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Asunto:[MESHIKO] Invalidez de la Eleccion Presidencial / Javier Quijano Baz
Fecha:Domingo, 12 de Agosto, 2012  14:45:59 (-0500)
Autor:REDLUZ <lacasadelared @.....com>

From: Ramon Ojeda <rojedamestre@yahoo.com>
Date: 2012/8/11

On Fri, 8/10/12, JAVIER QUIJANO BAZ <quijanobaz@quct.net> wrote:

Invalidez de la Elección Presidencial

Un principio general y universal de derecho establece que los actos jur√≠dicos que no re√ļnan la plenitud de sus elementos de existencia y requisitos de validez carecer√¡n de eficacia jur√≠dica.

La declaraci√≥n de validez de la elecci√≥n presidencial y la consecuente declaratoria de presidente electo a cargo del tribunal electoral del poder judicial de la federaci√≥n, son actos de autoridad que deben apegarse estrictamente a la Constituci√≥n. Con independencia de que puedan considerarse como definitivos e inatacables, si se apartan de ella, ser√¡n inv√¡lidos.

El tribunal electoral es la m√¡xima autoridad jurisdiccional en la materia y √≥rgano especializado del Poder Judicial de la Federaci√≥n. Como tribunal jurisdiccional le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros, sobre las impugnaciones que se presenten sobre la elecci√≥n presidencial. Como √≥rgano constitucional especializado le corresponde, por otra parte, hacer el c√≥mputo final de la elecci√≥n de presidente, ‚Äúprocediendo a formular la declaraci√≥n de validez de la elecci√≥n y la de presidente electo respecto del ciudadano que hubiere obtenido el mayor n√ļmero de votos‚ÄĚ.

Este √≥rgano sui generis tiene, en efecto, dicha doble caracter√≠stica: tribunal jurisdiccional y √≥rgano dictaminador. Con aqu√©l car√¡cter resuelve, entre otras cuestiones y con la fuerza y el imperio de todo tribunal de √ļltima instancia, las controversias que se susciten en torno a la elecci√≥n del presidente de la Rep√ļblica. Dirime cuestiones entre partes con sujeci√≥n a los principios generales del debido proceso legal. Como √≥rgano dictaminador no act√ļa ya con capacidad jurisdiccional. No interviene para resolver ning√ļn proceso contradictorio. No dirime cuesti√≥n alguna entre partes, sino que se limita a hacer unilateralmente y con imperio absoluto el c√≥mputo final de la elecci√≥n y proceder en consecuencia, y en su caso, a hacer la declaratoria de validez de la elecci√≥n y la de presidente electo. Se trata de dos funciones constitucionales radicalmente diferentes. Una de orden estrictamente jurisdiccional, para la que se requiere de la forzosa integraci√≥n de una relaci√≥n procesal, y otra de mera dictaminaci√≥n, en la que interviene y act√ļa unilateralmente para hacer el c√≥mputo final de la elecci√≥n y, en su caso, para declarar su validez y la de presidente electo. Estos dos √ļltimos actos de autoridad de tipo declarativo ‚ĒÄrespecto de la elecci√≥n misma y de presidente electo‚ĒÄ se sustentan, por definici√≥n, en el previo c√≥mputo final, sin el cual no pueden darse. Es decir, si no se hace el c√≥mputo final no pueden formularse ni la declaraci√≥n de validez de la elecci√≥n ni la de presidente electo. El c√≥mputo final es, pues, un presupuesto l√≥gico, sine qua non, de esas dos declaraciones consecuentes.

Qu√© deba entenderse por c√≥mputo final y cu√¡les ¬†sean sus elementos de existencia y sus requisitos indispensables de validez, es algo que debe deducirse de una interpretaci√≥n l√≥gico-racional tanto de la norma constitucional ¬† como de las leyes secundarias aplicables, ya que ni una ni otras lo dicen en forma expresa.

Por elecci√≥n se entiende la acci√≥n y el efecto de elegir, es decir, de escoger, de preferir a alguien o algo para un fin. Se entiende por elecci√≥n la designaci√≥n que regularmente se hace por votos para un cargo. Desde el punto de vista jur√≠dico-pol√≠tico el hecho de elegir constituye un acto de voluntad del ciudadano, es decir, de quien con el car√¡cter de elector est√¡ capacitado y facultado para ello conforme a la ley. Tr√¡tase de un acto volitivo que al manifestarse ante el √≥rgano competente, de manera unilateral, libre y conciente, produce, como todo acto jur√≠dico, consecuencias de derecho ¬†que habr√¡n de tenerse en consideraci√≥n por la autoridad encargada de la funci√≥n estatal respectiva. En otras palabras, el voto ha de formarse y expresarse, al igual que todo acto de voluntad con trascendencia jur√≠dica, con absoluta libertad y con plena conciencia. Adem√¡s, ha de tomarse en cuenta. Debe contar y, para ello, ¬†ha de contarse. Si no se trata de una manifestaci√≥n de voluntad libre y conciente, de nada vale. Si el voto se expresa en tales circunstancias pero no se cuenta, tampoco sirve.

El derecho protege la libertad del hombre mediante la actuaci√≥n de la voluntad individual. Quien puede actuar su voluntad es libre. Todo acto jur√≠dico es una manifestaci√≥n de voluntad que supone el concurso de dos elementos diversos: uno interno, la voluntad, y otro externo, su manifestaci√≥n por medios sensibles que la hagan patente. La ¬† voluntad por s√≠ sola no constituye m√¡s que un hecho psicol√≥gico que no puede comprobarse, pues pertenece a la ¬†intimidad del alma humana. Pero el derecho exige que cada ciudadano, en el caso de las elecciones para los cargos p√ļblicos ‚ÄĒque es el que aqu√≠ interesa‚ÄĒ, tenga el prop√≥sito firme y maduro de provocar una consecuencia jur√≠dica. La manifestaci√≥n por s√≠ sola no vale nada, ya que no interesa si alguien ha hecho o dicho algo, sino si lo ha hecho o dicho voluntariamente, es decir, para actuar un prop√≥sito suyo. Se requiere de la voluntad entendida no como simple aspiraci√≥n o deseo de que ocurra algo, sino como intensi√≥n ¬†madura y definitiva de provocar un efecto jur√≠dico, a saber: votar, sufragar y, en suma, elegir. Si alguien renuncia a esa prerrogativa constitucional y a cambio de una contraprestaci√≥n cualquiera, la que fuese, se obliga a votar en los t√©rminos en que otro la instruya, vende o traslada su voluntad, que por lo mismo deja de serlo. La voluntad que se enajena no es ya voluntad. Sin una decisi√≥n volitiva no hay acto, no hay sufragio, ni hay voto y, sobre todo, no se da la consecuencia jur√≠dica pretendida: no hay elecci√≥n.

Otro tema muy distinto es el acreditar la compra y la venta de voluntades políticas, el demostrar que ello se hizo masivamente. Ya se sabe que lo que pertenece al fuero interno del ser humano es refractario a la prueba directa, pero ello no significa que no pueda demostrarse con presunciones e indicios. En el caso de la impugnación planteada por la coalición de izquierda la lista de unos y otras es interminable y abrumadora.

Ahora bien, contar (verbo transitivo, del lat√≠n ¬† ¬† computare) significa numerar o computar las personas o las cosas materiales o inmateriales, consider√¡ndolas como unidades homog√©neas. Numerar, por su parte, quiere decir referir por el orden de los n√ļmeros, es decir, sumar, a√Īadir, agregar, reunir en una sola cantidad varias homog√©neas y componer una total. Repito, sumar. Se cuenta √ļnicamente lo que es homog√©neo. Lo contrario es l√≥gicamente imposible. Cuando se cuenta se suma. El resultado configura un total, una cantidad total.

Trat√¡ndose de la elecci√≥n para un cargo p√ļblico, adem√¡s de la lista de los electores potenciales y de la relaci√≥n de quienes real y efectivamente votaron, habr√¡ por definici√≥n cuando menos dos o m√¡s sumas, dos o m√¡s cantidades totales que, tambi√©n por definici√≥n, han de confrontarse. Las sumas respectivas y su confrontaci√≥n son la √ļnica manera de lograr la finalidad esencial del contar y del elegir.

La ley dispone que un organismo p√ļblico aut√≥nomo, con personalidad jur√≠dica y patrimonio propios ‚ĒÄel Instituto Federal Electoral‚ĒÄ ser√¡ el encargado de la funci√≥n estatal de organizar las elecciones federales bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La ley dispone que el tribunal electoral ser√¡ el encargado de hacer el c√≥mputo final de la elecci√≥n presidencial, de declarar su validez y de hacer la declaraci√≥n de presidente electo. Es obvio que s√≥lo podr√¡ ser declarado como tal quien obtenga el mayor n√ļmero de votos de acuerdo con el c√≥mputo final y tras haberse declarado la validez de la elecci√≥n.

El tribunal debe, pues, hacer el c√≥mputo final. Es decir, debe contar. ¬¿Y qu√© es lo que debe contar? La respuesta pareciera evidente, mas no ha resultado del todo clara en la opini√≥n p√ļblica. Lo que tiene que contar son manifestaciones individuales de voluntad, es decir, votos que se plasman y consignan en las boletas electorales. Sin embargo, como las boletas se depositan en las urnas de los centros de votaci√≥n o casillas electorales, ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, de acuerdo con la ley no es necesario entrar al recuento de cada una de esas boletas, sino que basta con recabar los datos de las sumas totales de cada una de las casillas, que en realidad vienen siendo resultados de cantidades parciales, es decir, subtotales, para que al acumularlas todas por el orden de los n√ļmeros pueda obtenerse el resultado final, el c√≥mputo final como dice la ley.

¬¿Pero puede acaso predicarse que es el tribunal quien hace el c√≥mputo final, cuando en realidad las cuentas de las cantidades parciales las hacen los funcionarios de casilla? La ley dice que s√≠, que as√≠ es como debe procederse, y que basta que el tribunal compute o sume los resultados parciales de cada una de las casillas, para que el total que se obtenga pueda considerarse como el resultado final, el c√≥mputo final. De aqu√≠ podr√≠a pensarse que las cosas u objetos homog√©neos que el tribunal ha de contar no son votos ni boletas, es decir, no son manifestaciones individuales de voluntad, sino actas. Pero, ¬¿ser√¡ esto cierto? Pareciera que no, pues las actas se cuentan de antemano. Ya sabemos que su n√ļmero es equivalente al de las casillas electorales. Lo que en realidad se computar√¡ es el c√ļmulo de datos que aparecen en las actas y que debe suponerse que son verdaderos, es decir, que reflejan con claridad y precisi√≥n, con exactitud rigurosa la realidad que describen. Los datos que necesariamente deben constar en esas actas, cada uno de los cuales ha de computarse, son los relativos al n√ļmero (1) de ciudadanos inscritos en el padr√≥n electoral; (2) al de boletas entregadas a cada casilla al inicio de la jornada electoral; (3) al de electores que efectivamente acudan a votar; (4) al de boletas depositadas en las urnas con votos a favor de cada uno de los candidatos o de personas no registradas oficialmente como tales y votos nulificados y, por √ļltimo, (5) al de boletas sobrantes no utilizadas y canceladas.

Es obvio que los rubros 1 y 2 deben ser equivalentes. Cada casilla debe recibir un n√ļmero de boletas igual al de los ciudadanos inscritos en el padr√≥n correspondiente a su circunscripci√≥n. Tambi√©n es evidente que los rubros 3 y 4 deben coincidir, pues el n√ļmero de boletas en las urnas debe ser igual al de los electores que efectivamente acuden a votar. Por √ļltimo, la suma de los rubros 4 y 5 debe ser equivalente a los dos primeros, ya que el n√ļmero de las boletas depositadas m√¡s las canceladas por no haberse utilizado, debe ser igual al n√ļmero de ciudadanos inscritos en el padr√≥n y al de boletas recibidas por cada casilla.

Para el adecuado control de la elección el territorio nacional se ha dividido en distritos electorales, cada uno bajo la coordinación y supervisión de un consejo distrital.

Al t√©rmino de la jornada electoral se levantar√¡ un acta de escrutinio y c√≥mputo en cada casilla. El original se deposita en el paquete electoral y una copia se le adhiere para su entrega al presidente del consejo distrital correspondiente. A cada uno de los representantes de los partidos que lo soliciten se entregar√¡ tambi√©n una copia.

El llamado cómputo distrital en realidad no es tal, pues sólo se trata de un mero y simple cotejo de los datos que aparecen en las copias del acta de casilla, salvo cuando se ordena la apertura del paquete respectivo. Si los datos coinciden, como no podría ser de otra manera pues se trata de sendos ejemplares o copias de un mismo documento, se asientan en los formatos establecidos para ello y que posteriormente se consignan en la llamada acta de cómputo distrital.

En consecuencia, en tanto que el consejo distrital se limita a hacer un simple cotejo de las copias de las actas de casilla, para estar en aptitud de hacer el c√≥mputo final de la elecci√≥n, de manera que pueda considerarse como real y legalmente hecho, el tribunal debe hacer directamente el examen de cada una de dichas actas. En efecto, a partir del mi√©rcoles siguiente a la jornada electoral cada uno de los consejos distritales integrar√¡ un expediente con (a) las actas de casillas electorales, (b) el acta del llamado c√≥mputo distrital, (c) el acta circunstanciada de la sesi√≥n de c√≥mputo y, (d) el informe del presidente del consejo distrital sobre el desarrollo del proceso electoral. Transcurrido el plazo para la promoci√≥n de juicios de inconformidad, los presidentes de los consejos distritales remitir√¡n dichos expedientes a la sala superior del tribunal electoral, la que, una vez agotada la fase de impugnaciones, con base en la informaci√≥n y documentaci√≥n contenida en los expedientes remitidos por los consejos distritales, realizar√¡ el c√≥mputo final.

Como ya se ha dicho, las actas de casilla deben contener todos y cada uno de los datos referidos l√≠neas arriba. Por un imperativo l√≥gico-matem√¡tico, se reitera que desde el punto de vista aritm√©tico la suma de las boletas depositadas m√¡s las canceladas, debe necesariamente ser acorde con sus propios sumandos y equivalente al n√ļmero de boletas recibidas. Si estos datos no se corresponden, por exceso o por defecto, o por error en alguno de los sumandos respecto de las boletas depositadas, el tribunal, en funciones de √≥rgano dictaminador y no ya en ejercicio de facultades jurisdiccionales, tendr√¡ necesariamente que abrir los paquetes respectivos a efecto de verificar directamente el c√≥mputo y contar para ello cada una de las boletas. En estricto rigor, no se tratar√≠a de una verificaci√≥n ni de un nuevo c√≥mputo o recuento, pues s√≥lo se verifica ¬†aquello que ha sido correctamente contado. Si las cantidades nominales que aparecen en las actas son incorrectas o no cuadran, por la raz√≥n que fuere, por l√≥gica tiene que concluirse que la cuenta original fue incorrecta. Puede afirmarse, tambi√©n, que en tales casos concretos las boletas nunca fueron contadas. En otras palabras, si algo tiene por necesidad que volver a contarse, es porque en realidad no se ha contado bien. Y lo que no se ha contado bien, o lo que se ha contado mal, en puridad, simple y llanamente no se ha contado. Pueden hacerse muchas cuentas, pero la √ļnica valedera es la que arroje un resultado correcto. Esa cuenta, como hemos dicho, es la que ha de hacer el tribunal. Es la √ļnica que ser√¡ correcta. Ser√¡ el c√≥mputo final, como dice expresamente la ley.

En el caso de las faltas o errores aritm√©ticos, abierto el paquete el tribunal har√¡ la cuenta respectiva, que ser√¡ necesariamente la correcta, si se parte de la aptitud, imparcialidad y buena fe de los magistrados, y la que con el car√¡cter de resultado parcial ‚ĒÄsubtotal‚ĒÄ, habr√¡ de tomarse en consideraci√≥n en el c√≥mputo final.

Sin embargo, como puede f√¡cilmente comprenderse, habr√¡ casos en que, abierto el paquete electoral, el tribunal se percate que no puede hacer la cuenta respectiva porque hay boletas de menos o porque las hay de m√¡s.

Supongamos que los datos consignados en un acta determinada no cuadran por exceso: hay m√¡s boletas de las que debe haber seg√ļn el registro de los electores que efectivamente acudieron a votar. Al abrirse el paquete electoral ¬†puede suceder que se corrobore la existencia de boletas de m√¡s, las que fueren, o bien, que se compruebe que no hubo tal incremento, sino que se trat√≥ de un error cometido en el momento de la consignaci√≥n de los datos respectivos. En el primer supuesto ‚ĒÄexcedentes‚ĒÄ la casilla tendr√¡ que nulificarse en su integridad, pues por tratarse de boletas an√≥nimas que salvaguardan el secreto del voto, no podr√¡ saberse jam√¡s a cu√¡l de los candidatos habr√≠a que afectar con la sola cancelaci√≥n de las excedentes. O dicho de otra manera, no podr√¡ saberse cu√¡l o cu√¡les de los sumandos de los cinco candidatos es incorrecto. En el segundo caso, cuando se comprueba que se trat√≥ de un simple error, √©ste se corrige y la votaci√≥n ser√¡ v√¡lida con los n√ļmeros que resulten.

Supongamos ahora que los datos no cuadran por defecto, es decir, hay menos boletas de las debidas de acuerdo con el registro de quienes acudieron a votar. Al abrirse el paquete puede suceder tambi√©n que se trate de un error al anotar los datos, que simplemente se corregir√¡. En cambio, si efectivamente aparece que hay menos boletas que las necesarias, la votaci√≥n de esa casilla deber√¡ nulificarse en su integridad, pues tampoco podr√¡ saberse, con certeza, la raz√≥n o motivo de la falta, ni tampoco el candidato que hubiese sido afectado. Se ha dicho que hay electores que optan por conservar la boleta sin depositarla en la urna, como protesta o como recuerdo o por la raz√≥n que fuere. Es probable que as√≠ sea. Tambi√©n es probable que alguien hubiese olvidado depositarla y a√ļn decidido no hacerlo con la intenci√≥n de nulificar la totalidad de los votos de la casilla respectiva. Ante estos riesgos, en el caso de boletas faltantes debe quedar al prudente arbitrio del tribunal el declarar la validez o nulidad de la votaci√≥n, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, que se expresar√¡n con detalle para satisfacer los requisitos de motivaci√≥n y fundamentaci√≥n constitucional: presencia o ausencia de representantes de los partidos; n√ļmero insignificante o considerable de boletas faltantes; casilla rural, urbana o suburbana; participaci√≥n exigua o copiosa de votantes; ubicaci√≥n de las casillas y de las urnas; condiciones orogr√¡ficas, climatol√≥gicas, sociol√≥gicas, etc.

Si los faltantes o los errores se dan, no en los resultados de cada una de las actas, sino en los sumandos (boletas depositadas), debe necesariamente procederse de la misma manera. El tribunal debe abrir los paquetes de que se trate, pues ser√¡ la √ļnica forma en que los datos puedan corregirse. Si apareciere que hay boletas de m√¡s o de menos, la votaci√≥n debe nulificarse en los t√©rminos ya expuestos.

Ahora bien, como ya hemos dicho, el tribunal debe hacer el c√≥mputo final una vez resueltos los juicios o procedimientos de impugnaci√≥n planteados, es decir, una vez agotada la fase jurisdiccional a su cargo. Esto significa que al hacer el c√≥mputo final el tribunal no actuar√¡ propiamente como tal, es decir, como un √≥rgano jurisdiccional, sino como un √≥rgano constitucional encargado de una funci√≥n espec√≠fica y sui generis tambi√©n de naturaleza constitucional. No actuar√¡ ni a petici√≥n ni con intervenci√≥n de parte alguna, sino oficial y oficiosamente. En otras palabras, su actuaci√≥n ser√¡ unilateral e inatacable, lo que por un elemental imperativo l√≥gico-jur√≠dico no significa que pueda ser arbitraria. Con todo esto se quiere decir que la sola existencia de errores aritm√©ticos en las actas de escrutinio y c√≥mputo, determinar√¡ la necesaria apertura de los paquetes respectivos con independencia de que se hubiese planteado petici√≥n, impugnaci√≥n o recurso alguno.

Debe tenerse en cuenta que la important√≠sima funci√≥n constitucional de hacer el c√≥mputo final de la elecci√≥n, tiene como sustento filos√≥fico, jur√≠dico y pol√≠tico, no la protecci√≥n de intereses de partido, de grupos o de candidatos en particular, sino la de los ciudadanos en general, es decir, del pueblo, en quien reside originariamente la soberan√≠a nacional y de quien dimana y en cuyo beneficio se instituye todo poder p√ļblico. Sobra decir que el c√≥mputo, salvo los impedimentos y excusas que procedan, debe hacerse por la totalidad de los integrantes del √≥rgano y no por alguno o varios de sus miembros, con el car√¡cter que fuere. Por su propia naturaleza y por virtud del principio esencial de la bilateralidad de la norma jur√≠dica, el c√≥mputo supone el cumplimiento de un deber m√¡s que el ejercicio de una facultad constitucional. Por tanto, √©sta no es delegable ni sustituible.

                México, D. F., a 8 de agosto de 2012

                            Javier Quijano Baz

                                    Abogado





IX ENCUENTRO NACIONAL DE CONCIENCIA,
¬¡ABIERTO AL MUNDO!
Septiembre 14-16, 2012
Cuautlita, Tetecala, Morelos, México
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