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Asunto:[redanahuak] DEMOCRATIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN #YoSoy13 2
Fecha:Viernes, 1 de Marzo, 2013  20:13:32 (-0600)
Autor:REDCONCIENCIA <lacasadelared @.....com>


De: #YoSoy132Media <donotreply@wordpress.com>
Fecha: 1 de marzo de 2013 18:44
Asunto: [Nueva entrada] PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DEMOCRATIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN #YoSoy132



Comisión de Comunicación y Prensa posted: "Preámbulo Testigos vitales de la configuración de nuevos modelos, formas y prácticas cotidianas de comunicación, el 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana, los jóvenes manifestamos nuestro decidido rechazo al candidato Enrique Peña Nieto. Do"

New post on #YoSoy132Media

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DEMOCRATIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN #YoSoy132

by Comisión de Comunicación y Prensa

Preámbulo

Testigos vitales de la configuración de nuevos modelos, formas y prácticas cotidianas de comunicación, el 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana, los jóvenes manifestamos nuestro decidido rechazo al candidato Enrique Peña Nieto. Dos motivos provocaron este rechazo: su actuación represiva como gobernador del Estado de México y su candidatura gestionada y promovida por los conglomerados mediáticos dominantes en México.

Ante la cobertura de medios que nos descalificó, respondimos con la fuerza de los argumentos y de la historia. Con formas imaginativas, propias de nuestro tiempo, evidenciamos desde las plataformas y la tecnología a las que tenemos acceso, la manipulación informativa y el encubrimiento de los hechos. Criticamos los basamentos más profundos de una realidad impostada.

Como jóvenes universitarios en el escenario de la convergencia digital

global, visibilizamos y colocamos en la mesa del debate nacional uno de los grandes problemas estructurales que han impedido a México crecer y desarrollarse: el inconmensurable poder del duopolio mediático frente al Estado mexicano. Así, aprovechamos lo simple y contundente a la vez, de un hashtag, #YoSoy132, como signo de identidad y voz de lucha; para convertimos en el primer movimiento social juvenil que denunció los abusos de los poderes fácticos de la comunicación.

Declaramos: somos #YoSoy132, identificamos y estructuramos un cuestionamiento directo y sin dobleces que tiene como origen los abusos de las empresas de medios en la gestión de contenidos, en el manejo sesgado de la información, y en su evidente actuación como agentes políticos frente a las cada vez más débiles instituciones del Estado mexicano. Entre tanto padecimos un abuso más de los conglomerados mediáticos mexicanos: la imposición telecrática de Enrique Peña Nieto.

En el contexto del proceso político-electoral 2012, #YoSoy132 dimensionó el problema de la estructura del sistema empresarial de los medios así como sus implicaciones en el desarrollo del régimen democrático del país. Demostramos que la televisión ha sido un lastre

2 para la cultura y la democracia por eso retamos su poder simbólico.

Construimos el ágora electrónica alternativa como nuestro espacio ciudadano y emergimos como actores para reivindicar nuestros elementales derechos a la comunicación y la información frente al poder en cualquiera de sus manifestaciones.

La ausencia de un sistema democrático de medios en México encontró eco en la movilización estudiantil, ésta lo colocó en el corazón del debate y enseñó a la conciencia nacional que no puede haber régimen democrático sin la participación responsable de los medios. Desde la década de los 60 las diversas generaciones de jóvenes hemos sido víctimas de la estigmatización y criminalización por parte de diversos medios de comunicación; nos han tomado en cuenta sólo como potenciales clientes y consumidores de sus modelos económicos y culturales.

Los indicadores generales evidencian el nivel de concentración: en México sólo dos empresas acaparan el 95% de las concesiones comerciales. Según datos del documento "Distribución y concentración de frecuencias de radio y televisión en México" citado por Fernando Butler, Televisa cuenta con el 56% de las concesiones al tener 257 frecuencias (225 propias y 32 afiliadas); mientras que TV Azteca cuenta el 39% con 180 concesiones. En el caso de la radio, la emisión se concentra en sólo 13 familias.

En América Latina, México ocupa el primer lugar en concentración en el sector de las industrias info-comunicacionales. Aprovechando esto, desde el espacio del poder mediático se han diseñado candidaturas y gobernantes a modo, e impuesto presidentes. Este nivel de concentración no ocurre siquiera en Italia o Australia países de origen de dos de los magnates más poderosos de la comunicación en el mundo: Silvio Berlusconi y Rupert Murdoch.

Es importante agregar la discrecionalidad de la asignación de concesiones, sin claridad al respecto de los criterios en los que se basa la Secretaría de Comunicaciones para decidir a quién le otorga una concesión. Esta situación ha significado cerrar la puerta a nuevas propuestas de televisión y radio para la sociedad mexicana, y el consecuente fortalecimiento del oligopolio de medios que ha acaparado el espectro de las comunicaciones en México.

La exigencia de #YoSoy132 responde al principio básico de que no hay democracia posible en México en tanto siga imperando el actual sistema de medios oligopólico e hiperconcentrado. De ahí la evidente necesidad de una reforma profunda, ante la inexcusable oportunidad que la convergencia digital ofrece para garantizar derechos infocomunicacionales históricamente negados a los ciudadanos mexicanos.

Nosotros, la juventud mexicana salimos a las calles, dialogamos con ellas y señalamos la urgente necesidad de diseñar un nuevo sistema de medios para México. Damos a conocer, como generación #YoSoy132, los argumentos y razones de nuestra indignación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema estructural en el sistema de medios

El problema del debilitamiento del Estado frente a las empresas de medios que ha sido evidenciado, tiene razones histórico-estructurales.

Desde la aparición de la radio y la televisión en México, la relación del Estado con los radiodifusores ha sido de conflicto y negociación, provocando una simbiosis que tuvo como resultado el fortalecimiento del régimen de partido hegemónico y a su vez el amplio desarrollo de las empresas de radiodifusión. El resultado de esta relación que se empezó a construir desde las postrimerías de la revolución mexicana, es el debilitamiento del poder público y de sus facultades para tener real incidencia en los procesos políticos, administrativos y económicos que en materia de comunicación requiere todo Estado para su óptimo desarrollo.

Derivado también de este proceso histórico, las empresas de medios mexicanas, se han desarrollado durante 70 años en un ambiente sin contrapesos. Esto ha posibilitado su fortalecimiento y la acumulación de recursos de poder económico, político e ideológico, que les permite posicionarse estratégicamente y tener amplio margen de negociación frente al poder político, al tiempo significan uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y político de México.

El régimen priista jugó un papel esencial en la formación de la industria de los medios electrónicos en México, permitió que fueran los radiodifusores quienes pusieran las reglas del juego y paulatinamente se apropiaran de un bien público, y progresivamente de la vida pública nacional. Mientras como clase política hegemónica se beneficiaban de ello.

Dos hechos con alto contenido simbólico en su contexto, reflejan esta situación: la inauguración de la radio en México con el lanzamiento de la campaña de Plutarco Elías Calles en 1924, y con ello la primera transmisión que se hizo de un evento de propaganda electoral, en la estación CYL de Raúl Azcárraga. Dos décadas más tarde, Miguel Alemán Valdés inauguraría la televisión mexicana con la transmisión de su informe presidencial en el canal 4 de Rómulo O´Farrill el cual pasaría a formar parte que conocemos ahora como parte del consorcio Televisa.

Así iniciarían operaciones dos sectores esenciales para México.

El modelo de medios que tenemos en el país; rebasado significativamente por las tendencias del desarrollo de la comunicación a nivel mundial, tiene como consecuencia la extrema concentración de medios en unas cuantas familias. La adopción de los aspectos torales del modelo comercial-privado para el sistema de radio y televisión, decisión tomada por el entonces presidente Miguel Alemán en contubernio con los radiodifusores, significó la renuncia del poder público a dirigir las políticas de comunicación del país. Hoy en el contexto de la convergencia digital nuevamente la clase política está renunciando a las posibilidades que la digitalización ofrece para que el Estado mexicano recupere su papel en la rectoría de sus viene públicos.

Con toda intencionalidad, al tener la clase política intereses económicos en las incipientes empresas de medios, se permitió y se permite la deliberada instauración de un modelo de medios de comunicación que entrañaría la relación de complicidad que se ha tejido hasta nuestros días entre las empresas mediáticas y el poder político en detrimento del avance democrático del país. En un principio el Estado utilizó este modelo de medios como factor de legitimación político, otorgando concesiones muy ventajosas para los dueños de las empresas mediáticas.

Durante décadas los medios fueron aliados incondicionales del régimen político, situación que cambió décadas más tarde con su desgaste. El monopolio gubernamental priista perdió fuerza, no así las empresas de medios electrónicos, otrora pilar fundamental de su legitimidad. Ante este escenario de cambio político y económico, los empresarios radiodifusores vieron en el debilitamiento del régimen y en el cambio de modelo económico el mejor escenario para afianzar su poder y entrar en la nueva competencia por la digitalización, nuevamente bajo sus reglas.

En contraposición a la experiencia europea del siglo pasado que privilegió a la radiodifusión como un servicio público en atención al interés social, y como un recurso para avanzar en la democratización de sus sociedades; México caminó en el sentido de la privatización de la radiodifusión. El poder estatal propició el ensanchamiento económico de los dueños de los medios y los dotó de un poder político incontrolable que influye agresivamente en las decisiones públicas.

La radiodifusión mexicana nació, creció y se fortaleció bajo un modelo privado sin contrapesos por parte del Estado mexicano. Al amparo de gobiernos que no calibraron la importancia que habría de tener la explotación del espectro radioeléctrico bajo un esquema netamente privado y cobijado también en normas jurídicas insuficientemente claras y que atentan contra el Estado.

Por su parte los radiodifusores han garantizado durante 5 décadas la inmovilidad de la ley, a través de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) durante más de70 años los radiodifusores han logrado posicionar en puestos legislativos a locutores, empleados, e incluso concesionarios para incidir directamente en la legislación de medios. La creación de la CIRT obedeció a la práctica priista de concentrar para mantener el control, sin embargo en el caso de los medios, se posibilitó el crecimiento de un grupo de poder que significaría un fuerte obstáculo para el proceso democrático del país. No fue sino hasta diez años después de que apareciera la televisión en México y a casi 40 de la primera transmisión radiofónica, que se promulgó una ley para regular a la radio y televisión mexicanas, ya que se habían sentado las bases para la consolidación de un grupo de poder constituido por los empresarios de los medios de comunicación. La LFRyTV se publica en

1960, en un contexto social, económico, demográfico y político radicalmente distinto al actual. En ese momento se planteó el pacto de complicidad con beneficios políticos para los el gobierno priista y económicos para los empresarios.

A ello debemos agregar que la creación y promoción de estaciones y canales de carácter público nunca ha sido una prioridad de los gobiernos. Con Miguel de la Madrid, inician las políticas neoliberales en el país, paradójicamente, en materia de medios durante este sexenio se mostraron signos de estatización, al crear el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ambos en funcionamiento hasta nuestros días; y el Instituto Mexicano de Televisión (IMEVISION). Este último fue creado en 1985 como intento de establecer un sistema estatal de televisión; para "equilibrar" la balanza con la televisión comercial, sin embargo, Televisa ya estaba en plena consolidación para esos años; esto es, IMEVISION, nunca significó un real contrapeso a la televisión comercial, y terminó siendo subastada a Ricardo Salinas Pliego.

Hoy en día la televisión pública sufre de una dispersión y debilidad ante el abandono de los gobiernos mexicanos para promoverla; representada por canal 11 y canal 22, y canales de los gobiernos locales que sirven la mayoría de las veces como espacios de propaganda del gobernante en turno sin que signifiquen un espacio de expresión de la ciudadanía.

Además tienen un alcance muy limitado en comparación con las emisoras privadas. Asimismo sucede con las estaciones y canales destinados a las universidades, sólo el Instituto Politécnico Nacional opera un canal abierto desde hace varias décadas, mientras que apenas hace un año se le permitió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tener un canal en señal digital abierta. En total sólo hay cinco canales universitarios en todo el país.

Si bien el panorama en radio es de menor concentración, el cuadrante lo dominan sólo 13 empresas privadas, entre las que dominan Radiorama, ACIR, Radio Centro y Radio Fórmula (Mejía, 2011). La radio pública tiene una presencia marginal, y el sector comunitario ha tenido que recorrer un camino cuesta arriba al no tener reconocimiento en ningún nivel jurídico, a la fecha sólo 13 radios comunitarias han sido reconocidas, mientras que otras siguen siendo perseguidas y criminalizadas, el Estado mexicano no está promoviendo la expresión y el accesión a la información de sus ciudadanos.

Durante el siglo XX la radio y la televisión concentraron la producción, circulación y distribución de la información; convirtiéndola en una mercancía más sujeta a las leyes del mercado. Han sido estos medios también los menos abiertos a la participación de la ciudadanía, al tener el poder de emisión de su lado. Son estos mismos medios operados por élites empresariales, los que más contubernios con el gobierno han suscrito, la mayoría de las veces de forma ilícita y de espalda al interés general, a pesar del bien social que explotan.

La red de capital, producción de contenidos y comunicación, que hoy implica la estructura de los conglomerados mediáticos, cubre todos los ámbitos de la vida nacional y ha desplazado del espacio público la intervención de las instituciones estatales. Incluso la justicia en México se litiga a través de las pantallas de televisión.

El dominante poder que ejercen los medios de comunicación privados sobre el Estado contemporáneo, ha sido un obstáculo para la incipiente democracia mexicana, está configurada por los medios de comunicación que desde la pantalla construyen el hecho político, definen el espacio público y configuran la opinión pública, deciden existencias políticas, se constituyen en el referente de la dinámica política y estatal, legitiman o deslegitiman al sistema político, fiscalizan el poder, median la relación entre el sistema político y la ciudadanía y fortalecen el televínculo y debilitan el vínculo partidario. México es un caso paradigmático en este sentido; el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la democracia en América Latina, señala que hay un consenso respecto a que los medios están restringiendo los procesos democráticos, debido a que su influencia limita el poder de las instituciones políticas. Identifica los aspectos más relevantes del proceso del que han surgido tan fortalecidos los medios de comunicación en América Latina, coincidente con la descripción de la historia de los medios de comunicación en México.

El PNUD señala claramente una de las causas del modelo de medios que prevalece en la región: desde su formación los medios de comunicación se encontraban totalmente vinculados al partido gobernante, sin embargo desde mitad de la década de los noventa esto empezó a cambiar, ya que los medios tomaron independencia ante los signos de debilidad del partido hegemónico al que estaban vinculados; y pasaron a afianzarse como grupos económicos no subordinados al poder político.

Por su parte la Relatoría especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión alerta sobre la concentración en la propiedad de los medios de comunicación al ser un fenómeno que atenta contra la democracia y la pluralidad al obstaculizar la diversidad de expresiones en la sociedad. En el mismo sentido, recientemente la ONU a través de su relator especial para la libertad de opinión y expresión, subrayó la importancia de desconcentrar la propiedad de los medios sobre todo en el contexto de la digitalización y la subsecuente obligación del “Estado (para) garantizar a la sociedad el acceso a la información de todo tipo, con pluralismo de ideas, de posiciones, de pensamiento, para que sea cada individuo o colectivamente quienes formulen un pensamiento propio (…) entonces, la desconcentración se vuelve factor importantísimo en la libertad de expresión”(Frank La Rue, 2013).

En países del Cono Sur se ha avanzado en materia legislativa, específicamente, en Argentina con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 lo más destacable e innovador fue la desinversión que tendrán que hacer los grupos mediáticos monopólicos.

Esto tiene implicaciones al señalar la obligación de que haya tres tipos de operación del espectro: gestión estatal; gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro, esta división tiene como objetivo regular la concentración de los conglomerados de los medios de comunicación. Otro de los países de la región, Bolivia, estableció que las frecuencias de radiodifusión se dividan en un 33 por ciento para el

Estado, otro 33 por ciento para el ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y el 17 restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos. Lo que actualmente está ocurriendo en la región es significativo para avanzar a la democratización de los medios: la aprobación de legislaciones con carácter democrático y en donde se apueste por la división del espectro radioeléctrico, en sí misma ya es una victoria, empero, tan sólo es el instrumento legal que antes no se tenía para ordenar el espectro. La ejecución y el carácter democrático de las nuevas legislaciones latinoamericanas dependerán del diseño de políticas públicas.

La ineludible democratización de medios en el escenario de la convergencia digital

En la última década el ámbito de las comunicaciones ha sufrido cambios radicales. El fenómeno de la convergencia digital ha irrumpido con fuerza en los últimos tiempos y ha modificado la configuración de los medios de comunicación en todo el mundo. México no es la excepción.

Los medios de comunicación se desarrollaron vertiginosamente durante la primera mitad del siglo XX. Así, dejaron rápidamente su etapa de formación para convertirse en complejos económicos, informáticos y comunicacionales de gran alcance.

Las tendencias de interactividad, comercialización, concentración, desregulación y re-regulación y globalización han abonado para que las empresas de medios mexicanas se conviertan en poderosos consorcios mediáticos, con capacidad de acción incluso dentro de la esfera de las decisiones políticas. Estas tendencias nos dan cuenta, de la transformación que han experimentado los medios en su desarrollo, y que tienen que ver con aspectos económicos, tecnológicos, y jurídicopolíticos, y han sido aprovechadas por los dueños de los conglomerados multimediáticos.

Debido a los vertiginosos cambios tecnológicos que nos ponen en el escenario de la convergencia digital, y que plantean la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico de manera más eficiente que derive en beneficios de uso para la población mexicana y de desarrollo del Estado, el modelo de medios en México debe ser coherente con estos cambios. De aquí la imperiosa necesidad de repensar tal modelo desde una plataforma jurídica acorde a los cambios tecnológicos y las tendencias mundiales en materia de derecho a la comunicación y la información.

El Estado mexicano nuevamente parecer ser omiso en este tema, no ha mostrado voluntad política para generar un piso básico que regule el proceso del salto digital. Aunque la correlación de fuerzas políticas ha cambiado, pareciera que en materia de convergencia digital, está sucediendo un proceso parecido a cuando apareció la radio y la televisión: fueron los empresarios del ramo quienes prácticamente pusieron las reglas de operación ante un vacío que dejó el Estado mexicano; y nuevamente la transición va en camino de beneficiar a los ya de por si poderosos consorcios de las telecomunicaciones.

Se están viviendo una serie de procesos en el ámbito de los medios de comunicación, donde observamos que, además de la discusión técnica, hay una discusión importante sobre la que poner la atención: la omisión de los gobiernos para legislar y poner reglas acordes al escenario digital que promuevan beneficios para el país antes que para los empresarios.

Por esto, si el Estado mexicano no establece criterios para evitar que quienes ya monopolizan la radio, la televisión, las telecomunicaciones y el mercado de servicios conjuntos en México; sólo estará propiciando más concentración y conglomerados más poderosos. Imperante es una visión de Estado sobre los escenarios multimediáticos que se sustente sobre bases de una mayor participación social y la democratización de los medios de comunicación.

Los grandes consorcios de la comunicación han y siguen concentrando poder económico, político y simbólico, con lo que pueden relacionarse desde una posición estratégica frente a los actores políticos. Esto lo hacen dentro de la misma estructura de las instituciones estatales, como desde fuera de ellas, actúan agresivamente sobre las decisiones gubernamentales.

Lo anteriormente expuesto es sólo la punta del iceberg de los efectos causados por la falta de contrapesos, la concentración y el papel central que han adquirido las empresas de medios en México, por ello señalamos:

- Se ha aplazado la actualización y reforma integral del marco jurídico que regula la radiodifusión, por ser conveniente a los consorcios mediáticos, en el marco de la convergencia digital el Estado mexicano tiene la mejor oportunidad para reformar la legislación y aprovechar para servicio de la nación el espectro radioeléctrico.

- Es necesario cambiar el paradigma del sistema de medios mexicano, el cual está sustentado en la empresa, por uno donde se privilegie el servicio público.

- El proceso de democratización en México pasa inevitablemente por un cambio radical en el sistema de medios.

- La concentración de la información derivada de la concentración de la propiedad de los medios obstaculiza la libertad y diversidad de expresión.

- México necesita urgentemente un sistema de medios que tenga como principio el pluralismo, que garantice la diversidad y calidad de información.

- Es urgente como primer paso, reformar el marco jurídico mexicano en materia de medios y telecomunicaciones.

- Que las instituciones políticas vuelvan a su papel fundamental como garantes del uso óptimo del espectro radioeléctrico como bien de la nación, para el desarrollo del Estado mexicano se muestra como una necesidad ineludible en el actual escenario de la comunicación en México y el mundo.

El establecimiento de régimen democrático de medios de comunicación

Desde la formación de este grupo de trabajo nos dedicamos a investigar con detalle cuál es la situación actual de los medios de comunicación en nuestro país desde el punto de vista jurídico, político y tecnológico. Revisamos con detenimiento diversas iniciativas de reforma constitucional y legal en la materia, ensayos académicos, informes de organismos nacionales e internacionales relativos a la concentración de los medios de comunicación, así como disposiciones legales en otros países, tratados y declaraciones internacionales sobre el ejercicio de la comunicación.

Como resultado de ese estudio encontramos coincidencias en los temas a discutir para establecer un nuevo orden normativo que posibilite la democratización de los medios de comunicación:

Competencia: señalan que es urgente establecer mecanismos que garanticen la competencia en los medios de comunicación, por medio del apertura a nuevos actores económicos y/o sociales en la utilización del espectro radioeléctrico, a fin de evitar la concentración de los grandes concesionarios y aprovechar los avances tecnológicos.

Determinación de la función y naturaleza de los medios de comunicación, difusión e información: reconocer que los medios de comunicación prestan un servicio público, en virtud de que utilizan un bien que es propiedad de la nación.

Revisión crítica del papel de los medios públicos (estatales): se señala que las 31 televisoras, frecuencias y radiodifusoras estatales se han convertido en repetidoras de la programación privada y que se deben recuperar para cumplir con su función social.

Socialización de medios de comunicación: se apunta la obligación de establecer un sistema de medios públicos, en el cual los ciudadanos gestionen, diseñen, produzcan y difundan los contenidos que se transmitan en los medios creados por ellos, que sean con fines de comunicación social.

Ombudsman de medios: manifiestan que es necesaria la creación de un organismo que se constituya como el defensor de los derechos de la audiencia y vigile la actuación de los medios de comunicación: que respeten las leyes, el derecho a la información, el derecho de réplica, promuevan los derechos humanos y los valores de la democracia.

Administración de concesiones: se insiste en reestructurar las instituciones existentes en este rubro, a fin de que se constituyan como organismos autónomos de composición ciudadana e integración democrática, a efecto de legitimar los mecanismos por los cuales se llevan a cabo los concursos de concesiones.

Actualización de las leyes que regulan la infraestructura en materia de telecomunicaciones.

A partir de este diagnóstico, consideramos necesario el reconocimiento de la democratización de los medios de comunicación como una decisión política fundamental del Estado mexicano, es decir, estamos convencidos que es urgente modificar el marco constitucional en esta materia.

La presente propuesta es el resultado del diálogo que hemos mantenido durante estos meses al interior del movimiento y con actores nacionales interesados en este tópico. Esperamos que esta aportación sea considerada como un referente para la construcción de un sistema democrático de medios de comunicación.

Modificaciones

Los objetivos principales de este proyecto de reforma son:

1. Consagrar los derechos universales de toda persona, comunidad o pueblo a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; a acceder, buscar, recibir, escribir, publicar y difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación. (Artículo 7º)

2. Reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental de la educación, así como al acceso universal a las nuevas tecnologías de la comunicación e información.

(Artículo 3º)

3. Garantizar la protección constitucional al ejercicio libre del periodismo y a la comunicación. (Artículo 7º)

4. Reconocer que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. (Artículo 27)

5. Establecer un sistema de medios de comunicación basado en las siguientes directrices (Artículo 7º y 27): a. Reconocer que la radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público con plena libertad de contenidos. Sólo tendrán como límite el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.

b. Distribución equitativa del espectro radioeléctrico entre los sectores privado, público y social-comunitario. También se establecen las condiciones generales que regularán cada sector.

c. Creación de un organismo autónomo de composición plural que esté facultado para regular sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Dicho organismo debe responder a los principios de la profesionalización técnica en la conformación de su estructura.

d. Promoción del desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios información y comunicación para garantizar el acceso universal a los mismos.

6. Prohibir la contratación de “propaganda oficial” por ser un instrumento de financiamiento indebido a los concesionarios de bienes públicos y también un factor de presión y chantaje para los medios de comunicación independientes.

De la misma forma se incluyen otras especificaciones como la forma de nombramiento de los titulares del organismo regulador en la materia, el reconocimiento del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación, la prohibición de la rentabilidad excesiva por la prestación del servicio público de la comunicación, la prohibición de las prácticas monopólicas, entre otras.

La sistemática a la que corresponden las modificaciones constitucionales que se proponen son:

- En el artículo 2º para vincular el derecho que la Constitución reconoce actualmente a las comunidades indígenas para operar sus propios medios de comunicación con el orden jurídico que proponemos.

- En el artículo 3º para reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental del derecho universal a la educación.

- En el artículo 7º como una actualización y redefinición del derecho de imprenta proponemos la ampliación de esta prerrogativa para declarar el derecho a la comunicación y al acceso a los medios. En virtud de que la redacción de dicha figura respondía al contexto de

1917 –cuando la imprenta era el único medio de comunicación masiva– consideramos que el espíritu de este artículo responde al carácter libre y democrático que debe regir a los medios de comunicación. Sabemos que muchas propuestas consideran que esta modificación debe hacerse en el artículo 6º, no obstante nosotros consideramos más pertinente su inclusión en el 7º para establecer las directrices de un sistema integral de medios.

- En el artículo 27 reconocemos que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y se establecen los principios para la asignación de las frecuencias para telecomunicaciones.

- En los artículos 73, 76, 78 y 89 se hacen modificaciones relativas a las facultades de los poderes.

- Por último en los artículos 41 y 134 se hacen las modificaciones correspondientes a la eliminación de la propaganda oficial.

Esta es nuestra visión sobre la democratización de los medios de comunicación.

Por todo lo expuesto presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 7º, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Único. Se modifica la fracción VI del apartado B del artículo 2º, la fracción V del artículo 3º, se modifica y adiciona el artículo 7º, se adicionan diez párrafos al artículo 27, se modifica el segundo párrafo del apartado C del artículo 41, la fracción XVII del artículo 73, la fracción II del artículo 76, la fracción VII del artículo 78, la fracción III del artículo 89; y se modifca y adiciona el artículo 134, para quedar como sigue:

Artículo 2º. Apartado B.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos previstos por los artículos 7 y 27 de la Constitución General de la República y las leyes en esta materia.

Artículo 3º…

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Garantizará la alfabetización mediática, informacional y digital con sentido crítico que respete la libertad de pensamiento y de contenidos; y contribuya a la construcción de una sociedad más democrática, plural, diversa, sustentada en la participación ciudadana; …

Artículo 7º. Toda persona, comunidad o pueblo tiene derecho a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; a acceder, buscar, recibir, escribir, publicar y difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores, impresores o difusores, ni coartar la libertad de imprenta y de los medios de comunicación, esta libertad no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a los derechos humanos y a la paz pública. En ningún caso podrán secuestrarse la imprenta ni los medios de comunicación como instrumentos del delito. No constituyen delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra los servidores públicos por actos desempeñados en el ejercicio de sus cargos. El Estado garantizará las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, el periodismo y la comunicación. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se establecerá un sistema de medios de comunicación –compuesto por los sectores privado, público y socialcomunitario– mediante la expedición de leyes, la implementación de políticas públicas con participación ciudadana y esquemas de financiamiento mixto, basado en las siguientes directrices:

I. La radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público. Los medios de comunicación procurarán transmitir contenidos de calidad, información veraz, contrastada e imparcial en las noticias; contribuirán al fortalecimiento de los valores democráticos y a la elevación del nivel cultural de la población; preferentemente, pactarán códigos internos de ética que garanticen los derechos de sus audiencias. Queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria o violatoria de los derechos humanos por parte de los medios de comunicación;

II. La asignación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se sustentará en la participación equitativa entre los sectores privado, público y social-comunitario. El

Estado fomentará el desarrollo de la infraestructura necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de los sectores público y social-comunitario bajo esquemas de financiamiento mixto.

III. Se establecerá un organismo autónomo en los términos señalados por el artículo 27 de esta Carta Magna, el cual estará facultado para regular, en beneficio social, sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones.

IV. Se promoverá el desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios de información y comunicación para garantizar el acceso universal a los mismos.

Artículo 27…

…

…

…

…

…

… El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. Podrán acceder, en condiciones de igualdad, a su uso, explotación o aprovechamiento los sectores privado, público y socialcomunitario, en las siguientes modalidades:

a) Concesiones de uso privado: las personas jurídicas con fines de lucro podrán operar concesiones para la prestación del servicio público de la comunicación en condiciones de competencia. Las leyes establecerán los mecanismos para impedir fenómenos de concentración y prácticas monopólicas en los servicios de comunicación audiovisual en los términos previstos en el artículo 28 de esta Constitución.

b) Concesiones de uso público: la federación, los estados y municipios podrán operar medios de comunicación –sin fines de lucro- que transmitan contenidos propios de utilidad pública: informativos, educativos, culturales, científicos y tecnológicos. Deberán contar con recursos asignados por ley y estarán dotados de independencia editorial, de autonomía organizativa y financiera. Las instituciones públicas de educación y los organismos de protección a los derechos humanos previstos en el artículo 102, apartado B. de esta Constitución, tendrán prioridad en la operación de dichos medios; y

c) Concesiones de uso social-comunitario: se ejecutarán políticas públicas de Estado que favorezcan las condiciones para que las organizaciones ciudadanas y las comunidades indígenas gestionen medios de comunicación propios con fines no lucrativos. Se establecerán mecanismos de financiamiento mixto que posibiliten el acceso de este sector a la infraestructura tecnológica necesaria, así como para su permanencia. Las leyes tutelarán la participación indígena y ciudadana en los medios de comunicación. Cada uno de los sectores podrá hacer uso de hasta una tercera parte de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico disponibles para el servicio de radiodifusión. Los concesionarios de uso privado del espectro radioeléctrico estarán obligados a garantizar la cobertura del servicio que prestan en condiciones de accesibilidad para la población. Las leyes sancionarán las prácticas que impidan el ejercicio del derecho a la comunicación por motivo de costos excesivos en la prestación de los servicios. El Congreso de la Unión legislará en materia de uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Establecerá un organismo autónomo que incorpore la participación ciudadana, el cual estará encargado de la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la comunicación y de las audiencias, así como la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas, en los términos previstos por el artículo 134 de esta Constitución. Este organismo autónomo se compondrá por un Consejo

Directivo y un presidente que será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. El procedimiento para designar a los miembros de dicho Consejo Directivo deberá garantizar una representación plural, que incluirá: tres consejeros por cada uno de los sectores: privado, público y social-comunitario; uno del Poder Ejecutivo federal; uno de los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación; uno de las instituciones académicas; uno de las escuelas y facultades especializadas en materia de comunicación; uno de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos; y uno de los pueblos indígenas. La composición y funcionamiento de este Consejo atenderán a los principios de profesionalización, transparencia y rendición de cuentas. La ley establecerá un sistema de coordinación entre las autoridades competentes en telecomunicaciones para la elaboración de políticas públicas relativas al desarrollo de la infraestructura, a la accesibilidad a los medios de comunicación, la determinación de tarifas y las demás atribuciones en la materia.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva…

Artículo 41. Apartado C...

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá́ suspenderse la difusión de comunicación social del Estado en todos los medios de comunicación. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Artículo 73…

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; así como sobre espectro radioeléctrico y telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7 y 27 de esta constitución.

Artículo 76…

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;…

Artículo 78…

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y…

 

Artículo 89…

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica;…

Artículo 134…

...

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Queda prohibida la contratación de toda propaganda que tenga por finalidad destacar los logros de gestión, resaltar los objetivos alcanzados o generar imágenes positivas de cualquier órgano de gobierno, en todos sus niveles. El Estado podrá difundir los servicios y políticas públicas que realice, así como las leyes y decretos que establezca, a través de la comunicación social, que deberá hacerse bajo los principios de equidad, transparencia y no discrecionalidad. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los tres párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones correspondientes a la legislación secundaria en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. Todas las disposiciones contrarias a este decreto quedarán sin efectos.

Artículo tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto la distribución de las bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico –aún del que sea liberado por el vencimiento de anteriores concesiones o por el avance de las tecnologías de la comunicación– se hará de manera equitativa entre los sectores público, privado y social comunitario, de conformidad a los principios establecidos en los artículos 7 y 27 de esta Constitución.

POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN #YoSoy132

Descarga la Iniciativa de reforma constitucional #YoSoy132

Comisión de Comunicación y Prensa | marzo 1, 2013 en 6:43 pm | Categorías: Sin categoría | URL: http://wp.me/p2xpzy-2bp

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