la 
diputada panista Margarita García Müller, quien además forma parte del 
Consejo Técnico Consultivo de la misma Ley de Fomento –organismo 
conformado por nueve representantes de las OSC y cuatro personas 
seleccionadas de entre el mundo académico, con sus respectivos 
suplentes–, ha dificultado y obstaculizado hasta la fecha su 
funcionamiento y el cumplimiento de sus acuerdos, entre los que se 
encuentran el establecimiento de relaciones y la realización de un 
foro entre la Comisión de Participación Ciudadana y las OSC. 
 
La actual Ley del IETU, en forma por demás aberrante, ilegal, 
anticonstitucional y autoritaria, considera que las OSC están 
obligadas a pagar ese nuevo impuesto empresarial. Únicamente exceptúa 
a las asociaciones religiosas; a las que se dediquen a las bellas 
artes; a las que tengan el registro correspondiente ante el Conacyt, y 
"a las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines 
políticos", mismas que no se definen en el texto. Exceptúa igualmente 
a "las personas morales con fines no lucrativos, que sean donatarias 
autorizadas", condición hoy en día más difícil de obtener, y que se 
determina previa solicitud, a juicio de la SHCP y con la realización 
de un dictamen anual de auditoría fiscal. 
 
Quedan fuera de estas excepciones la gran mayoría de las actividades 
que realizan las OSC, tales como desarrollo social, promoción 
ciudadana, medio ambiente, equidad de género, derechos humanos, 
etcétera. Y ello a pesar de que 4 mil 200 OSC cuentan ya oficialmente 
con una clave única de registro (Cluni) ante la Secretaría de 
Desarrollo Social. Dificultar hoy el trabajo de las OSC, con 
reglamentaciones fiscales que se aplican discrecionalmente según 
valoraciones que los funcionarios de la SHCP hacen de actividades 
"claras" o actividades "vagas", es una interpretación discriminatoria 
de la LFFAROSC, que busca favorecer el trabajo de promoción de todos 
los derechos humanos. Es una lógica autoritaria y excluyente que 
perjudica a los sectores más excluidos de la población, con los que 
trabajan las OSC anotadas en el Registro Federal de Organizaciones 
Civiles. 
 
Fuente: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/02/index.php?section=opinion&article=016a2pol&partner=rss 
 
--  
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