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México D.F., 12 de julio de 2012 (Julio Hernández Barros* **).- La delincuencia, el crimen organizado y su combate por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales, han dejado en nuestro país un número considerable de víctimas tanto del delito y más allá de él,  también de la violación de sus derechos humanos.

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El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, hizo un pacto con el Ejecutivo y con los Legisladores del país, en el Castillo de Chapultepec, para la creación de un documento legal que le diera certeza a la obligación del estado de brindar un marco de derechos básicos para las víctimas.

Así las cosas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) redactó un documento con la premisa de ser un ejemplo en el mundo respecto el tratamiento digno a las víctimas, por lo cual convocó a un grupo de especialistas multidisciplinario, que trabajamos durante más de 6 meses en la creación de un proyecto, escuchando a la mayor parte de los grupos representantes de víctimas y a un sinnúmero de víctimas en lo particular que expresaron sus requerimientos y exigencias, que fueron tomadas en cuenta y plasmadas en un documento cuyo estilo gramatical fue revisado en su momento por Pilar Montes de Oca.

 Simultáneamente el Senado de la República hizo lo propio, solicitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, la elaboración de otro proyecto, siendo el Abogado General Luis Raúl González, el encargado de materializar este documento.

Además de estos dos proyectos existían algunos previos, como los de la Diputada Inchaustegui, y la del diputado Benítez Treviño.

Al no existir consenso sobre cuál de estos proyectos debería imperar, se me encargó junto con un pequeño grupo, conformado sobre todo por Silvano Cantú y Eliana García, la integración de todas estas propuestas en una sola que sirviera de iniciativa en el Senado.

El 23 de abril la Junta de Coordinación Política del Senado acordó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aprobar el dictamen de la Ley General de Víctimas para ser sometida el 25 a votación del Pleno legislativo para su aprobación definitiva, con lo que se dio debido complimiento al compromiso asumido por la Cámara Alta en los diálogos del Castillo de Chapultepec.

Así, el 25 de abril, el Senado aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, en presencia de representantes del movimiento ciudadano encabezado por Javier Sicilia, pasando la minuta a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Para su última sesión ordinaria, la 61 Legislatura estableció dentro del orden del día,  la aprobación de leyes trascendentes para el país como la Ley General de Víctimas y el 30 de abril por unanimidad y sin realizar ninguna observación a la minuta del Senado,  la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor lo más pronto posible, dada la urgencia nacional.

Para el día  miércoles 20 de junio, la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente que estaba analizando el contenido de la Ley General de Víctimas para continuar con el proceso legislativo. Esto luego de que el 6 de junio, el pleno solicitó a la Secretaría de Gobernación que informara  sobre el estado de la publicación de la ley.

Sin embargo, el 4 de julio, el Ejecutivo Federal intentó vetar el proyecto legislativo, devolviendo a la Cámara de Diputados la Ley General de Víctimas aduciendo la existencia de inconsistencias y errores que la hacía inoperante. Este documento que constituye legalmente una tentativa de veto, estaba plagado de eufemismos  formulando una serie de observaciones  al Poder Legislativo “para efectos de mejorar, fortalecer, de enriquecer este proyecto Legislativo”, según manifestó declaró el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Finalmente el día 11 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad regresar las observaciones que el Ejecutivo Federal hizo al decreto de la Ley General de Víctimas, debido a que estas se hicieron en forma extemporánea, dejando por tanto, sin efecto el pretendido veto que éste había presentado días antes.

Los legisladores respaldaron además la postura del presidente del Senado de la República, José González Morfín, quien el pasado 29 de junio ordenó la publicación inmediata de esta legislación, ya promulgada en el Diario Oficial de la Federación.

Textualmente el punto de acuerdo dice: “ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN APOYA LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, DIRIGIDA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, EL 29 DE JULIO DE 2012, A TRAVÉS DEL OFICIO NO. DGPL.-203A.-6469, PARA QUE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, APROBADO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL 30 DE ABRIL DEL 2012”

Aunado a la notoria extemporaneidad del veto presidencia, en la que con una dilación de 20 días sobre el plazo concedido devolvió la minuta, los argumentos esgrimidos por el documento del ejecutivo, carecen de razón y sustento legal por las siguientes razones:

Sucintamente de acuerdo con el estudio hecho por Paulina Vega el Ejecutivo Federal, en su documento de veto hace las siguientes observaciones:

I.- Inconsistencias constitucionales:

a) El Senado no cuenta con facultades para expedir una ley general en materia de víctimas.

b) La ley contradice la distribución de competencias de otras leyes generales.

c) El Sistema Nacional de Víctimas es discordante con el marco constitucional, al tener facultades sobre órganos de diversos niveles de gobierno e incluso órganos autónomos.

II.- Inconsistencias sobre protección y reparación

a) El impacto presupuestario de la ley es incosteable, principalmente al hacer subsidiaria la obligación del Estado de reparar el daño en delitos comunes y no sólo en violaciones a derechos humanos.

b) No existe armonía en materia de reparación con la legislación existente, entre ellas la Ley de Amparo, la de Responsabilidad de Servidores Públicos,  etc.

Empezaremos nuestra refutación con el punto I. Para decir categóricamente que el Congreso cuenta con todas las facultades para aprobar una Ley General de Víctimas.

a) De acuerdo con la propia exposición de motivos de la minuta se destaca lo siguiente:

En el artículo 73 constitucional se señala que:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

En la primera sentencia de la fracción XXX, se habla específicamente de la expedición de las leyes que se determinan a partir de su objeto; y en la oración copulativa “y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”, está contenida la legislación secundaria que con motivo de las reformas constitucionales son necesarias.

Es así que el régimen transitorio del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece en su Artículo Segundo:

       La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1° constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Así también, en el régimen transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el  18 de junio de 2008, se establece en el Artículo Segundo:

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio.  La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

De la misma manera, el Artículo Octavo Transitorio del Decreto publicado el 18 de junio de 2008, prevé los recursos que se deberán destinar para el diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, ligados con la instauración del sistema penal acusatorio establecido, entre otros, en los artículos 17 y apartado “C” del 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.

Así la Ley General de Víctimas se  fundamenta en los artículos 1, párrafo tercero; 17 y 20, apartado C, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tienen una base constitucional indiscutible que haremos notar con los textos constitucionales vigentes.

Es de precisarse que en el Artículo Primero de la Constitución, se ha establecido un bloque de constitucionalidad que, a través de la interpretación conforme de la Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, trae a nuestra normatividad las normas de derechos humanos, entre ellas las que se establecen los estándares de protección, atención, reparación integral de víctimas de violaciones a derechos humanos, establecidas en el derecho interno e internacional, siempre favoreciendo la que señale la más amplia protección a la persona humana, tal y como se señala en el artículo 1 constitucional:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Particularmente, el tercer párrafo del artículo 1, establece que todas las autoridades, es decir, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión:

… tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y que como consecuencia de ello:

…el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así también las modificaciones al artículo 17 de la Constitución promulgadas el 18 de junio de 2008, cuyo objeto fue normar el sistema procesal penal acusatorio en este artículo, también establece derechos procesales que están contenidos en el cuerpo de la Iniciativa de esta Ley que se dictamina:

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El tercer y cuarto párrafos de este artículo 17 establecen principios constitucionales en materia de reparación del daño que se concretan a través de esta misma Ley, por lo que en opinión de estas comisiones unidas, existe en el espíritu de este artículo un fundamento de la certeza jurídica que representa la Ley:

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

En el propio texto constitucional se establece la obligación de la Federación y de las entidades federativas de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

En el mismo decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008 para establecer el sistema penal acusatorio, se adicionó el apartado C del artículo 20 constitucional que establece los principios generales de protección, respeto y reparación a los derechos de la víctima o del ofendido, a saber:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Más aún, en el número de registro 163 164,  de la Novena Época de la SCJN, se encuentra la tesis aislada (Constitucional) Tesis P. LXVII/2010, del Pleno, consignada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, de enero de 2011 en la Página 28 que señala el deber de reparación adecuada a favor de las víctimas o sus familiares que está a cargo de los poderes públicos conforme corresponde al sistema jurídico mexicano establecido en la Constitución.  La tesis establece lo siguiente:

DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y medidas de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Los principios constitucionales del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 para incorporar el sistema penal acusatorio establecido en los artículos 17 y apartado “C” del 20, y del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en el tercer párrafo para reparar violaciones a derechos humanos, se encuentran contenidos y desarrollados en la ley que se dictamina, por lo que consideramos, sin equívocos, que se cumple con la constitucionalidad de la Ley General de Víctimas, y que reformas subsecuentes al texto constitucional referido a la materia de víctimas tendrá como objetivo fortalecer y reforzar la concurrencia entre los entes federales, estatales y municipales, así como de los poderes de la Unión, responsables de su aplicación.

b) Como ha quedado anotado líneas arriba, la disposición es estudio es de carácter general y de aplicación obligatoria en toda la República, para los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal)

 c) Es precisamente característica de una Ley General, la posibilidad de obligar a los tres órdenes de gobierno citados, por lo que el Sistema Nacional de Víctimas no resulta discordante del marco constitucional al regular competencias y señalar obligaciones para los municipios, los estados y para la federación.

Estas obligaciones y competencias son claramente distribuidas en el Título Séptimo de la Ley y no se constriñen a las autoridades públicas en los tres niveles de gobierno o en los Tres Poderes, sino que también prevén un capítulo para la figura creada por esta Ley General del Asesor Jurídico de las Víctimas, en el que se incluyen los principios de la justicia restaurativa contemplada en el artículo 17 constitucional, así como se hacen operativos y efectivos los derechos de las víctimas relativos a la asesoría jurídica, la presentación de pruebas que apoyen su posición y la impugnación de las actuaciones del Ministerio Público, tal como lo contempla el artículo 20 C constitucional.

Así, la Ley General de Víctimas  distribuye la competencia de: el Gobierno Federal,  las instituciones encargadas de Desarrollo Social, Desarrollo Integral De La Familia, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, de Justicia, a las Entidades Federativas, a los Municipios, al Ministerio Público, a los Ministros, Magistrados y Jueces, a los de Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos, a las Policías y a los servidores públicos.

II.- Con respecto a las inconsistencias mencionadas por el ejecutivo, en lo tocante a la protección y reparación se plantea lo siguiente:

a) Con respecto a que la Ley es incosteable y no existen recursos suficientes para hacerle frente, debo decir que esa afirmación además de falsa resulta dolorosa  para los cientos de miles de víctimas en nuestro país, pues con gran facilidad vemos enormes dispendios en los tres órdenes de gobierno, y sin embargo con actitud mezquina y cicatera el ejecutivo veta el proyecto haciendo esta inadmisible observación.

La Ley General de Víctimas, a efecto de contar con los recursos suficientes para su operación y sobre todo para la reparación integral de las víctimas,  crea un  Fondo que se integrará con recursos provenientes de diferentes fuentes, empezando por los fondos necesarios que prevea, el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro que corresponda, recursos que no podrán utilizarse para ningún otro fin que no sea el de reparación a víctimas; recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales; provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad; de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley; de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a derechos humanos; de donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, sean gobiernos, organizaciones internacionales, particulares o sociedades, siempre que se hayan garantizado los mecanismos de control y transparencia exigidos por la Ley.

Así también sumas recaudadas por entidades financieras como resultado de la operación de donación voluntaria al finalizar las transacciones en cajeros electrónicos u otras transacciones por Internet; de sumas recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de los montos a pagar; del monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas que han financiado a grupos organizados a margen de la ley; del monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido; de subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello, en términos de ley; y de sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, repetición obligatoria, que se dirijan en contra de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Además el Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de las diversos gravámenes a que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con en el Estado donde el Fondo tenga su sede.  La Ley establece también las condiciones para  crear un fondo emergente para apoyos urgentes, que se deberán determinar en un plazo máximo de diez días, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.

b) Del mismo modo, la Ley General de Víctimas no entra en conflicto con ninguna otra normativa del país, y en dado caso de que alguna norma entrare en contradicción con la normativa victimal, deberá ser derogada o modificada.

En este momento ya no resulta potestativo del Ejecutivo Federal la publicación de la Ley, sino que por mandato expreso del artículo 72 inciso B de la norma Constitucional deberá proceder a la publicación de la Ley General de Víctimas que se reputa ya promulgada. De no hacerlo así, el Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación, entrarían en desacato, susceptibles a las medidas de apremio y sanciones que contempla la ley.

No dejo de reconocer que ésta como cualquier otra ley es perfectible, y es precisamente el espíritu de todo cuerpo legislativo el estar actualizado para brindar el mejor servicio posible al gobernado, por lo que personalmente y a nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no tengo ningún inconveniente en que una vez que sea publicada la ley, nos sentemos en la mesa de la discusión jurídica de altura en beneficio de las víctimas nacionales, como muchas veces lo hemos hecho con el Secretario de Gobernación y con su Comisionado para el Desarrollo Político, con quienes llevo una excelente relación.

Por otro lado, estás son algunas de las características y bondades de la Ley General de Víctimas, por las que no debe impedirse su inmediata  entrada en vigor :

 De acuerdo con la Ley General de Víctimas, todas las víctimas deben de ser atendidas. Las víctimas de la delincuencia habitual, del crimen organizado, de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo todos los que han sufrido desde los delitos más bajos hasta los actos de violación de los derechos humanos más graves que puede haber. Desde luego el acceso a los distintos sistemas que la propia iniciativa prevé irá variando dependiendo de qué calidad de víctima tengas o qué tan profundo fueron dañados tus derechos humanos o tus derechos en general por el delito o por las violaciones de derechos humanos.

Para la elaboración de la  Ley los grupos de redactores entre los que me cuento hemos consultado a gran parte de la sociedad civil, hemos estado en la Cámara de Diputados con el presidente de la Comisión de Justicia y con otros diputados interesados en el proyecto.  Se han escuchado no sólo a las víctimas sino también al Estado, a la Secretaría de Gobernación a Pro-víctima, incluso a la Secretaría de Hacienda, porque tenemos que prever también  el presupuesto que esta ley va a requerir y que es importante, porque sin presupuesto esta ley no sería más que un poema dedicado a las víctimas, una hermosa oda al sufrimiento y al dolor  y eso, definitivamente  no es lo que queremos.

Esta  Ley que establece y coordina los mecanismos y componentes necesarios para explicar, promover, difundir, respetar, proteger y garantizar  el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, vinculando a todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus obligaciones en este trascendental tema.

La Ley General de Víctimas, reglamenta el tercer párrafo del artículo primero, el artículo 17 y el apartado C) del artículo 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo a través de este instrumento que se pretende enfrentar de manera global la problemática que enfrentan las víctimas en nuestro país.

A través de esta ley, se procura garantizar que las víctimas no sólo de delito sino también de la violación de derechos humanos, sean respetadas en su esfera de derechos tanto reconocidos por la Constitución, como por la normatividad internacional en la materia.

La ley General de Víctimas establece los derechos de las víctimas que reclaman  ayuda, asistencia y atención, abarca también al derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y establece las medidas de ayuda inmediatas y humanitarias en el orden de la salud, alojamiento y alimentación, así como en materia funeraria y de transporte, determina las medidas de protección y asesoría jurídica y hace énfasis en las víctimas que tienen una especial condición de vulnerabilidad.

Con esto, el  estado garantiza el restablecimiento en el ejercicio pleno de los derechos de la víctima, y que promueva la superación de esa condición, a través de medidas de salud, educación, economía y desarrollo, además de las que traten de la procuración y administración de justicia.

El término de reparación integral a través de medidas individuales y colectivas se incorpora a la Ley como la vía a través de la cual la víctima encuentra satisfacción a sus requerimientos de justicia que permitan alcanzar una vida digna.

La Ley establece un sinnúmero de derechos para las víctimas que tendrán que ser respetados por el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal y sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Estos son los principales derechos de lo que gozarán: Derecho a ser tratados con humanidad y respeto de su dignidad por parte de los servidores públicos; derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado, desde la comisión misma del hecho victimizante; derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; derecho a la protección del Estado; derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga interés; derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; derecho a recibir atención médica y psicológica; a acceder a los mecanismos de justicia disponibles; a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables del daño, con la consiguiente reparación del mismo; derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses; derecho a un asesor jurídico o abogado victimal que la acompañe en todos los procedimientos hasta su total solución y la reparación integral del daño.

Se destaca pues, que esta obra legislativa, se crea la figura del Asesor Jurídico de las Víctimas  dependiente del propio Sistema Nacional de Víctimas que en forma gratuita asistirá y asesorará a la víctima, representándola de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus derechos.

Se crea también el Sistema Nacional de Víctimas, ésta es la máxima institución en materia de atención a víctimas en el país, y todas las demás instituciones de la materia, a nivel municipal, estatal, o federal como es el caso de la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA), estarán subordinadas a este sistema, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

El Sistema está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos y organizaciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas, entre las que se destaca el Poder Ejecutivo prácticamente con todas sus secretarías el DIF, el INEGI, etc., El Poder Legislativo con la totalidad de los diputados locales y federales y con los senadores;  el Poder Judicial local y federal con la totalidad de sus jueces y magistrados además de sus Consejos de la Judicatura, además de organismos públicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las correspondientes de los Estados, la UNAM, las Universidades púbicas estatales, las ONGs especializadas en la materia, los representantes de los grupos de víctimas, los académicos, etc. Como pueden ver la estructura es amplísima y su coordinación será una ardua labor.

A efecto de operar y coordinar todo este sistema, y garantizar el efectivo acceso de las víctimas a los derechos y servicios a los que obliga la Ley, se crea la Comisión Ejecutiva del Sistema, que será además la encargada de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.

Esta Comisión Ejecutiva, estará integrada por nueve comisionados electos por el voto de la Cámara de Senadores, a propuesta del Ejecutivo Federal, al que le serán propuestos por la Universidades Públicas, los grupos de víctimas y las ONGs.

Este órgano gozará de total autonomía tanto financiera como estructural de manera que podrá garantizar transparencia e imparcialidad, se espera que los Consejeros tengan un nivel escalafonario similar al de un Secretario de Estado, mientras que el Consejero Presidente lo tenga similar al del Presidente de la República.

A través del Registro Nacional de Víctimas, que también es creación de esta propuesta legislativa, se procura que todas las víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, atención y reparación integral previstas en la ley.

La solvencia de todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral, así como las garantías de no repetición, estarán a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quien será el encargado de brindar los recursos necesarios para estos fines.

El objeto del fondo es brindar los recursos necesarios para la ayuda asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos.

Además brindará recursos  para la investigación, diagnóstico y capacitación en materia de víctimas.

Además del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del de cada uno de los estados, el fondo obtendrá sus recursos de la enajenación de los bienes decomisados en los procesos penales, de las garantías que se hagan efectivas cuando algún procesado incumpla las obligaciones que le fijó la autoridad, de las multas y sanciones pecuniarias que se impongan a los que violen la Ley General que comentamos, de las donaciones o aportaciones hechas por terceros, ya sean gobiernos, organizaciones internacionales, particulares o sociedades, de los programas como los de “redondeo”, aportaciones en cajeros automáticos, etc.

Es pues, el reconocimiento del Estado Mexicano, que le devienen obligaciones directas para la  atención a las víctimas tanto del delito como de la violación a los derechos humanos, que no sólo permitan la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino que además garanticen la no repetición de los actos victimizantes, y en general evitar la criminalización y revictimización de los afectados.

México requiere de esta ley, la ciudadanía la necesita, las decenas de miles de víctimas de la violencia la exigen, no permitamos que la burocracia y la insensibilidad detengan este proyecto ni un solo día más.