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Asunto:[MESHIKO] Javier Sicilia: con la Ley Telecom el poder se ejerc e en secreto, a discreción y sin controles
Fecha:Lunes, 7 de Julio, 2014  13:38:40 (-0500)
Autor:REDCONCIENCIA <lacasadelared @.....com>


De: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad <contacto@movimientoporlapaz.mx>
Fecha: 7 de julio de 2014, 0:28
Asunto: Javier Sicilia: con la Ley Telecom el poder se ejerce en secreto, a discreción y sin controles





Lunes 7 de julio de 2014 (Javier Sicilia).- La discusión de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha estado rodeada de muchos intereses y de distintos discursos que los acompañan. Uno de ellos, que encierra una mentira en el fondo, es el discurso que busca darle facultades amplias a las agencias de seguridad pública y nacional para cumplir con su deber inaugurando un estado de vigilancia masiva a través de las tecnologías de la comunicación. Ante el nivel de violencia que sufrimos en nuestro país, parece lo más sensato seguir este argumento sin ojo crítico sobre sus planteamientos. Muchos hemos sufrido la tempestad del crimen organizado, y frente a un Estado que ha fallado en su tarea más básica, pocos podemos siquiera imaginar el escatimar cualquier recurso.
 

 Sin embargo, detrás de este discurso se encierra una de las bases fundamentales del autoritarismo: el poder que se ejerce en secreto, a discreción y sin controles. Usando el lamentable contexto del país, se ha vendido la idea de que debemos buscar la seguridad de las personas incluso a costa de ellas mismas. Esta visión establece que no importa si hay otras maneras de realizar las funciones de seguridad, compatibles con los derechos de todas y todos, porque la paz es en sí misma fin necesario y suficiente para pagar cualquier costo, incluso el de ceder nuestra dignidad frente a la promesa de sus resultados.

Este tipo de argumentos es incompatible con las libertades que tanto hemos luchado por conseguir. Libertades como el derecho a la privacidad no deben ser sacrificadas en aras de la seguridad. Ni una ni otra en prioridad. Debe encontrarse la armonía para garantizar a ambas.

 El dictamen de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión recién aprobado en el Senado, comete este error y devora, en uno de sus capítulos más señalados –el de “Colaboración con la Justicia-, nuestro derecho a la privacidad. En sus artículos 189 y 190, se da un poder absoluto a las agencias de seguridad (ni siquiera definidas en la ley) para que puedan acceder a las comunicaciones privadas y a la localización de todas las personas en el país, sin ningún control ni contrapeso que pueda servir para prevenir o sancionar cualquier abuso de poder por parte de estas entidades.

 En el artículo 189 se establece la obligación que tendrán los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, así como las empresas proveedoras de servicios de aplicaciones y contenidos (éstas no estaban incluidas en la propuesta del Ejecutivo Federal, con lo que se abre la puerta a intervenir espacios como Twitter y Facebook), de “atender todo mandamiento por escrito” por la “autoridad competente” (¿Cuáles? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué límites? ¿Con qué legitimidad?), mientras que en el artículo 190 se establecen tres figuras que representan un riesgo enorme para todas las personas y que cambiarán la manera de vivir cotidianamente: la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de los equipos móviles y el bloqueo de servicios de telecomunicaciones.

 Con la primera, las agencias de seguridad podrán ver los lugares que frecuentamos, las personas con las que nos encontramos, las rutas cotidianas que tomamos, nuestras preferencias religiosas, políticas y sexuales; es decir, tendrán acceso a información privada que, de caer en manos equivocadas, podría ser utilizada para extorsionar, amenazar o agredir a las personas (ni mencionar el riesgo de que la información llegue a manos del crimen organizado). Con la segunda, se establece un mecanismo monstruoso de espionaje y vigilancia masiva, que permitirá acceder a datos de las comunicaciones privadas que revelan del mismo modo cuestiones y detalles de la vida diaria de todas y todos. Ninguna de las dos figuras tiene contrapeso o salvaguarda alguna, el poder Ejecutivo y el partido mayoritario en las cámaras se han opuesto a ellas, pero quizá más preocupante, algunos miembros de los partidos de oposición también. Con todo esto, nadie podrá saber cómo, por qué o contra quién se han usado estos mecanismos; es un cheque en blanco para el abuso y los mayores excesos del poder.

 Por último, la fracción VII del artículo 190, permite “realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos”, manteniendo la posibilidad de realizar el bloqueo de estos servicios (cuyo origen se encuentra desde el proyecto del Ejecutivo Federal) y abriendo la puerta para el abuso de la fuerza y de arbitrariedades en manifestaciones u otros contextos sujetos a la discreción de las autoridades. Esta disposición ha sido prohibida sin ninguna excepción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estas disposiciones son contrarias a nuestras libertades y a cualquier idea de democracia, pero además, son una afrenta directa a la dignidad de todas y todos, puesto que buscan reducirnos al mínimo como personas con derechos bajo la promesa de alcanzar justicia y seguridad; seguridad que podría ser garantizada con medidas de control y de revisión por otros poderes como el judicial y el órgano garante de la protección de datos, sin con ello sacrificar la esfera más esencial de las personas. Es indispensable alzar la voz y rechazar esta afrenta.

 Javier Sicilia








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