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Asunto:[redanahuak] El derecho a la informacion en México
Fecha: 1 de Abril, 2006  09:04:37 (+0100)
Autor:Ricardo G Ocampo <redanahuak @...............mx>

El derecho a la información en México

Javier Esteinou

Javier Esteinou Madrid es Investigador Titular del Departamento de Educación y
Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México,
D.F. 

El contexto de "apertura política" que ha creado el gobierno mexicano en este
sexenio para realizar la Reforma del Estado, ha demostrado ampliamente que los
diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de
comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del
Estado nacional, vía los Foros, los Seminarios y las Consultas Públicas, han sido
negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder. Con
ello, una vez mas, vuelve a surgir la profunda desilusión y desencanto de la
sociedad civil para considerar que los espacios de "apertura" que ha creado el
Estado sean los conductos viables para la transformación de los medios de
comunicación nacionales. 

Sin embargo, no obstante esta gran tendencia cancelatoria del gobierno sobre los
planteamientos sociales en materia de comunicación se observa que de todo el
cúmulo de propuestas presentadas por la sociedad mexicana en los múltiples foros
abiertos de consulta pública, la única iniciativa que parcialmente ha prosperado,
y con muchísimos obstáculos, ha sido la propuesta de "Ley Federal de Comunicación
Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 7 Constitucionales
en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información" preparada por la
Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la XLVI Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que ha sido retomada por la XLVII
Legislatura del Congreso para discutirla y perfeccionarla. Dicha iniciativa ha
propuesto entre otros los siguientes 5 objetivos generales: 

1.- Promover la democratización de los medios de información y de comunicación
en todos los niveles de organización, operación y difusión. 

2.- Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y libertad de
expresión en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación de
una opinión pública bien informada. 

3.- Promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos activos,
participantes y con efectivo y libre acceso a la información. 

4.- Estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y
facilitar su acceso a las fuentes de información, y 

5.- Proteger la libertad, la dignidad de la persona y el respeto a la vida
privada e impulsar la defensa y el fortalecimiento de la cultura nacional en
todas sus manifestaciones (1). 

No obstante dicho intento jurídico democrático por parte del Poder Legislativo
el Estado mexicano ha aceptado la existencia de diversas regulaciones para
normativizar y supervisar todas las áreas del funcionamiento social como son la
banca, la industria, el comercio, la educación, la agricultura, la cultura, la
política, etc.; excepto la comunicación social. Así, el único terreno donde el
gobierno y el mercado han sostenido que no debe de reglamentarse la acción
pública del Estado es en el campo de la información y de la comunicación
colectiva, esgrimiendo los siguientes argumentos: 

1.- La libertad de información es un derecho y una garantía universal
inalienable de todos los hombres que no debe limitarse, pues se atentaría contra
la esencia humana. Incluso, el poder Ejecutivo y varios secretarios de Estado han
afirmado en varios momentos, por una parte, que "pretender reglamentar el Derecho
a la Información entrañaría mas riesgos que beneficios" (2); y por otra, que "no
corresponde al Estado fijar las normas de conducta ética de los medios, porque se
correría el riesgo de coartar la expresión de la pluralidad, por lo que toca a
los medios, a partir de consensos entre los profesionales del sector, establecer
su propio código ético (3). 

2.- La libertad de información es la base de la "democracia", por lo tanto, si
se le limita se esta afectando directamente el sano equilibrio democrático de la
sociedad. 

3.- En un mundo sistémico, sin fronteras, competitivo y globalizado, para que la
dinámica del mercado se pueda realizar se requiere libertad de información. Por
ello, no deben ponerse mas regulaciones que las necesarias a la libertad de
expresión en México, so pena de caer en burocratismos extremos o lo que es peor,
en la inoperancia de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance económico
(4). Por consiguiente, lo que se debe fomentar en las sociedades modernas
crecientemente competitivas es el libre flujo de la información y no su
restricción. 

4.- El Derecho a la Información no debe reglamentarse con normatividades
rígidas, sino sólo se deben crear mecanismos muy flexibles que permitan la
autorregulación de los medios de difusión, como son los Códigos de Etica, los
Tribunales de Honor y los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc. 

Ante estos argumentos para defender sus concesiones de poder económico y
político los empresarios de los canales de informacióny el sector conservador del
Estado han desconocido las siguientes realidades: 

1.- Efectivamente, la libertad de información es un derecho inalienable de todos
los hombres, pero la única forma de convertirla en una verdadera garantía para
todos los ciudadanos es normatizarla con toda precisión jurídica, pues de lo
contrario lo que se ejerce es una interpretación subjetiva, caprichosa y
discrecional de cada empresa o funcionario según sean sus intereses coyunturales
que debe defender. 

2.- La libertad de información es la base de la democracia, y por consiguiente,
para que esta se pueda realizar se debe reglamentar este derecho tan estratégico
de todos los ciudadanos. Para operar socialmente, la libertad de expresión debe
recibir el mismo tratamiento normativo de cualquier otra área de actividad de la
sociedad. Es una falacia afirmar que por tratarse de la libertad de opinión ésta
realidad sea un campo mas difícil de abordar que otros terrenos de la acción
social. Así, como la agricultura, el comercio, la cultura, la banca, la
industria, la educación, la política, etc. son actividades delimitadas
jurídicamente para conocer su naturaleza y límites para poder funcionar
colectivamente; igualmente el Derecho a la Información debe ser reglamentado para
que alcance sustento social real. De lo contrario, si no se reglamenta dicho
derecho se deja en el vacío conceptual y jurídico y lo que se termina ejerciendo
es el derecho del mas fuerte sobre el mas débil según sean las conveniencias
coyunturales del poder. Reglamentar no significa censurar, reprimir o cohibir la
libertad de expresión, sino crear las condiciones de precisión jurídica básicas
para garantizar su real existencia y ejercicio cotidiano como derecho de todos
los ciudadanos. En el escenario de final del milenio el único sector que hoy
tiene amplio Derecho a la Información es sólo el gobierno y los grandes grupos
del poder que pueden obtener toda la información que requieren para actuar sobre
la población o para expandir sus empresas; y la sociedad civil mexicana no cuenta
con el mínimo acceso a la información estratégica elemental para decidir sobre su
futuro. Es decir, la sociedad civil que le entregó al Estado los medios para que
los concesionara en favor del bien común, hoy no cuenta con la garantía de dicho
derecho universal de los hombres, y paradójicamente, los únicos sectores que
poseen este privilegio son las ramas del gran capital y la alta jerarquía
burocrática. 

3.- En un mundo globalizado y expuesto a la competencia nuestras estructuras
culturales de nación si deben estar abiertas al permanente contacto con los
avances de otras culturas, pero deben existir límites jurídicos elementales de
protección y conservación de nuestra riqueza cultural y mental que han tardado
muchos años en formarse. De lo contrario, lo que sucede es la devastación de
nuestra cultura básica por los intereses del mercado, como ha sucedido en las
últimas décadas de la historia nacional. Hay que recordar que el mercado por sí
mismo no tiene moral, ni ética, ni corazón, ni se preocupa por lo humano y lo
social. Su objetivo es la rápida y creciente acumulación de riqueza a expensas de
lo que sea. Por consiguiente, es una ley que en la medida en que funciona
autónomamente, sin sólidos contrapesos planificadores puede introducir en las
comunidades una relación social de comunicación salvaje. 

4.- La propuesta del gobierno y los concesionarios sobre la "autorregulación
absoluta" para orientar el funcionamiento de los medios de información en México
vía los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen
Comportamiento Profesional, etc., cae en la concepción liberal extrema de crear
el "Estado Cero" que plantea que el Estado no es necesario como instancia rectora
para dirigir a la sociedad, ya que esta se puede autoconducir a si misma por las
leyes de la mano invisible de las lógicas del mercado. Así, se formula que el
Estado debe reducirse a su mínima expresión (fórmula cero), para dejar que la
sociedad se conduzca por otros mecanismos de autorregulación del poder. 

Dicha teoría y práctica económico-social ha demostrado, a lo largo del siglo XX
su enorme fracaso y límites al reflejar que, finalmente, toda sociedad moderna
siempre requiere la presencia de un sólido Estado rector que equilibre los
desajustes y las crisis que produce el funcionamiento autónomo de la dinámica del
mercado. Es decir, para crear las mínimas condiciones de gobernabilidad en el
México contemporáneo, es necesario que todas las acciones públicas colectivas
estén reglamentadas por la ley, pues de lo contrario se crean las bases oficiales
para el surgimiento de los grandes espacios de anarquía social. 

Es por ello, que la autorregulación de los medios de comunicación vía los
Códigos de Etica y otros recursos morales, son mecanismos colegiados muy útiles
que pueden ayudar a garantizar complementariamente la existencia del Derecho a la
Información, pero nunca deben operar como elementos únicos o solos para normar y
conducir socialmente esta estratégica acción colectiva. Una garantía tan central
para construir una sociedad democrática, equilibrada y participativa no puede
quedar expuesta a los altibajos subjetivos, caprichosos o discrecionales de los
intereses políticos del poder o sujeta a la dinámica de la "Mano Invisible del
Mercado"; sino que debe ser reglamentada con toda exactitud por el interés
colectivo, como cualquier otro derecho social básico, para garantizar su
existencia y sana aplicación comunitaria. 

De lo contrario, siguiendo el razonamiento de la lógica autónoma del mercado por
sobre el orden social regulado colectivamente, también podemos demandar que no
existan reglamentos de los cuerpos de policía, pues las comunidades pueden
autoregular espontáneamente sus delitos. No se requieren leyes para normar el
servicio de recolección de basura, porque la sociedad por si misma puede
autoregular como tirar sus desperdicios orgánicos. No se requiere una legislación
de comportamiento bancario, pues los banqueros se pueden autoregular a si mismos
en beneficio de la sociedad. No es indispensable una legislación sobre la
educación básica, pues cada ciudadano puede asegurar por si mismo su formación
educativa. No es necesario un reglamento fiscal, pues todos los ciudadanos pueden
autoregular voluntariamente el pago de sus impuestos, etc. En suma, el Estado
sale sobrando como órgano de regulación colectiva, pues la sociedad se puede
autoregular a si misma en todos los órdenes de la vida. 

Debemos de considerar que la ética no puede substituir o suprimir al derecho,
sino sólo enriquecerlo y complementarlo. No podemos cambiar el estado de derecho
por la aplicación de un "eticómetro" de los concesionarios y empresarios de los
medios de comunicación que es un instrumento subjetivo de buena voluntad,
absolutamente vulnerable ante las fases de presión económica y política reales,
como lo ha demostrado la historia de la comunicación nacional a lo largo del
siglo XX (5). 

Es necesario recordar históricamente que todos los Códigos de Etica, los
Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc. que
han existido en el Estado y las agrupaciones de los informadores en México, han
sido recursos totalmente insuficientes para abrir los archivos políticos y
militares sobre la mascare estudiantil de 1968 y 1971, los archivos de los
sacadólares que generaron una fortísima devaluación del peso mexicano en el
sexenio del Presidente López Portillo, los motivos por los cuales se cayó el
sistema electrónico de cómputo en las elecciones presidenciales del sexenio del
Presidente Salinas de Gortari, los sectores beneficiados ilegítimamente con el
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) en el sexenio del Presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León, la exposición de series televisivas, cada vez mas,
violentas y sangrientas para obtener un raiting crecientemente mas exitoso en la
fase de apertura de mercados globales, etc. 

Sin embargo, para evitar avanzar en este terreno estratégico de reglamentación
al Derecho a la Información el sector mas conservador del Estado y los
empresarios de los medios de información en conjunto han creado a través de sus
propios canales de difusión masiva campañas permanentes de satanización y boicot
a dichas iniciativas democráticas de la sociedad civil, argumentando
artificialmente la existencia de un conflicto entre libertad de expresión y
reglamentación de la misma. 

Dicha campaña ha constado de dos fases de desinformación y manipulación. La
primera fase se ha concentrado en no difundir por los medios de información
masivos aquellas posiciones ideológicas contrarias a las tesis de la
autorregulación. En los pocos casos en que se han considerado, siempre se relegan
a lugares de 5 o 6 nivel informativo para que se pierdan en el océano de datos
que diariamente se transmiten. 

La segunda fase ha consistido en una repetitiva presentación colectiva de
juicios y valores a priori que descalifican de entrada el intento de propuesta
legislativa, sin pasar por la discusión o reflexión pública. Así, se ha señalado
reiteradamente que las iniciativas regulatorias del Derecho a la Información son
fascistas, que amordazan la libertad de comunicación, que son paralizantes de la
iniciativa humana, que evitan la libre competencia, que censuran el libre fluir
del pensamiento, que se intenta controlar a los medios,que se busca reprimir a
los periodistas y comunicadores, que son leyes mordazas, etc, con el fin de
evitar que se regulen por el interés colectivo, los privilegios tan desmesurados
con los que cuentan los propietarios de los medios dentro de la caduca
legislación mexicana de final de siglo. 

A diferencia de estrategias anteriores, en esta segunda etapa se han incorporado
un conjunto de comunicadores de reconocido prestigio nacional para darle mas peso
a la ingeniería desinformadora y calumniadora, y evitar que los medios de
información colectivos sean regidos por la ley (6). 

De esta manera, así como el sector bancario ahora practica una acción de
"anatocismo" económico al cobrar intereses sobre intereses; con el
despliegue de esta campaña desinformadora y calumniadora sobre la regulación del
Derecho a la Información, los concesionarios de los medios de difusión colectiva
en México practican un "anatocismo comunicativo" desde el momento en que
aprovechan el poder persuasivo de sus canales de información colectiva para
conservar la estructura de poder de todos sus medios (7). 

Con ello, han desconocido permanentemente que en la sociedad de final de milenio
los medios de información colectivos son la base de existencia de lo público, y
que por consiguiente, dichas instituciones deben ser normados por la sociedad en
su conjunto, y no sólo por los intereses fenicios del mercado o los ambiciosos e
ilimitados intereses del poder. 

Ante esta monumental pobreza de rescate del espíritu del "México Profundo" por
parte de la estructura de gobernabilidad nacional a partir de las consultas
públicas sobre comunicación social, es necesario preguntarnos, por ejemplo,
¿Dónde quedó la solicitud ciudadana de revisar el otorgamiento y la revocación de
las concesiones de los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos?
¿Por qué no se consideró la formación de la figura jurídica del Omdbusman de la
comunicación colectiva? ¿Por qué se marginó la revisión de la legislación
referente a la constitución de los super monopolios comunicativos que se volvió a
encarnar con la bárbara fusión entre TELMEX y TELEVISA? ¿Por qué no se abordó la
urgente necesidad de abrir más espacios de participación democráticos en los
medios de comunicación? ¿Por que se olvidó la formación del Código de Etica
Profesional de los comunicadores? ¿Por que se marginó la iniciativa del Derecho
de Réplica solicitada ampliamente por la sociedad mexicana desde hace varias
décadas para evitar los abusos informativos de los propietarios de los medios?
¿Dónde quedó la propuesta de formar un Consejo Plural de Comunicación Social que
supervisara el funcionamiento de los medios de información en nuestro país? ¿Por
qué se desconoció la petición colectiva de emplear el 12.5 % del tiempo oficial
en los medios de comunicación de forma más democrática y racional? ¿Dónde quedó
la inquietud de otorgar con toda transparencia los recursos gubernamentales y
paraestatalesde apoyo financiero a los medios de comunicación? ¿Por que se
descartó la propuesta de crear una Red Nacional de Televisión Cultural a partir
del empleo de la infraestructura de los sistemas estatales de comunicación
establecidos en cada entidad y del otorgamiento de dos frecuencias en la banda
UHF y del aprovechamiento de los tres canales de cable que por ley tiene derecho
el Estado en cada una de las entidades federales? ¿Dónde quedó la iniciativa
educativa de incorporar en la Ley Federal de Educación, en los Libros de Texto
Gratuitos, en el Libro del Maestro y en los planes de estudio de las Escuelas
Normales una normatividad y un análisis sobre el papel educativo de los medios de
comunicación? ¿Por qué se olvidó la sugerencia de realizar las adecuaciones
legales correspondientes para salvaguardar las particularidades regionales y la
identidad nacional? ¿Donde quedó la idea de apoyar el proyecto de la
descentralización y regionalización cultural y comunicativa del país? ¿Por qué se
sepultó la propuesta de legislar sobre la obligatoriedad y solvencia de una
certificación publica del tiraje real y de la circulación de los periódicos y
revistas, en favor de una mejor competencia en el mercado y de la claridad y
veracidad con respecto a los lectores?.. 

Ninguno de estos reclamos básicos de la sociedad civil han sido contemplados en
el proyecto comunicativo del mercado y del poder al final del siglo XX. Es por
ello, que es necesario repensar que hacer en términos políticos para crear otro
proyecto colectivo de comunicación social que si rescate el espíritu de estos
planteamientos esenciales para democratizar a la sociedad mexicana. 

Debemos reconocer, que la Reforma del Estado en materia de comunicación, no es
una reforma jurídica mas para modernizar al Estado mexicano; sino que por su
naturaleza vertebral que cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y
cotidiana, es la reforma mas importante de la sociedad mexicana de finales del
siglo XX, pues es a partir de esta renovación como se determinarán las vías que
modificarán o no los procesos para construir la conciencia colectiva nacional de
final de milenio. De ello dependerá si se crean las bases político-sociales para
generar una conciencia para el avance de la República o para su retroceso mental,
social y civilizatorio en el nuevo siglo. 

NOTAS 

(1) Iniciativa de Ley de Comunicación Social. Proyecto de Ley reglamentaria de
los Artículos 6º y 7º Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y
Derecho a la Información, Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de
la XLVII Legislatura, Honorable Cámara de Diputados, Congreso de la Unión,
México, D.F., marzo de 1998, página 12. 

(2) Francisco Labastida, Palabras Presentadas por Francisco Labastida Ochoa,
Secretario de Gobernación en la Comida del XLVII Aniversario del Día de la
Libertad de Prensa, México, D.F. 8 de junio de 1998. 

(3) Regular o no ... y si se hace ¿quién?, Excelsior, 21 de julio de 1998. 

(4) Palabras de Sr. Emilio Nassar, Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en la Clausura del Simpósium sobre
Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio
de 1998. 

(5) Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de
prensa, foro sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center,
México, D.F., 21 de julio de 1998. 

(6) Virgilio caballero, Etica y Regulación de los Medios al Final del Milenio,
Conferencia Internacional: "Etica y Autorregulación de los Medios a Fin de
Milenio", Fundación Konrad Adenauer Sitiffung, Universidad Iberoamericana y
UNESCO, México, D.F., Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce, 22 de
Octubre de 1998. 

(7) Marcos Rascón, Los Medios de los Medios. (Otro Caso de Anatocismo), La
Jornada, 15 de octubre de 1998. 

  
<http://www.inisoc.org/esteinou.htm>;
  

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